Y aquí vamos, en este barco sin rumbo claro
Ha transcurrido un mes de la toma de posesión del presidente Jimmy Morales y de su gabinete y ya hay muchos inconformes y frustrados por las acciones que ha tomado, por los funcionarios que nombró, por sus desaciertos y por algunas actitudes que han sido calificadas de autoritarias.
Venimos de una crisis socio política en la que el gobierno de Otto Pérez cooptó la institucionalidad del Estado para garantizar impunidad a sus actos de corrupción, dándole continuidad a estructuras de poderes paralelos, existentes desde que la criminal contrainsurgencia controlaba el Estado. Se enriquecieron a la luz del aparato gubernamental, se aprovecharon de las estructuras que heredaron de otros gobiernos.
Les fallaron los cálculos que estimaron la continuidad de su poder político, la expulsión de la CICIG y el disfrute impune de lo mal habido.
Para Estados Unidos esa situación era ya inaceptable; el presidente Obama ha reconocido que Centroamérica ha vuelto a ser una prioridad en su política exterior. Somos su quinta prioridad, por nuestra estratégica ubicación geográfica. Además, el triángulo norte es un mal ejemplo, con similares condiciones y situaciones socio económicas y, por lo tanto, es un grave riesgo para la estabilidad de la región, sobre todo para su seguridad.
Nicaragua los tiene nerviosos, no por lo que fueron los sandinistas, sino por los coqueteos de Daniel Ortega con China, Rusia e Irán. Por eso urgía tomar medidas para que un gobierno como el de Pérez no continuara contribuyendo con esta situación de riesgo. Apremiaba contar con un gobierno confiable.
La CICIG fue determinante para detonar la crisis, junto a la Fiscal. La comunidad internacional comparte las preocupaciones y ha tenido una fuerte incidencia en las decisiones. Los sectores empresariales son actores políticos clave, con gran capacidad de incidir en las decisiones, para apoyarlas o vetarlas. Los empresarios tradicionales se subieron sobre la ola de protesta, se distanciaron del gobierno, se sumaron a la petición de dimisión y fueron la única fuerza social que actuó de manera institucional. Su oposición fue acompañada de un apego a la necesidad de buscar “soluciones institucionales”.
La sociedad civil organizada, caracterizada por su dispersión y debilidad para actuar de manera conjunta, en esta oportunidad fue coincidente en presionar para la renuncia de los entonces Vicepresidenta y Presidente. Los sectores más radicales promovieron, sin éxito, una salida de ruptura con el régimen existente, pidiendo un gobierno de transición, quebrantando el ordenamiento constitucional.
La clase media y urbana actuó de manera espontánea, sin conducción orgánica, respondiendo a una sensación de hastío ante la corrupción. Tuvo escasa capacidad de articularse alrededor de un planteamiento alternativo. Las masas rurales no fueron actores en esta crisis política.
Para el desenlace designaron a un “gobierno de transición”, el de Maldonado Aguirre, absolutamente confiable a los intereses empresariales y de los Estados Unidos, cuyo papel fue únicamente “calmar las aguas” y crear condiciones para una salida institucional conservadora. Así se superó la crisis de gobernabilidad. Se eligió un nuevo gobierno también conservador.
La gente la votó y por tanto la legitimó y es lo que tenemos, un Presidente no político para resolver una problemática eminentemente política. Pero ese recambio trajo sus propios problemas de origen: un partido de militares, sin un programa de gobierno, con pocos cuadros calificados y experimentados en el manejo de la cosa pública y sin experiencia política.
Y aquí vamos en este barco sin rumbo claro, excepto un Ministro de Finanzas, proveniente de la esfera empresarial, capaz y al parecer con una visión de Estado y conciencia sobre la necesidad de su fortalecimiento.
