La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el asesinato de la fiscal y exsenadora independiente de Trinidad y Tobago Dana Seetahal. La Comisión insta al Estado a hacer una investigación completa de este crimen, así como a enjuiciar y castigar a los responsables tanto intelectuales como materiales.
Según la información recibida por la CIDH, la fiscal Dana Seetahal fue asesinada el 4 de mayo de 2014, después de la medianoche, mientras conducía su automóvil.
El hecho habría sido perpetrado por personas no identificadas a bordo de dos vehículos, quienes luego de interceptarla y cerrarle el paso, arremetieron a disparos con arma de fuego en su contra, hiriendo en repetidas ocasiones la parte superior de su cuerpo. Acto seguido, huyeron de la escena del crimen. A la fecha no se habría determinado las circunstancias y motivos del asesinato, sin embargo, los investigadores habrían señalado que el hecho fue bien planificado y coordinado.
De conformidad con la información pública disponible, su asesinato podría estar vinculado con su participación como fiscal en varios casos de alto perfil. Asimismo, el fiscal general Anand Ramlogan informó que la fiscal estuvo apoyando al Estado con un trabajo importante y sensible sobre varias iniciativas legislativas para ayudar en la lucha contra el crimen y mejorar la administración de justicia.
La CIDH valora las acciones adoptadas por la policía para investigar el crimen y tomó conocimiento de las declaraciones que hicieron la primera ministra Kamla Persad-Bissessar y el procurador general Anand Ramlogan manifestando su preocupación por la muerte de la fiscal Seetahal. Así, la primera ministra convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y que se prestaría atención a las reformas necesarias en materia de seguridad y justicia criminal.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En particular, la CIDH insta al Estado de Trinidad y Tobago a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de la señora Seetahal fue cometido como represalia por su labor como fiscal. Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo de los operadores de justicia.
La Comisión reitera que un ataque contra un operador de justicia que pudiera estar relacionado con el cumplimiento de su deber, reviste una especial gravedad, por el hecho mismo en contra de su persona, pero también por el efecto intimidador y amedrentador que puede tener sobre los otros operadores de justicia, y el riesgo de que los casos que representan queden en la impunidad.
En este sentido, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
