Greenpeace alerta que la decisión anunciada hoy, 5 de julio de 2016, por la Comisión Europea de acelerar la aprobación y aplicación provisional del acuerdo entre la UE y Canadá (conocido como CETA), supone una amenaza a la democracia y a la protección ambiental.
La Comisión está presionando a los Gobiernos europeos para que este tratado se aplique provisionalmente antes de ser aprobado por los respectivos parlamentos nacionales, señala Greenpeace, que recuerda que la CE ha reconocido que este acuerdo requiere la aprobación de los parlamentos nacionales de los 28 países que forman la UE, pero insiste en que el tratado comercial puede ser aplicado antes de que los parlamentos puedan aprobarlo.
Para Greenpeace, al igual que su hermano gemelo, el TTIP (tratado entre la UE y los EEUU), el CETA es un acuerdo comercial que se ha negociado en secreto durante más de cinco años (del 2009 a 2014) y que pretende ser ratificado este mismo año. Se espera que los Ministros de Comercio de la UE discutan y voten la propuesta de la Comisión para aprobar el CETA en las próximas reuniones de septiembre y octubre. El acuerdo con Canadá es considerado un caballo de troya del TTIP, acuerdo que está en estos momentos siendo negociado entre la UE y los EEUU y cuya 14ª ronda negociadora comienza el próximo 11 de julio en Bruselas.
«En un contexto de cuestionamiento generalizado de las políticas europeas, los políticos deben escuchar las crecientes críticas a los tratados de nueva generación como el CETA y el TTIP. La aplicación provisional del CETA antes de la aprobación en los parlamentos nacionales no hace más que añadir más leña al fuego», ha declarado Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional.
«Si la Comisión Europea y algunos Gobiernos nacionales siguen maniobrando de manera antidemocrática, el CETA empezará a afectar a nuestros estándares ambientales y sociales. Las grandes corporaciones lo tendrán más fácil para evitar la acción legislativa de parlamentos y ayuntamientos a través del Sistema Judicial de Inversiones. En medio de un clima de descontento generalizado con la política europea, nuestros representantes deben deben proteger a las personas y el medio ambiente antes que los intereses y privilegios de las grandes corporaciones, así como salvaguardar las normas ambientales, de salud y sociales que forman parte de nuestra forma de vida» ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.
Uno de los principales temas conflictivos del CETA es precisamente el autodenominado Sistema Judicial de Inversiones, que permitirá a las multinacionales desafiar las decisiones de los gobiernos fuera de la jurisdicción y de los tribunales de los los estados miembros.
Greenpeace está pidiendo a los Gobiernos de la UE el rechazo a ambos tratados, el CETA y el TTIP, por suponer una riesgo para la salud de los ciudadanos, el medio ambiente y los derechos laborales.
