Al menos 196 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el año pasado mientras intentaban proteger el planeta de las industrias extractivas, según revela un nuevo informe de la oenegé británica de derechos humanos Global Witness, informa Fermín Koop (IPS) desde Buenos Aires.
De todos estos asesinatos, 85 por ciento se produjeron en América Latina, sobre todo en Colombia, México y Honduras, y afectaron especialmente a los pueblos indígenas.
Las nuevas cifras elevan el número total de asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre los defensores ambientales en 2012 a 2106 en todo el mundo.
Es probable que se trate de una subestimación de lo que ocurre en el terreno, afirma Laura Furones, autora principal del informe. «Los datos están dispersos, son insuficientes, inaccesibles y a veces faltan por completo», afirma.
Titulado «Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente», el informe identifica a Colombia como el país más peligroso del mundo para este tipo de activistas, con al menos 79 asesinatos registrados en 2023.
Se trata de la cifra anual más alta documentada por Global Witness.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes colombianas se vieron desproporcionadamente afectados, representando casi el cuarenta por ciento de estos asesinatos.
En agosto, Colombia se convirtió en el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental regional de América Latina, que pretende proteger a los defensores, permitir el acceso a la información medioambiental y garantizar la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente.
Con Colombia, ya son diecisiete los países de la región que han ratificado el tratado.
«El Estado colombiano ha incumplido su deber constitucional de proteger a los defensores. Estas cifras deberían avergonzarnos», afirma Astrid Torres, directora de la oenegé colombiana Somos Defensores.
«El aumento de los asesinatos está directamente relacionado con el modelo económico extractivista del país. Tenemos cientos de conflictos sociales y medioambientales en todo el territorio», añade.
En México y Honduras se observan tendencias similares, con dieciocho defensores asesinados en cada país el año pasado. En México, más de setenta por ciento de las personas asesinadas eran indígenas.
En Brasil, el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a veinticinco en 2023. Más de la mitad eran indígenas. El informe destaca los avances en la protección medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el cargo en enero del año pasado.
«En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados», afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una oenegé que trabaja con defensores en América Latina.
Aunque es difícil establecer una relación directa entre el asesinato de un defensor y los intereses de una empresa concreta, el informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca.
En total, veinticinco defensores asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y 92 por ciento procedía de América Latina, una región con una elevada concentración de minerales fundamentales para la transición energética.
Los riesgos para América Central
Global Witness afirma que los defensores en Centroamérica han sufrido más ataques per cápita que en cualquier otra parte del mundo, y que casi todos ellos (97 por ciento) han tenido lugar en Honduras, Guatemala o Nicaragua.
En 2023, 36 defensores fueron asesinados en la región. Esto significa que casi uno de cada cinco asesinatos documentados en el mundo tuvo lugar en una región con menos de 1por ciento de la población mundial.
«Tras la pandemia, se ha producido un aumento de grandes proyectos de infraestructuras y extractivistas, lo que ha supuesto amenazas para los defensores», afirma César Artiga, representante del pueblo salvadoreño para el Acuerdo de Escazú.
«Sin embargo, no se trata solo del sector privado. En algunos casos, las amenazas proceden del Estado, que criminaliza a los defensores y crea campañas de desprestigio», añade.
El informe afirma que América Central ha sido objeto de una extracción «insostenible», en industrias como la tala y la minería. Se dice que las comunidades se ven obligadas a resistirse ante la ausencia de procedimientos de consulta adecuados.
Así lo demostraron los acontecimientos ocurridos en Panamá el año pasado, donde los planes para adjudicar un contrato minero se cancelaron tras protestas a escala nacional que duraron un mes.
Según Global Witness, la expansión de los regímenes autoritarios en Centroamérica otorga impunidad a las élites políticas y económicas que utilizan la violencia para mantener el control de los recursos naturales.
La región contiene entre cinco y doce por ciento de la biodiversidad mundial en su mosaico de ecosistemas tropicales, que abarca una estrecha franja entre las costas del Pacífico y el Caribe.
«Estos regímenes existen y trabajan en tándem con las élites económicas concentradas, que tienen el poder de facto en los territorios. Ambos se benefician de la explotación de los recursos naturales», afirma Bertha Zúñiga Cáceres, activista hondureña.
Su madre, Berta Cáceres, destacada activista y lideresa indígena que había liderado la oposición a un proyecto hidroeléctrico, fue asesinada en 2016. «Es desgarrador no encontrar justicia para los defensores del medioambiente en la región».
Los desafíos a futuro
En el informe «Voces silenciadas» se insta a los gobiernos a crear un entorno seguro para los defensores ambientales, quienes deben poder ejercer libremente sus funciones sin temer por sus vidas. Además, los autores llaman a los gobiernos a hacer cumplir las leyes y mecanismos existentes, como el Acuerdo de Escazú y la Convención de Aarhus.
En la cumbre anual del Acuerdo de Escazú, celebrada en abril en Chile, los países aprobaron un plan para proteger a los defensores del medioambiente, pero aún no se ha puesto en práctica.
Al mismo tiempo, un grupo de países entre los que se encuentran Costa Rica, República Dominicana y Perú siguen resistiéndose a ratificar el Acuerdo de Escazú, y sus gobiernos suelen esgrimir argumentos como que el tratado es contrario al desarrollo.
«Incluso con los que lo firmaron, no hay un sentido de urgencia con respecto a Escazú», dice Artiga. «No están avanzando todo lo rápido que deberían en la ejecución de las acciones contempladas en el acuerdo», añade.
El informe también insta a los gobiernos que identifiquen, documenten y analicen sistemáticamente los ataques contra los defensores ambientales, con el fin de desarrollar mejores medidas de aplicación de la ley.
Los autores expresan que la recopilación de datos debe ser transparente y participativa, ya que en muchos casos son los propios defensores quienes disponen de la información más detallada.
Además, se llama a las empresas a aplicar procedimientos para identificar y mitigar los daños contra los defensores en todas sus operaciones, como comprobaciones de diligencia debida para sus cadenas de suministro.
También insta a que haya tolerancia cero ante los ataques y represalias contra los defensores, y a que se establezcan normas que también deban seguir sus proveedores.
«A medida que se acelera la crisis climática, quienes utilizan su voz para defender valientemente nuestro planeta se enfrentan a la violencia, la intimidación y el asesinato. Esto es sencillamente inaceptable», afirma Furones.
«Los gobiernos no pueden quedarse de brazos cruzados; deben tomar medidas decisivas para proteger a los defensores y abordar las causas subyacentes de la violencia», agrega.
