La proliferación de recursos de emergencia está modificando la forma en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos controla las decisiones de la Administración de Donald Trump. El magistrado Samuel Alito, quien integra el bloque conservador, ha advertido que estas solicitudes aceleradas ya rivalizan en número con los asuntos examinados mediante alegaciones completas y audiencia pública.
Fila delantera, de izquierda a derecha: magistrada Sonia Sotomayor, magistrado Clarence Thomas, presidente del Tribunal Supremo John G. Roberts, Jr., magistrado Samuel A. Alito, Jr. y magistrada Elena Kagan.
Fila trasera, de izquierda a derecha: magistrada Amy Coney Barrett, magistrado Neil M. Gorsuch, magistrado Brett M. Kavanaugh y magistrada Ketanji Brown Jackson.
Las peticiones de emergencia permiten al Supremo suspender o mantener temporalmente una política mientras continúa el litigio en los tribunales inferiores. Aunque sus efectos son provisionales, pueden prolongarse durante meses o años y determinar qué normas se aplican antes de que exista una sentencia definitiva.
La Administración Trump ha recurrido con frecuencia a este procedimiento para defender órdenes ejecutivas sobre inmigración, empleo público y reglas electorales. También ha conseguido por esta vía mejores resultados que en algunos litigios examinados sobre el fondo, entre ellos los relativos a los aranceles y a la ciudadanía por nacimiento.
El lenguaje contra los tribunales
En una entrevista con The Associated Press, Alito también expresó su desagrado por los ataques de Trump y de otros altos cargos contra los jueces que dictan resoluciones adversas al Gobierno. El magistrado distinguió entre criticar jurídicamente una sentencia y desacreditar personalmente a quien la firma.
La objeción tiene especial relevancia porque Alito es uno de los integrantes más constantes de la mayoría conservadora y ha respaldado varias posiciones defendidas por Trump. Sin embargo, rechazó que sus votos puedan calificarse automáticamente como decisiones favorables al movimiento MAGA.
La advertencia llega cuando la confianza pública en el Supremo se encuentra cerca de mínimos históricos. Una encuesta de Gallup situó su aprobación en el 34 por ciento y la desaprobación en el 61 por ciento. No existe, sin embargo, una medición específica sobre las declaraciones de Alito o el procedimiento de emergencia.
El uso de esta vía también puede tener consecuencias electorales, debido a los litigios pendientes sobre el voto por correo y las bases de datos de ciudadanía antes de los comicios legislativos del 3 de noviembre. La información completa y sus antecedentes pueden consultarse en la publicación original de Aquí Madrid: «Alito cuestiona la retórica de Trump contra el Tribunal Supremo».
