El Ministerio Público Federal (MPF) de Sao Paulo denunció el pasado 22 de septiembre, en la Justicia Federal, a cuatro agentes de la dictadura civil militar (1964-1985) por el asesinato del periodista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, ocurrido el 19 de julio de 1971, informan Tatiana Merlino y André Caramante de Adital.
El excomandante del DOI, coronel reformado del Ejército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, el delegado de policía jubilado Aparecido Laertes Calandra y el delegado de la Policía Civil de Sao Paulo, Dirceu Gravina, son acusados de homicidio doloso calificado (con intención de matar). El documento destaca que los tres, «también con otras personas, hasta ahora no totalmente identificadas, mataron a la víctima Luiz Eduardo da Rocha Merlino por motivo torpe, con el empleo de tortura y a través de recurso que imposibilitó la defensa del ofendido”.
El médico Abeylard de Queiroz Orsini, en aquella época médico legista, es acusado por el delito de falsedad ideológica, resultante de la falsificación de la autopsia del periodista. Orsini y el también legista Isaac Abramovitch, fallecido en 2012, «con la intención de asegurar el ocultamiento y la impunidad del delito de homicidio arriba mencionado, omitieron, en documento público, declaración que en él debería constar, así como insertaron declaración falsa y diversa de la que debía ser escrita en una autopsia y certificado de óbito, con el fin de alterar la verdad sobre hecho jurídicamente relevante”, se señala en la denuncia. Ambos firman el certificado de óbito y la autopsia de Merlino, en la que consta que murió de «anemia aguda traumática por rotura de arteria ilíaca derecha” y, «según consta, fue víctima de atropellamiento”.
En la denuncia, además de la prisión de los agentes, el MPF pide la cancelación de la jubilación de los acusados por el homicidio y el alejamiento inmediato de Dirceu Gravina de sus funciones en la Policía Civil de Presidente Prudente, en el interior de Sao Paulo. Conocido en aquella época de la dictadura como «J.C. o Jesús Cristo”, Gravina actúa como delegado de policía del Departamento del Interior de Presidente Prudente (Deinter/8). La fiscalía pide también la suspensión del ejercicio médico de Abeylard de Queiroz Orsini.
Sin prescripción ni amnistía
La tesis de la denuncia es que los delitos, aunque cometidos hace 43 años, son delitos de lesa humanidad, y que por lo tanto no prescriben y no pueden ser amnistiados. «A la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no se puede conceder amnistía a delitos calificados como delitos de lesa humanidad. En el caso de la decisión de la Corte, en el caso Gomes Lund (Guerrilla del Araguaia), la Corte fue bastante explícita al decir que barreras como la amnistía –en el caso brasilero, una autoamnistía– y la prescripción no son barreras legítimas contra la investigación y castigo de aquellos que practicaron delitos de lesa humanidad”, explica Andrey Borges de Mendonça, uno de los cinco fiscales que firman el documento.
La denuncia fue presentada por fiscales del Grupo de Trabajo Justicia de Transición, creado en octubre de 2011 para investigar delitos cometidos durante la dictadura. La pena máxima para homicidio calificado es de 30 años. Para el delito de falsedad ideológica, la pena puede llegar a cinco años y 10 meses.
Para Ángela Mendes de Almeida, excompañera de Merlino, «el significado de esta acción para la familia es importantísimo. En realidad, era este tipo de acción, una denuncia criminal, lo que queríamos desde el comienzo, cuando movimos el primer proceso en el área civil, en 2008. Un delito, un homicidio, incluso más, resultante de tortura hasta la muerte, tiene que ser castigado criminalmente”. En 1979, la madre del periodista, Iracema da Rocha Merlino, ya fallecida, movió una acción declaratoria en el área civil, pero fue rechazada, bajo la alegación de prescripción.
En 2008, Ángela y Regina Merlino, hermana del periodista, movieron una acción declaratoria en el área civil contra el coronel Ustra, subscrita por el abogado Fabio Konder Comparato, sin embargo fue extinta. En 2010, la familia intentó, nuevamente, una acción (también en el área civil) por daños morales, contra el coronel Ustra. En junio de 2012, en una sentencia de primera instancia, el coronel Brilhante Ustra fue condenado a pagar una indemnización a la familia de Merlino. La defensa de Ustra apeló la sentencia y el proceso sigue en curso. «Son más de 40 años de lucha por Justicia. Esperamos que ahora, finalmente, haya castigo”, afirma Regina Merlino.
Merlino tenía 23 años cuando fue asesinado. Nacido en Santos (Sao Paulo), el 18 de octubre de 1948, fue parte del primer equipo del Jornal da Tarde, fundado en 1966, del grupo O Estado de São Paulo. También fue reportero de Folha da Tarde. Estudiante de historia de la USP [Universidad de Sao Paulo], era militante del Partido Obrero Comunista (POC), organización que se oponía a la dictadura militar. Había regresado recientemente de Francia cuando fue detenido en la casa de su madre, en Santos.
La última vez
Hace frío en la noche del 15 de julio de 1971. «Pronto estaré de vuelta”, dice el joven a la madre, hermana y tía. Regina, la hermana, corre a la ventana y lo ve partir. Es la última vez. Minutos antes, Regina, en aquella época con 27 años, atendía al timbre de la casa de su madre, en la calle Itapura de Miranda. Eran tres hombres en busca de Luiz Eduardo. «Vinieron a buscarlo”, dijo Regina al hermano. Con gripe, él guarda algunos papeles y va al encuentro de los hombres. Uno de ellos toca a Regina con la punta de la ametralladora y le dice: «Yo puedo ser semianalfabeto, pero no tengo un hermano terrorista”.
Merlino es llevado al DOI-Codi de Sao Paulo, donde las torturas se inician. Allá, «fue bárbaramente torturado por 24 horas ininterrumpidas y abandonado en una celda solitaria, la llamada celda fuerte, o x-cero. Además, consta que la víctima, en razón de la permanencia en el palo de arara, desarrolló una grave complicación circulatoria que, sumada a la omisión posterior de impedir su atención médica es la consumación del homicidio, fue el resultado de la muerte”, de acuerdo con el libro Derecho a la Memoria y a la Verdad, editado por la Secretaría de Derechos Humanos.
Varios presos políticos que estaban en el centro de represión atestiguaron los malos tratos a que Merlino fue sometido y señalan a los acusados como responsables de las torturas.
Entre las testigos está Eleonora Menicucci de Oliveira, actual ministra de la Secretaría de Políticas para las Mujeres, en aquella época también militante del POC. Ella y Merlino fueron torturados juntos. Ella, en la silla del dragón (silla revestida de metal conectada a la corriente eléctrica). Él, en el palo de arara. En la habitación, relata, estaban Ustra, Gravina y Calandra.
«Hubo una noche en la que ellos me sacaron de la celda y me mostraron a Luiz Eduardo preso. Y quien lo hizo fue JC [pseudónimo de Gravina]. Él era una figura inolvidable por su brutalidad, por su animalidad y por tener cabello largo, andar con una camisa abierta y usar un crucifijo. Otra persona que estaba en las sesiones, torturando, era Ubirajara [pseudónimo de Aparecido Laertes Calandra]. Todas las torturas eran coordinadas, dirigidas y orientadas por Ustra. Ese día, más de madrugada, yo fui sacada y llevada a la silla del dragón. Y Nicolau [pseudónimo de Merlino] estaba en el palo de arara. Tenía una herida enorme, cuadrangular, en la pierna. Sangraba mucho. Y aún así él continuaba recibiendo mucho choque, muchas patadas. En la silla del dragón uno recibe choque eléctrico en todo el cuerpo y pierde un poco la dimensión de la conciencia. Una vez que yo «me di vuelta”, vi a Ustra en la puerta de entrada de la habitación, y estaban el JC y el Calandra torturando. Después de esa vez, Nicolau no apareció más. Esos tres personajes yo tengo la seguridad absoluta de que son los responsables del asesinato de Luiz Eduardo Merlino. Primero, por la tortura. Y segundo, por no haberle dado ningún apoyo desde el punto de vista médico”. El relato de Eleonora se produjo en audiencia de la Comisión de la Verdad del Estado de Sao Paulo «Rubens Paiva”, ocurrida el 8 de agosto de 2014.
Los expresos políticos Paulo de Tarso Vannuchi (exministro de la Secretaría de Derechos Humanos) y Otacílio Guimarães Cecchini relatan haber presenciado el momento en que Merlino fue sacado de la celda por un carcelero y colocado encima de un escritorio en el corredor, para que su pierna fuese masajeada. «Él no podía moverse. El intento era hacerle un masaje para que pudiera caminar y tener un mínimo de autonomía. Claro que eso no resolvió el problema”, afirmó Cecchini. En ese momento, dice Vannuchi, «yo pude conversar con Merlino, yo era estudiante de medicina y noté que él tenía en una de las piernas el color de la cianosis, que es un síntoma de isquemia, riesgo de gangrena”.
Después de un tiempo, fue colocado en el baúl de un automóvil y llevado al hospital del Ejército. «Él fue colocado en el baúl de un automóvil por otros cuatro policías (…) sin sentido. Parecía que ya estaba muerto.”, dijo Leane Ferreira de Almeida, en audiencia a la Comisión de la Verdad de SP, el 13 de diciembre de 2013.
Cecchini señala que, cuando estaba siendo interrogado, escuchó al coronel Ustra ser llamado para atender una llamada del hospital. «Eran los médicos que estaban pidiendo contacto con la familia porque había necesidad de una amputación [de la pierna]. O sea, había una solicitud de un hospital, sobre un paciente todavía vivo, un preso político torturado con principio de gangrena, con necesidad de amputación de una pierna. Ustra recibió esa información”, destacó. Sin embargo, la familia no fue contactada. Y otro testigo, Joel Rufino dos Santos, dijo haber escuchado de un torturador del DOI-Codi: «Su amigo estuvo aquí. Él quiso pasar por duro y terminó con las piernas gangrenadas y fue llevado al Hospital Militar. De allá telefonearon para acá diciendo que precisaban amputar. El mayor Ustra nos reunió e hizo una votación. Yo voté para amputar las piernas, pero fue voto perdedor”.
Cajón lacrado
La noticia de la muerte de Merlino llegó a la familia a través de una llamada telefónica a su cuñado, Adalberto Días de Almeida, quien era delegado de la Policía Civil. Adalberto y tíos de Merlino fueron al IML (Instituto Médico Legal) de Sao Paulo, donde fueron informados de que allá no había ningún muerto con ese nombre. Usando su condición de delegado, Adalberto fue en busca del cuerpo del cuñado. Abriendo una por una las puertas de las heladeras, localizó el cuerpo de Luiz Eduardo con marcas evidentes de tortura y sin identificación. El cuerpo fue entregado a la familia en un cajón lacrado.
La versión a la familia fue que Merlino se habría suicidado al tirarse debajo de un camión en la BR-116, a la altura de Jacupiranga, cuando estaba siendo transportado hacia Porto Alegre para la identificación de militantes. Tal versión consta en la autopsia firmada por Abeylard Orsini e Isaac Abramovitch. El vehículo que lo habría atropellado nunca fue identificado y tampoco fue presentada una denuncia en el lugar del hecho.
En la misa a los 30 días del asesinado de Merlino, celebrada en la Catedral de la Sé, los mismos tres hombres que buscaron a Merlino en su casa, se acercaron para dar los «pesames” a su madre y su hermana.
