Leonardo Padura*
El año 2014 debe iniciarse para la economía cubana con la apertura de las primeras instalaciones de la llamada Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada en el modernizado Puerto del Mariel, una bahía ubicada unos 70 kilómetros al oeste de La Habana.
Un puerto para contenedores, grandes almacenes, una zona franca, industrias creadas con capitales foráneos y condiciones avanzadas de infraestructura, entre otros, serán los beneficios de este polo comercial e industrial, el más importante del país y desde ya considerado la principal ventana cubana al mundo de las importaciones y exportaciones.
Desde el instante en que el puerto del Mariel sea operativo comenzará a hacerse definitivo el desmontaje y renovación de la histórica rada habanera, que espera convertirse en una marina para yates y cruceros, sobre todo cuando las restricciones del bloqueo/embargo estadounidense, sostenido por más de medio siglo, permitan a viajeros y naves del país vecino atracar en las costas cubanas.
La modernización y montaje de las instalaciones del Mariel han estado financiadas, en lo esencial (640 de los 900 millones de dólares invertidos), por un préstamo obtenido gracias a un convenio intergubernamental firmado entre Brasilia y La Habana.
El hecho de que Brasil y sus empresas hayan decidido acometer la obra y la inversión, de alguna forma adelanta su interés por tener un espacio comercial y productivo en ese punto privilegiado de la geografía caribeña, en la entrada del Golfo de México, frente a las costas estadounidenses y en vísperas de hacerse efectiva la ampliación del calado del también cercano Canal de Panamá (2015), que desde entonces podrá recibir buques de mayor tonelaje.
La gran interrogación respecto del destino del Mariel radica en saber quiénes y bajo qué condiciones pondrán sus inversiones en esa Zona de Desarrollo, en la que se espera haya instalaciones no solo portuarias o de almacenaje, sino también industriales.
Mucho se ha hablado respecto de la necesidad de que el gobierno cubano declare al fin si modifica sus relaciones legales con el capital foráneo. Ya en julio de 2012 se hizo el anuncio oficial de que para fines de aquel año entraría en vigor una nueva Ley de Inversiones, que vendría a sustituir el instrumento legal aprobado en 1995 (Ley 77).
Pero la expectativa creada aún no ha tenido respuesta definitiva, mientras en la realidad lo que ha ido ocurriendo es que a mediados de 2013 operaban en la isla 190 negocios de capital mixto entre el gobierno cubano y entidades privadas extranjeras, lo que equivale a la mitad de los que hubo en 2000.
Según un reportaje recientemente leído, del cual tomo las cifras anteriores, un viceministro cubano de Comercio Exterior ha afirmado que «está en proceso la evaluación de una política general y sectorial que acompañe al fomento de esta inversión extranjera y, aunque no está prevista la modificación de la ley, sí podrán actualizarse determinadas normativas».
O sea, que por ahora no habrá nueva ley y que la Zona Especial de Desarrollo Económico del Mariel moverá su destino y posibilidades bajo una regulación que en los últimos años ha espantado a más inversores de los que ha atraído ¬según la más simple de las operaciones aritméticas.
No obstante, por sus características especiales, el Mariel podría regirse por unos mecanismos legales diferentes, que quizás figuren entre las normativas que se actualizarían.
Las transformaciones económicas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro, programadas en los llamados Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista (2011), han ido modificando ciertas estructuras y fundamentos de la economía cubana.
Se han revitalizado el trabajo por cuenta propia, la creación de cooperativas agropecuarias y de servicios, la apertura de pequeños negocios privados, con lo cual han mejorado algunos servicios, la gastronomía, algo del transporte de pasajeros, un poco la producción de alimentos…
Pero por su menguado nivel de incidencia en la macroeconomía no han conseguido, ni conseguirán, convertirse en un motor para acelerar el desarrollo de un país urgido de eficiencia, productividad, modernización de toda su infraestructura, liquidez y acceso a finanzas, es decir, los elementos capaces de generar riqueza palpable y, con ella, una mejoría en los niveles de vida de una población que vive desde hace casi un cuarto de siglo con salarios deprimidos que no le permiten satisfacer todas sus necesidades básicas, incluida la alimentación.
En varias ocasiones altos cargos del gobierno y el Estado cubano han advertido que las más importantes modificaciones económicas están por llegar. Pero la promesa tiene un contenido desconocido y una fecha de ejecución incierta.
Si la anunciada nueva ley de inversión extranjera finalmente no se aprueba de un modo que sea capaz de atraer al capital foráneo, resulta difícil imaginar quiénes estarán interesados en invertir en Cuba, incluso en la Zona de Mariel.
Además de las empresas brasileñas, chinas y rusas que previsiblemente están cerca de esta inversión, solo el factor geográfico y la esperanza de cambios futuros no parecen ser ya suficientes atractivos para unos empresarios que, al llegar a Cuba, tendrían problema incluso para comprar un vehículo ligero para el traslado de ejecutivos y empleados.
Y como asignatura pendiente quedaría saber qué espacio tendrán en toda esa estructura que se abre las personas naturales cubanas ¬es decir, los cubanos de Cuba-, para quienes otra vez, según lo leído, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel podría ser fuente de empleo… pero no de inversión.
*Leonardo Padura, escritor y periodista cubano, galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2012. Sus novelas han sido traducidas a más de 15 idiomas y su más reciente obra, «El hombre que amaba a los perros», tiene como personajes centrales a León Trotski y a su asesino, Ramón Mercader.
