AI rechaza Ley sobre Manifestaciones aprobada en México

Amnistía Internacional (AI) señala que la aprobación de la iniciativa de la Ley de Manifestaciones para el Distrito Federal (AI), en México, atenta contra el derecho a la libre expresión y asociación, además de representar un “alejamiento” de lo establecido en normas y mecanismos internacionales, informa Cerigua.

Mexico-Manifestaciones-DF AI rechaza Ley sobre Manifestaciones aprobada en México

La entidad deploró que esta iniciativa haya sido aprobada en el Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, lo que a su criterio parece sugerir que estos principios fundamentales, lejos de ser prioridad, pueden ser ignorados impunemente.

Esta norma fue aprobada por las Comisiones del DF y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados; de acuerdo con la organización, la iniciativa podría ser presentada de manera rápida al pleno de diputados, con lo que se evitaría que fuera revisada y discutida por organizaciones de la sociedad civil.

La organización defensora de los derechos humanos teme que al entrar en vigencia la ley, se incrementen los abusos policiales contra los manifestantes.

El dictamen contempla que las manifestaciones se hagan con “fines lícitos”; que no se produzcan amenazas o insultos; que se informe a las autoridades con 48 horas de anticipación cuando se vaya a llevar a cabo una marcha; que las manifestaciones sean entre 11 y 18 horas, tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular.

Asimismo prevé sanciones económicas a quien viole las disposiciones de la ley y a quienes cometan acciones que alteren el orden público en desarrollo de las protestas; permite a la autoridad disolver manifestaciones si bloquean las vialidades y otorga a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal la facultad de controlar las manifestaciones.

AI insta a los y a las legisladores que se aseguren que durante las discusiones sobre esta ley, se escuchen las voces de las organizaciones sociales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los principios fundamentales.

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