Cuatro desafíos a la libertad de expresión

Ileana Alamilla[1]

La doctora Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA y una autoridad en la materia, señaló recientemente en una entrevista publicada en el sitio web “Confidencial”, de Nicaragua, que en la región latinoamericana existen al menos cuatro grandes desafíos para este derecho: la violencia, particularmente generada por el crimen organizado; la aplicación de medidas desproporcionadas o de censura indirecta por parte de algunos Estados para silenciar a los medios críticos y premiar a los medios cercanos; la falta de pluralidad y diversidad de los medios en algunos lugares, y las restricciones en materia de acceso a la información.

La Relatora afirmó que algunos Estados han creado comités especializados para proteger periodistas, se han expedido directrices a la fuerza pública para asegurar que puedan hacer su trabajo especialmente en el contexto de manifestaciones o de conflictos sociales y se han creado fiscalías especializadas. Sin embargo, la violencia y la impunidad de estos crímenes siguen teniendo tasas alarmantemente altas; falta mucho camino por recorrer, indicó.

Destacó que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligación de los Estados proteger a los periodistas en riesgo, prevenir la violencia y luchar contra la impunidad de los crímenes contra la Prensa.

Hizo un reconocimiento al mecanismo de protección de periodistas instituido en Colombia, el que ha demostrado niveles importantes de efectividad, en tanto que el de México es de creación más reciente, y en Honduras y Guatemala están en proceso de ser establecidos.

Con el objeto de contribuir con la seguridad de los y las periodistas, así como para romper con la impunidad que ha caracterizado los casos delictivos en contra de estos profesionales, Cerigua ha mantenido en Guatemala un proceso de socialización de herramientas de Protección, que contienen la recopilación de legislación nacional e internacional que consagra la garantía universal de libertad de expresión, así como Protocolos de Seguridad y Mecanismos de Protección.

La participación de funcionarios del Mingob, de la Unidad Especial de Delitos contra Periodistas del MP y de Copredeh en talleres departamentales organizados por Cerigua, ha sido aprovechada por los asistentes para demandarles efectividad y agilidad en los casos denunciados. La creación de una oficina departamental del MP que dé seguimiento a las agresiones que ha sufrido el gremio periodístico fue propuesta por periodistas de Alta Verapaz, ya que se les hace difícil presentarse ante la sede central en Guatemala para denunciar y verificar el avance de sus casos.

La seguridad y protección de los periodistas en Guatemala es uno de los trabajos que con importancia y prioridad debe acometer la Unesco, aseguró en Cobán el representante de la entidad, doctor Julio Carranza, quien dijo que ha recibido instrucciones de París de darle especial importancia a la labor de la Prensa. Nuestro objetivo es fortalecer la ciudadanía del país y que sus estructuras sean lo más democráticas posibles; incrementar la participación de la población y, sobre todo, de los sectores marginados del desarrollo, aspiraciones en las cuales el trabajo de los comunicadores es fundamental; y cuando se producen agresiones a la Prensa o se imponen sanciones absurdas que responden a intereses especiales, también se agrede la calidad democrática y se violan los derechos y dignidad humana de los periodistas, indicó.

Botero y Carranza son aliados confiables para el gremio.

  1. Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.

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