El pasado 9 de octubre, Amnistía Internacional envió una carta al Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, exigiendo una investigación independiente sobre las cargas tras la manifestación frente al Congreso del 25 de septiembre, donde la organización estima que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente dentro de la estación de cercanías de Atocha.
El resultado de las investigaciones internas a agentes no se ha hecho público, ni se ha dado explicación alguna sobre la forma en que se llevó a cabo. Amnistía Internacional sólo recibió del Ministerio la respuesta de que “la policía había actuado de acuerdo a la Ley”, y el asunto se archivó.
Este es un ejemplo, entre otros muchos, que ilustra las consecuencias de la falta de transparencia:“La falta de transparencia impide que las autoridades rindan cuentas en tiempo y forma de sus acciones, y en muchos casos puede facilitar la impunidad y los abusos”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
La transparencia, obligación internacional
Diversos mecanismos internacionales han venido pidiendo a España de manera reiterada que reúna y publique datos sobre discriminación, violencia sexual, o derechos económicos y sociales como la salud y la vivienda. Sin embargo, son escasos los avances en este aspecto, sostiene AI.
En el caso de los incidentes racistas, xenófobos y discriminatorios, no se publica información sobre el número de identificaciones realizadas en la vía pública por las fuerzas de seguridad, o sobre su motivación. Tampoco se conoce el resultado de esos controles ni las personas afectadas por los mismos, según nacionalidad, origen étnico y racial. Sin estos datos, es imposible combatir el racismo y la discriminación ni garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.
Tampoco existe información sobre violencia sexual contra mujeres o niñas, más allá de las estadísticas sobre violencia de género a manos de parejas y exparejas. Conocer la magnitud y prevalencia de cada una de las formas de violencia de género en España, así como su alcance y la respuesta judicial ante las denuncias, es un paso necesario para acabar con la impunidad y la falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres.
“Con la información pertinente en la mano, se podría incrementar la rendición de cuentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, muchos abusos, malos tratos y torturas no quedarían impunes y se podrían diseñar e implementar políticas adecuadas a la lucha contra la discriminación o la violencia sexual. Además, también se facilitaría el control parlamentario y público”, ha declarado Beltrán.
La evaluación permanente del impacto de las políticas, especialmente en un contexto de crisis económica, constituye una obligación para las autoridades. Sin embargo, una vigilancia efectiva es imposible si no se cuenta con los datos apropiados: “Establecer políticas sin contar con los datos necesarios es irresponsable además de ineficaz, y puede poner en peligro los derechos de las personas” ha añadido Beltrán.
Amnistía Internacional ha exigido un estudio de evaluación de impacto en derechos humanos en colectivos vulnerables en el marco de la adopción del Real Decreto Ley 16/2012, que limita el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación irregular mayores de edad, y no lo ha obtenido hasta la fecha. Asimismo, con respecto al derecho a la vivienda, tampoco existe una definición homogénea en el Estado sobre las personas sin hogar y por lo tanto tampoco se cuentan con datos desagregados sobre el número de personas sin vivienda, desoyendo recomendaciones de organismos de Naciones Unidas.
Retrasos y ausencias en la Ley de Transparencia
Hace más de ocho meses que la Ley de Transparencia entró en el Congreso para ser debatida. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo terminarán las ampliaciones de plazo para que los grupos presenten sus enmiendas al texto, de las que ya se han sucedido un total de 29.
“La Ley de Transparencia no acabará con la falta de rendición de cuentas de las autoridades si no hay una voluntad ni una política activa de recogida de información y de hacerla accesible al escrutinio público. De aprobarse con su contenido actual, la ley será papel mojado” ha declarado Beltrán.
La Coalición Pro Acceso, que reúne a 65 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, señala al menos cinco puntos débiles del actual proyecto de ley de transparencia:
- Al contrario que otros estándares internacionales, la ley de transparencia no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, lo que puede traer varias consecuencias, especialmente a la hora de aplicar esta norma en el complejo sistema autonómico español.
- La ley de transparencia no incluye a todas las instituciones públicas: deja fuera a todo lo que no esté sujeto a derecho administrativo y por lo tanto se excluye mucha información relativa al poder legislativo y judicial, así como de algunos organismos como el Tribunal de Cuentas.
- Esta ley excluye mucha información como la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender y seguir el proceso de toma de decisiones.
- No acaba con el silencio administrativo que en España afecta al 50% de las solicitudes de información, puesto que propone que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud.
- El organismo de supervisión no es independiente: va a depender del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que será juez y parte a la hora de decidir sobre un conflicto.
Además, Amnistía Internacional quiere resaltar que las excepciones al acceso a la información contenida en la Ley de Transparencia, que afectan a «seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios» no pueden ir en detrimento de las obligaciones establecidas en otras normas. No puede haber retrocesos en particular respecto a los avances y exigencias de transparencia e información pública sobre las exportaciones de material de defensa español recogidas en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
A través de su centro de activismo, www.actuaconamnistia.org, la organización ha puesto en marcha una ciberacción pidiendo a los grupos parlamentarios que se tenga en cuenta esas debilidades para que la transparencia sea una realidad y se garantice una política activa de recogida y publicación de información que abarque todos los ámbitos.
Enlaces:
Amnistía Internacional pone en marcha una ciberacción para exigir que la transparencia sea una realidad en www.actuaconamnistia.org
