La Comisión de investigación sobre la detención de las presas en Arabia Saudí, que es una comisión independiente formada por diputados del Reino Unido, ha enviado una carta al embajador del Reino de Arabia Saudí, el emir Mohamed ben Nowaf ben Abdelaziz, para solicitar autorización para una visita de sus miembros al Reino del Desierto, para verificar las condiciones de detención de las presas.
El presidente de la Comisión, el diputado conservador Crispin Blunt, ha manifestado que el bufete de abogados ITN le ha encargado la formación de una Comisión de investigación sobre el estado de las presas saudíes a petición de un ciudadano saudí cuya identidad se mantiene en el anonimato.
Asimismo, Blunt ha aclarado que la Comisión, formada por parlamentarios británicos, hará una investigación independiente sobre la situación, el trato y las condiciones de detención de las activistas saudíes detenidas hace unos meses y su estado de salud, agregando que tienen la intención de recabar testimonios directos de las presas mencionadas en los informes de Human Rights Watch, entre ellas Lujain Al-Hadloul, Aziza Al-Youssef y Samar Badawi.
El diputado tory asegura que el objetivo es investigar la veracidad de acusaciones de tortura, abuso sexual y amenazas de violación y decapitación que se habrían cometido contra las activistas, cuya detención motivó la crisis diplomática entre el reino saudí y Canadá tras la denuncia de la ministra de exteriores del país norteamericano de estos hechos a través de Twitter.
La Comisión liderada por Blunt espera recabar la información de las afectadas de forma directa en su visita a Arabia Saudí, así como entrevistarse con los responsables de la detención de las presas del país árabe.
Las activistas saudíes detenidas son conocidas por su defensa de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en concreto, sus principales demandas son el derecho de la mujer saudí a conducir y la eliminación del régimen de tutela de los hombres imperante en el país.
Sin embargo, la prensa saudí se ha ensañado contra ellas y las acusa de traidoras, de servir a los intereses extranjeros y de atentar contra la religión y las costumbres del país del Golfo.
La Comisión de parlamentarios británicos espera obtener respuesta de la embajada saudí antes del día 9 de este mes de enero de 2019.
Cabe destacar que tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el gobierno saudí está sometido a un escrutinio severo en materia de derechos humanos, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, sus mayores aliados occidentales, lo que está afectando a la guerra de Yemen y la situación de los presos políticos.
