«En China, cientos de miles de personas musulmanas son perseguidas, internadas y torturadas en los campos llamados de ‘transformación por la educación’, con el objetivo de asimilarlos a una nación laica y homogénea mediante la eliminación de sus tradiciones culturales y religiosas», sostiene la sección francesa de Amnistía Internacional (AI).
En un informe publicado este 10 de junio de 2021, AI recoge las opiniones de decenas de ex detenidos que detallan las medidas adoptadas por las autoridades chinas a partir de 2017 «para eliminar las tradiciones religiosas, las prácticas culturales y las lenguas de las minorías étnicas musulmanas de la región de Xinjiang».
Medidas represivas que, asegura la organización de defensa de los derechos humanos, «están orquestadas a gran escala por el estado y equivalen a crímenes contra la humanidad»
Se trata de persecuciones, encarcelamientos y torturas, llevadas a cabo con la excusa de de la lucha contra el «terrorismo», que tienen como víctimas a los miembros de las minorías uigures, kazajos, huis, usbekos y tadjikos.
Según el informe de AI, las autoridades chinas han creado «uno de los sistemas de vigilancia más sofisticados del mundo» y una red de siniestros centros de «transformación por la educación», en realidad campos de concentración, en todo Xinjiang, donde se tortura y se llevan a cabo malos tratos sistemáticos con el objetivo de «constituir a la fuerza una nación laica y homogénea a la que inculcar las ideas del Partido Comunista».
Una distopía de pesadilla en la que uigures, kazajos y el resto de minorías musulmanas son víctimas de crímenes contra la humanidad y violaciones de sus derechos humanos «que amenazan con hacer desaparecer su identidad cultural y religiosa. Un número incalculable de personas están sufriendo adoctrinamiento, tortura y malos tratos en campos de concentración mientras que millones más viven atemorizados sabiéndose a merced de un dispositivo de vigilancia tentacular».
Desde los primeros meses de 2017 se han sucedido las detenciones arbitrarias de un gran número de mujeres y hombres pertenecientes a las minorías étnicas de Xinjiang, de mayoría musulmana. Cientos de miles han sido enviados a los campos de internamiento.
AI ha recogido los testimonios de medio centenar de personas detenidas por actuaciones que el derecho internacional considera absolutamente legales, como estar en posesión de una imagen religiosa o comunicarse con alguien residente en el extranjero. Habitualmente, la policía irrumpe en casa de la gente y la detiene sin ningún procedimiento regulado. A la mayoría de los detenidos les interrogan en una comisaría –con frecuencia en una «silla del tigre», un ingenio metálico que les sujeta los pies y esposa las manos, inmovilizándoles en una postura dolorosa, o mientras permanecen encapuchados-, allí les toman los datos personales y después les envían a un campo.
Una vez en el campo, las personas están constantemente seguidas y evaluadas, no tienen vida privada ni autonomía y la menor desobediencia se castiga con severidad. Los internados tienen prohibido hablar entre ellos y se les castiga si responden a los guardianes en una lengua que no sea el mandarín.
Una mujer, a la que detuvieron por instalar en su teléfono móvil la aplicación de WhatsApp, ha explicado a AI: «Nos levantan a las cinco de la mañana y lo primero es hacer la cama, que debe quedar perfecta. Luego tiene lugar la ceremonia de izar la bandera y prestar juramento. Después tenemos clases, comida, más clases, cena, otra vez clases, y acostarse. Cada noche, en relevos cada dos horas, dos detenidos vigilan a sus compañeros de celda (…) No tenemos ni un minutos para nosotros. Es agotador».
Los detenidos permanecen encerrados en sus celdas salvo cuando, escoltados por los guardianes, acuden a las clases, al refectorio o a los interrogatorios, de forma que ven muy poco la luz del día y raramente pueden hacer ejercicio. En cuanto a la «educación forzada» que reciben en las clases, «consiste en adoctrinarles para que repudien el Islam, renuncien a su lengua y a sus prácticas culturales y estudien la propaganda del Partido Comunista Chino».
Todos los ex detenidos con los que hemos hablado –sigue el comunicado de AI- «han sufrido tortura o malos tratos». Normalmente se trataba de tortura psicológica a causa de la deshumanización cotidiana, pero también de tortura física como golpes, descargas eléctricas, aislamiento, privación de alimentos, agua o sueño, y utilización de métodos paralizantes, como la ya mencionada «silla del tigre», en la que varios manifestaron haber permanecido veinticuatro horas, e incluso más. AI asegura en su informe haber conocido el caso de un detenido que murió tras permanecer en «la silla» durante 72 horas, en las que fue obligado a orinar y defecar sin levantarse, y ante los ojos de sus compañeros de celda que tenían prohibido ayudarle.
Tras la liberación, todos los ex detenidos son objeto de vigilancia electrónica y física constante por parte de funcionarios que «se instalan» durante un tiempo en los domicilios y denuncian cualquier comportamiento «sospechoso» (que va desde algún rito religioso hasta la instalación de programas informáticos no autorizados». Además, los ex detenidos tienen muy restringida la libre circulación: los agentes de la seguridad patrullan constantemente las calles y gestionan miles de puestos de control llamados eufemísticamente «puestos de policía de proximidad».
Como resultado, muchas personas han dejado de rezar y de dar muestras de su fe, especialmente en lo relativo a la forma de vestir y a las expresiones coloquiales. Están prohibidos el Corán, las alfombras de oración y cualquier otro objeto religioso. En todo Xinjiang «se han demolido sistemáticamente mezquitas, santuarios, cementerios y otros lugares religiosos o culturales».
El informe de AI pone el acento en el hecho de que se ignora qué les ha sucedido a cientos de miles de personas detenidas. Algunas continúan en los campos, otras han sido condenadas a largos años de cárcel. Al parecer, otros muchos han sido trasladados a lugares donde se les somete a trabajos forzados. «Según los datos facilitados por las autoridades chinas y las imágenes obtenidas por satélite, en Xinjiang se han construido nuevas prisiones desde 2017».
Ante esta situación, AI ha puesto en marcha una recogida de firmas para pedir el desmantelamiento de los campos, la liberación de las personas detenidas en ellos arbitrariamente, y el final de los ataques contra las minorías musulmanas de Xinjiang.
