El último giro de un proceso por contaminación ambiental que lleva 21 años lo dio un juez federal de Estados Unidos al dictaminar que las víctimas del derrame generalizado de petróleo y su abogado estadounidense no podrán cobrar los 9.500 millones de dólares que el máximo tribunal de Ecuador ordenó pagar a la corporación Chevron, informa Jim Lobe (IPS) desde Washington.
El juez consideró el martes 4 que el abogado Steven Donziger y sus socios habían empleado sobornos y pruebas falsificadas para derrotar a Chevron en tribunales ecuatorianos, por lo que no debe permitirse que cobren esa indemnización por daños en lo que se considera el juicio ambiental más importante de la historia.
«Es lamentable que se pervierta el rumbo de la justicia», sostuvo el juez de distrito Lewis Kaplan en un fallo de casi 500 páginas.
«Ante una conducta ilegal e ilícita, no hay defensa a lo ‘Robin Hood'», añadió. «Y la excusa de los acusados de que ‘esta es la forma en que se hacen las cosas en Ecuador’ –de hecho un notable insulto al pueblo ecuatoriano—no los ayuda».
La compañía petrolera Chevron festejó el fallo como una «victoria resonante», mientras Donziger y sus abogados señalaron que lo apelarán ante el mismo tribunal que había rechazado un dictamen similar emitido por Kaplan en 2011.
En esa ocasión, Chevron apeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para que sostuviera la decisión de Kaplan, pero esta rechazó la apelación sin comentarios.
Donziger calificó el último fallo de Kaplan, emitido tras un proceso de seis semanas que se desarrolló en 2013, como «una decisión desastrosa, resultado de un procedimiento profundamente errado que revierte el fallo unánime de la Corte Suprema de Ecuador».
«Confiamos en que vamos a ser totalmente reivindicados en Estados Unidos, como lo fuimos en Ecuador», agregó.
La primera demanda a nombre de unos 30.000 habitantes, la mayoría indígenas de la nororiental provincia ecuatoriana de Sucumbíos, se presentó en 1993 ante un tribunal federal de Estados Unidos contra la empresa petrolera Texaco, por el terrible legado de contaminación que dejaron sus operaciones en ese rincón de la Amazonia entre 1964 y 1990.
Durante una parte de esos años, Texaco, adquirida en 2001 por Chevron, actuó en sociedad con la empresa estatal Petroecuador, que finalmente se hizo cargo de las operaciones de la petrolera estadounidense en la región cuando esta se marchó.
Los demandantes aseguran que Texaco arrojó más de 70.000 millones de litros de líquidos tóxicos, dejó más de 900 piscinas repletas de un lodo venenoso y quemó millones de metros cúbicos de gases tóxicos.
En consecuencia, se arruinó el ambiente de uno de los sitios de mayor diversidad biológica de América del Sur y sus habitantes pasaron a sufrir graves problemas de salud, como una elevada incidencia de cáncer, alegan los litigantes.
IPS atestiguó la persistencia de esa contaminación en un reportaje en la zona en 2011.
Texaco, que parecía creer que los tribunales de su país serían más receptivos a la demanda, persuadió al juez Jed Rakoff de trasladar el caso a Ecuador en 2002, cuando en ese país un gobierno conservador estaba deseoso de atraer inversiones extranjeras.
La condición era que la empresa renunciara a ciertas defensas, como alegar que los presuntos delitos habían prescripto, y que cualquiera fuera el fallo sería de aplicación en Estados Unidos.
Al año siguiente, comenzó el juicio en Ecuador.
Chevron siempre alegó que los daños presentados por los litigantes eran exagerados y que, en todo caso, las obligaciones de Texaco se extinguieron cuando llevó a cabo un plan de remediación de 40 millones de dólares acordado con Quito en 1995, que comprendía 37,5 por ciento de los pozos y piscinas de residuos líquidos del área donde operó.
Lo demás debía limpiarlo Petroecuador, según Chevron.
Pero los demandantes argumentaron, con respaldo de varias organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales, que como la empresa perforó en todos los sitios originales también es responsable de la porción asignada a Petroecuador y de los continuos daños a la salud y otros impactos, que no estaban contemplados en el acuerdo de 1995.
El tribunal que condujo el proceso en Ecuador falló contra Chevron en 2011 y otorgó a los demandantes, representados por Donziger y sus asociados, el derecho a percibir indemnizaciones y reparaciones por unos 18.000 millones de dólares. Posteriormente, la Corte Suprema de ese país dejó firme el fallo, pero redujo el monto a 9.500 millones de dólares.
Pero Chevron venía intentando impedir que los demandantes se hicieran del dinero. Para ello dio varios pasos: retiró todos sus activos de Ecuador e inició una demanda obstructiva contra Donziger y su equipo, acusándolo de haber empleado sobornos y otros métodos corruptos para ganar el proceso y quitarle miles de millones de dólares a la empresa.
Para sostener esos cargos, Chevron requirió decenas de miles de documentos, mensajes de correo electrónico y otros materiales de Donziger, de otros abogados y de grupos activistas. Llegó incluso a citar fragmentos del filme documental «Crude», producido en 2009 por Joe Berlinger.
Cuando compareció ante el juez Kaplan en noviembre, Donziger admitió haber cometido errores, como ocultar sus relaciones y pagos a un testigo experto nombrado por el tribunal ecuatoriano para realizar un informe que sirvió de base para que la corte evaluara los daños.
Un exjuez ecuatoriano testificó a favor de Chevron y sostuvo que los demandantes le pagaron para que escribiera la argumentación del magistrado a cargo del caso, a quien Donziger, supuestamente, le había prometido medio millón de dólares a cambio de un fallo favorable.
Tanto Donziger como el juez que condenó a Chevron, Nicolás Zambrano, rechazaron con vehemencia esa acusación.
Pero Kaplan, que nunca ha cuestionado el alcance del desastre ambiental que acarrearon las operaciones de empresas petroleras en la región, falló a favor de Chevron.
«Un acusado inocente no tiene más derecho que otro culpable a presentar pruebas falsas, comprar a un experto nombrado por la corte o coaccionar y sobornar a un juez o a un jurado», sostuvo Kaplan en su fallo. E hizo notar que el propio Donziger pretendía obtener 600 millones de dólares en honorarios por imprevistos.
Si este fallo es ratificado, impedirá a los damnificados ecuatorianos reclamar el cobro de la indemnización por daños en tribunales estadounidenses. Y también les exige devolver lo que hubieran obtenido ante estrados de otros países.
Los afectados presentaron litigios en tres países en los que Chevron tiene grandes operaciones y activos (Canadá, Argentina y Brasil) para hacer cumplir el fallo del tribunal ecuatoriano.
El martes, el presidente y director ejecutivo de Chevron, John Watson, dijo a periodistas que el fallo de Kaplan afianzará la defensa de la empresa en esos países.
Para el jurista Deepak Gupta, que representa a Donziger, la decisión de Kaplan equivale a «una acción global para impedir el cobro de la indemnización que suspendería la aplicación de un fallo de un país en todas las demás jurisdicciones».
Esa es una de las principales razones por las cuales el tribunal de apelaciones había revocado una decisión similar de Kaplan en 2011, agregó.
Marco Simons, director legal de EarthRights International, dijo a IPS que el fallo de Kaplan es también vulnerable por otros motivos.
La norma legal según la cual el tipo de órdenes emitidas por Kaplan pueden ampararse en la ley federal contra el chantaje y el crimen organizado no está saldada, dijo Simons.
Además, el hecho de que Kaplan haya encontrado que el sistema judicial ecuatoriano no cumplió con el debido proceso «ofrece una base sólida para presentar otra vez ante la justicia de Estados Unidos el proceso de fondo contra Chevron», argumentó.
«Incluso si lo que dijo Kaplan acerca de la conducta fraudulenta de los abogados fuera cierto, la respuesta no necesariamente es que Chevron salga sin ninguna responsabilidad por lo que hizo en la Amazonia ecuatoriana», subrayó Simons.
«La mala conducta de un par de abogados, que es lo que sugiere Kaplan, no es un pase para librarse de la cárcel para una corporación que ha cometido una gravísima contaminación», concluyó.
