La Confederación General del Trabajo (CGT) ha registrado este 6 de noviembre, ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social de España, una solicitud para que por parte del poder legislativo se lleve a cabo el reconocimiento de coeficientes reductores para la jubilación de todas las personas trabajadoras que a lo largo de su vida laboral han trabajado en procesos productivos y de distribución con el “amianto asesino”.

CGT asume la responsabilidad de exigir que cumplan con su obligación, tanto el poder legislativo como el ejecutivo, ya que las empresas, como las instituciones públicas, tenían el deber de velar por la salud y seguridad de las personas trabajadoras, cuando era legal la utilización del “amianto asesino” (hasta el 2001) y también con posterioridad a esa fecha. Así se lo ha planteado CGT a las interlocutoras del Ministerio.
Con este acto, CGT comienza una campaña con varias fases:
- Información a la sociedad acerca del “amianto asesino” y sus graves consecuencias en la salud de millones de personas, muchas de ellas ya muertas o “asesinadas” por este producto.
- Establecer el mapa del amianto y del desamiantado con implicación de todas las personas trabajadoras afectadas.
- Exigir responsabilidades en todas las vías jurídicas (civil, laboral y penal) por su dejación “en la protección de la salud de las personas trabajadoras y de sus familiares, así como de la sociedad en general, las cuales se ha visto afectadas por la utilización de este producto asesino”. “Como ejemplo están las miles de viviendas en las que este elemento era parte de sus construcciones y también los conductos de aire acondicionado y sus motores”.



