Palabra de Antígona
La violencia contra las mujeres en México es apabullante. Cuando se analizan las cifras globales, se examina en lugares específicos, se proyectan los datos de las encuestas -la última fue en 2011- y se leen los reportes periodísticos, queda claro que estamos ante una emergencia nacional.
Tal vez por eso, cuando aún era integrante de la LXII Legislatura, la ahora exdiputada Martha Lucía Micher Camarena, quien fue presidenta de la Comisión de Igualdad, propuso al Congreso que se solicitara la alerta de género en todo el país. Parecería exagerado. Pero no lo es.
De acuerdo con los datos oficiales, han solicitado la alerta de género doce entidades del país, lo hicieron grupos sociales o de derechos humanos, con datos, estudios precisos, es decir, de municipios o zonas específicas. Algunas de estas solicitudes se hicieron hace más de cinco años. Sólo se han declarado dos: Estado de México y Morelos.
Alejandra Negrete, responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), de la Secretaría de Gobernación, dijo el 15 de agosto de 2015 que la alerta tiene por objeto dar seguridad, justicia y prevención; que se puede hacer por derecho comparado, cuando una ley afecta los derechos humanos de las mujeres. Esto es suficiente para alertar a las autoridades y tomar medidas de emergencia.
Es verdad lo que dice la exdiputada. Si en México existen leyes y prácticas que violan los derechos humanos de las mujeres y hay, además, mujeres asesinadas de manera consuetudinaria, urgen medidas definitorias. Los gobiernos federal y de los Estados tienen que cumplir con la ley. Tolerancia cero, dice la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, quien ya atravesó todo el país tratando de sensibilizar a los gobernadores.
Es claro que los estudios y los datos ya están en Gobernación para los casos de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Morelos, Estado de México, Chiapas, Colima, Baja California, Michoacán, Puebla y Jalisco, que representan más de la tercera parte del territorio nacional, sin dejar a un lado que el flagelo no disminuye en Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y espanta en Tlaxcala si tan sólo vemos ahí el delito de trata.
¿Qué esperan? Además, Alejandra Negrete en una entrevista con El Universal, dijo claramente que hay recursos etiquetados, ocho millones de pesos para 2015. Esto nos permite señalar que los señores gobernadores no actúan en sus sistemas estatales ni en sus procuradurías porque no quieren.
Es verdad que a raíz del anuncio hecho en junio pasado por Lorena Cruz de que se acelerarían las declaratorias de alerta de género, las cosas cambiaron. Si hubo un cambio de postura, como me dijo este sábado Guadalupe Ramos Ponce, representante en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM). El 31 de julio se anunció la alerta en el Estado de México y el 10 de agosto en Morelos.
Se desechó en Guanajuato con el argumento de que el gobierno estatal se comprometió a tomar medidas sugeridas, luego de un lustro de denuncias y estudios claros; oficialmente se ha dado entrada a las solicitudes de Veracruz, Sonora y Colima; están en proceso Baja California y no se sabe qué sucede con la solicitud de Nuevo León. Recién el 17 de septiembre, el gobierno de Jalisco ordenó crear la mesa interinstitucional que la estudie. Este es otro cambio de actitud en Jalisco, por cierto diferente a la bufonada de Eruviel Ávila. El ejemplo de Jalisco podría replicarse en otras entidades.
Alguna vez dije que la Alerta se solicita como presión política, cuando lo que importa es la aplicación de la ley. Me explicaron que es verdad que la alerta, a la letra de la ley, es para un caso de emergencia, pero que la presión en todas partes ha permitido mirar que después de casi ocho años, la Ley de Acceso no aplica y ni los gobiernos previenen, aunque tengan consejos estatales teóricamente en funciones y aunque se miren diariamente las cifras. Se hacen como que no saben. Otros se sienten implicados, algunos más hasta llegaron a prohibir hablar de violencia contra las mujeres, como el caso de Nayarit.
Lo que no podemos hacer es continuar con los ojos cerrados. Ni dejar hacer y pasar. Ahora ya las y los gobernadores saben que el problema existe. Tienen recursos asignados, no sólo para la alerta sino para sus programas de prevención. Recursos que son distintos y vienen de diversos lugares: Gobernación, SEDESOL, otros más de organismos internacionales, más sus presupuestos. Entonces no se trata de dinero sino de comprensión del problema y de voluntad política.
Urge el sistema de registro, urge un cambio estructural del sistema de justicia, pero eso caerá en el vacío, si las autoridades de todos los niveles, las y los servidores públicos y buena parte de la sociedad no se ponen una alerta en serio, más clara y eficaz que ordenar el lazo naranja en la solapa. Ese lazo que quiere decir que la persona que se lo coloca está a favor de erradicar la violencia contra las mujeres.
Es necesario explicar la situación, ahora que hay un cambio de actitud. Hay que indignarse, reconocer que no se podrá hablar de nada si no se detiene el flagelo que cobra vidas, destruye otras y tiene un elevado costo, porque no sabemos cuánto cuesta al sistema de salud atender a las mujeres violentadas y nadie se inmuta con las crónicas periodísticas o con las muchas denuncias que se publican en las redes sociales. Ya es tiempo de echar a la basura la demagogia y actuar, como en un concierto, con medidas paralelas de todo tipo, en la escuela y en la vida laboral, en la vida privada y familiar, en todos los espacios.
Tiempo para que los medios de comunicación que se llenan de oro en las campañas con los anuncios de la Presidencia de la República, cooperen. Todo ello, que va mucho más lejos que la declaración de la Alerta, que está en el debate nacional y es muy visible esta calamidad que corta la libertad y la vida de las mujeres.
