En México casi el 50 por ciento de quienes trabajan en la tarea de informar son mujeres. Estamos frente a la incorporación masiva de las mujeres en todos los sectores de la actividad humana, un hecho que contrasta comparado con lo que sucedía hace apenas veinte años. Hoy, la mitad de las periodistas son mujeres. ¿Avances? No necesariamente.
Según los informes de la Casa de los Derechos de Periodistas las mujeres vivimos los mismos riesgos que nuestros compañeros, en el primer semestre de 2014, 52 informadoras a lo largo y ancho del país han sufrido restricciones a su trabajo profesional, amenazas, intimidaciones, agravios a su integridad personal y persecución, aunado a advertencias telefónicas y a través de las redes sociales.
Hace unos días mientras Janeth Alva Villegas, reportera de la revista Contralínea dormía en su departamento, recibió la “visita” de unos encapuchados que no tenían otra razón más que atemorizarla; el 18 de agosto la periodista veracruzana Hylcia Trujano, reportera del periódico El Portal y de grupo radiofónico Oliva Radio, junto con su madre, fueron apuñaladas por dos sujetos cuando presuntamente intentaban robar al interior de su casa en Xalapa, Veracruz. Por suerte salvaron la vida.
Algunas informadoras son repentinamente detenidas por policías, sin razón aparente; en tanto, medios dirigidos por las periodistas son irrumpidos por facinerosos, encapuchados o a las puertas de sus instalaciones se encuentran con una bomba, que muchas veces explota. Ellas y sus trabajadoras huyen. Así es como algunos municipios de Hidalgo parecen muy peligrosos; por no hablar de la angustia cotidiana que significa ser periodista y mujer, y vivir y trabajar en Veracruz, Durango y Tamaulipas.
La lista de agresiones contra hombres y mujeres llegó a 483, en el corte del primer semestre de 2014, el pasado 31 de julio. Según los análisis de la Casa de los Derechos de Periodistas, el 60 por ciento de estas agresiones provienen de funcionarios públicos de todos los niveles. Todavía hay compañeras, como Ana Lilia Pérez, que viven en el extranjero ante las amenazas por la denuncia de corrupción de los panistas en Oceonografía, la célebre empresa que se descubrió defraudó a Pemex.
La peligrosidad del trabajo periodístico, tan bien contabilizado por numerosas organizaciones civiles y bien documentado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no parece preocupar a las autoridades.
El caso sobresaliente, del que Janeth Alva Villegas es víctima, es el mismo que en los últimos cuatro años ha sufrido la revista Contralínea -de acoso, demandas civiles, judiciales, allanamientos a casas particulares y a sus instalaciones-, una revista de periodismo de investigación que según las autoridades sólo tiene un riesgo considerado “bajo”, ahora que se acostumbra medir el hambre, también se miden así las violaciones a la libertad de expresión.
Lo que ahora preocupa es que con la parafernalia de leyes de protección, respeto a las fuentes de las y los periodistas, los mecanismos de protección por leyes locales y federales; las mesas de trabajo múltiples para analizar los riesgos de quienes aseguran que la población mexicana esté informada por lo visto no funcionan.
Preocupa más la demagogia, los golpes de pecho, las declaraciones irresponsables. El funcionariado de la Secretaría de Gobernación no ha explicado qué hacen con los fondos para proteger a las y los informadores; el señor jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha evitado cumplir con el compromiso de su antecesor de abrir un Refugio en la Ciudad de México para las y los periodistas que huyen de sus lugares de origen para encontrar protección, por ejemplo, en esta capital de las libertades.
La simulación es bárbara. Pero además, en tiempos de anuncios pomposos sobre la política pública a favor de las mujeres, la crítica situación del feminicidio que alcanza a las periodistas, obliga a repensar qué significa la igualdad y las oportunidades, para las periodistas: no significa nada.
No solamente somos mujeres en riesgo, muchas veces acosadas por nuestros maridos y nuestros conocidos, sino porque usamos la pluma. La periodista Citlalli López en Oaxaca ha sido intimidada por cubrir asuntos de la condición social de las mujeres y por la participación política de esta. La intimidación que recibió la reportera es resultado de la cobertura periodística alrededor del caso de Elizabeth Sánchez González, quien obtuvo el fallo del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca para ocupar el cargo de Síndica en el Municipio de Tlacolula de Matamoros para el que había sido electa.
Es claro que el riesgo es ser mujer. La violencia contra la tarea periodística ya es un reflejo de la que se desatará por la reforma política que obliga a los partidos políticos a presentar en sus listas electorales en las elecciones federales de 2015 a 50 por ciento mujeres. Es decir la furia aumentará.
Según el director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete, la reacción social, las medidas jurídicas y los trabajos de protección a las mujeres, son los elementos generadores que han hecho aumentar el feminicidio en el país. Las estadísticas señalan que en la actualidad son asesinadas ocho mujeres todos los días. Navarrete lo atribuye también al aumento de la denuncia organizada.
Lo que sucede es que no ha habido una acción del Estado y de la sociedad para enfrentar la violación a los derechos humanos. Lo que campea es una espiral de violencia, de la que no únicamente nos podemos hacer cargo, contándola haciendo estadísticas y dándonos golpes de pecho, frente a esa violencia lo que no hay es justicia, el aparato judicial de este país está rebasado.
Los innumerables y oprobiosos agravios a periodistas no tienen una respuesta judicial, ministerios públicos, jueces, tribunales, ministros de la Corte, no han podido frenar la espiral de esa violencia que enluta hogares, envía mensajes de miedo, angustia e inseguridad. La omisión y la desvergüenza llegan a niveles increíbles. A Contralínea las autoridades le responden que su riesgo es bajo; a las denuncias cotidianas de feminicidio se responde con vaguedades y no se actúa. Las peticiones de las organizaciones simplemente se eluden.
Me pregunto qué nos irá a decir el presidente Enrique Peña Nieto, ahora eufórico por el record que significan sus reformas estructurales, hechas en 20 meses, cuando la población mexicana, pobre, sin empleo, sigue viviendo esta tremenda realidad violenta y sin justicia.
No sé qué van hacer los funcionarios, que se pavonean con planes y programas, con discursos, cuando en lugar de contar las desgracias y hacer estadísticas meticulosas, se diría de gran diagnóstico, decidan actuar. Veremos.
