Amnistía Internacional cerró 2025 con una serie de logros relevantes en la defensa de los derechos humanos a escala global, en un contexto marcado por el avance de políticas autoritarias y la restricción de libertades.
La organización documenta liberaciones de presos de conciencia, sentencias históricas en tribunales internacionales y avances contra la pena de muerte, resultados que atribuye a la presión sostenida de la sociedad civil y al trabajo coordinado de sus secciones nacionales.
La sección francesa de Amnistía Internacional resume estos avances en un balance difundido con motivo del inicio de 2026, en el que subraya que «no son milagros, son vuestras victorias», en referencia al apoyo ciudadano que sostiene la labor de la organización.
Entre los hitos más destacados figura la liberación de personas encarceladas injustamente por motivos políticos, uno de los ejes históricos del trabajo de Amnistía Internacional.
En diciembre de 2025 salieron de prisión 123 ciudadanos bielorrusos, entre ellos el Nobel de la Paz Ales Bialiatski y la música y activista Maryia Kalesnikava, considerada presa de conciencia durante cinco años. Su excarcelación constituye uno de los mayores éxitos recientes frente a la represión en Europa del Este.
La presidenta de Amnistía Internacional Francia, Anne Savinel-Barras, subraya en el documento que «2025 fue un año marcado por restricciones de libertades públicas, intimidaciones a defensores y represión de manifestaciones pacíficas», pero también por la capacidad del movimiento de derechos humanos para «resistir, perturbar y transformar».
Avances jurídicos con impacto internacional
Uno de los logros con mayor alcance estructural se produjo en el ámbito del derecho de asilo y los derechos de las mujeres. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que el hecho de ser mujer y afgana basta para obtener el estatuto de refugiada, una sentencia que obliga a todos los Estados miembros y refuerza la protección frente a la persecución de género ejercida por los talibanes.
También en el ámbito europeo, el mismo tribunal dictaminó que los Estados de la UE deben reconocer el estatus marital de las parejas del mismo sexo legalmente casadas en otro país miembro, una decisión que fortalece la igualdad y la libertad de circulación de las familias LGTBIQ+.
Estos avances conectan con el trabajo que Amnistía Internacional y otras organizaciones vienen desarrollando ante instancias como la Corte Penal Internacional y los mecanismos de Naciones Unidas para reforzar la rendición de cuentas y el respeto al derecho internacional, una línea de acción habitual en la cobertura sobre derechos humanos publicada en Periodistas en Español.
La abolición de la pena de muerte, una señal de esperanza
Fuera de Europa, 2025 dejó también noticias relevantes en África. Zimbabue abolió la pena de muerte el 31 de diciembre de 2024, una decisión que Amnistía Internacional considera una «luz de esperanza» para la región, aunque insiste en la necesidad de que la eliminación sea total y efectiva.
La lucha contra la pena capital sigue siendo una de las campañas globales más consolidadas de la organización, en línea con los estándares defendidos por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde Amnistía recuerdan que estos resultados no eliminan los riesgos. La organización alerta del aumento de la vigilancia masiva, la criminalización de la protesta y los ataques a periodistas y activistas, cuestiones que afectan de forma directa a la calidad democrática y que han sido analizadas de forma recurrente en informaciones previas de este medio sobre libertad de expresión y derechos civiles.
Mirar a 2026 sin bajar la guardia
El balance de 2025 refuerza la idea de que la presión internacional funciona cuando es sostenida y coordinada. «En 2026, deseémonos estar juntos, fuertes y solidarios, y hacer brillar al máximo nuestra humanidad. El mundo lo necesitará», concluye Savinel-Barras.
Para Amnistía Internacional, los avances conseguidos confirman que la movilización social, el periodismo comprometido y la acción jurídica siguen siendo herramientas esenciales para frenar los abusos y ampliar el alcance efectivo de los derechos humanos en un escenario global cada vez más complejo.
