Dos demandas federales han trasladado a los tribunales la controversia sobre los anuncios televisivos que promocionan al presidente Donald Trump con cargo a fondos públicos. El conflicto plantea dónde termina la comunicación institucional y dónde comienza la propaganda electoral cuando faltan menos de cuatro semanas para las elecciones legislativas estadounidenses.
El Comité Nacional Demócrata presentó una demanda en Washington. Una segunda coalición, integrada por Common Cause, dos organizaciones vinculadas al sindicato SEIU y una candidata demócrata de Alabama, acudió al tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.
Ambos procedimientos sostienen que la Administración vulneró las restricciones que impiden utilizar dinero aprobado por el Congreso para «publicidad o propaganda». Según las demandas, la Oficina de Gestión y Presupuesto reasignó veinte millones de dólares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional formalizó después un contrato publicitario por esa cantidad.
Las estimaciones aportadas por los demandantes sitúan el coste acumulado en unos 12,6 millones de dólares, después de cerca de 14.000 emisiones y 1390 millones de impresiones. Estas cifras proceden de servicios de seguimiento publicitario y todavía no constituyen una liquidación oficial del Gobierno.
El anuncio de Trump no cerró la controversia
Trump había anunciado que las emisiones futuras serían financiadas por MAGA Inc. Sin embargo, no se comprometió a devolver el dinero público ya gastado y un quinto anuncio comenzó a difundirse posteriormente con la indicación de que estaba pagado por el Gobierno estadounidense.
La Casa Blanca sostiene que las piezas son anuncios de servicio público semejantes a los utilizados por administraciones anteriores. Los demandantes responden que no explican prestaciones o trámites concretos y que una de ellas reproduce casi íntegramente un anuncio de la campaña presidencial de Trump de 2024.
Las demandas solicitan que se impidan nuevos desembolsos. La presentada en Nueva York reclama además que se anulen la reasignación presupuestaria y el contrato, y que el Gobierno intente recuperar el dinero comprometido pero aún no gastado. Ningún juez ha resuelto todavía sobre la legalidad de la campaña.
La información completa, con las cifras, antecedentes y limitaciones procesales, puede consultarse en la publicación original de Aquí Madrid: «Dos demandas impugnan la publicidad de Trump pagada con fondos públicos».
