En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos de México exigen al Gobierno que implemente acciones para que, hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero), sean esclarecidas y no queden en la impunidad.
Piden que haya justicia para las más de 23.605 desapariciones documentadas, exigen que no se repitan nunca más estas graves violaciones, y que el Estado implemente medidas adecuadas para su prevención y erradicación.
A la vez, lamentan que el decálogo anunciado por el presidente Peña apenas aborde la problemáticas de derechos humanos, y que sea insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a decenas de miles de personas y sus familias.
Por otra parte, aseguran que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, como el gobierno insiste en llamar, no fue presentado como una política integral, quedando soslayados aspectos fundamentales como los siguientes:
- No se anunció un un plan nacional de búsqueda en vida, que serviría para coordinar, en los distintos ámbitos de gobierno, las acciones de búsqueda e investigación inmedita de personas desaparecidas, con enfoque de derechos humanos y de búsqueda en vida,cuya ejecución reacaiga en autoridades con capacidad de realizar dicha coordinación, y generar información de inteligencia.
- No se anunció ninguna medida para fortalecer las labores periciales, cruciales para la investigación del paradero de las personas desaparecidas.
- No se anunciaron medidas suficientes para generar información fiable, pública y transparente. En este sentido, está pendiente mejorar y hacer funcional el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), además de contar con bases de datos genéticas y forenses que sean la base de investigaciones sólidas en el tema.
- No se anunció ninguna iniciativa para robustecer las instancias ministeriales responsables de la investigación. Por ejemplo, en el tránsito de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía General, ya en proceso, no se prevé la creación de una instancia especializada para investigar las graves violaciones a los derechos humanos.
- No se anunció la solicitud del Ejecutivo al Senado para reconocer de inmediato la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, lo cual serviría para conocer casos individuales de acuerdo a lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este reconocimiento de competencia es apremiante, como muestra del verdadero compromiso ante la comunidad internacional y la sociedad mexicana, para poner fin a las graves violaciones a derechos humanos. En tanto dicho reconocimiento no se realice, el compromiso del Estado mexicano con el régimen internacional de los derechos humanos y con la erradicación de las desapariciones está en entredicho.
- No se anunció ninguna medida para que la discusión de la Ley General sobre Desaparición Fozarada incorpore la participación de las víctimas y de la sociedad civil. De hecho, no se priorizó esta agenda legislativa pendiente, como lo acredita el que las primeras iniciativas presentadas sean las vinculadas a los temas policiales y no a los derechos humanos.
- No se anunció la inclusión de la problemática de las desapariciones en los foros que organizará el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica) a solicitud del Ejecutivo.
- No se anunció ninguna medida vinculada a la justicia transicional que quedó trunca en México, y que en esta emergencia por las desapariciones de los últimos meses muestra su relevancia. Por ejemplo, no se anunció la creación de una comisión civil que revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos (FEMOSPP), para que sea publicado y difundido ampliamente.
Imposible afrontar la crisis
Sin la inclusión de estas medidas, recomendadas por mecanismos como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas, es imposible afrontar la crisis de derechos humanos que se cierne sobre México. Solo a través de esas acciones integrales se estarían haciendo efectivos los derechos a la justicia y a la verdad que las víctimas y la sociedad detentan.
Por tanto, en el marco del 10 de diciembre, y dadas las dimensiones de la crisis que enfrenta México en materia de derechos humanos, un buen número de asociaciones* exigen al Presidente de la República que, reconociendo la inexistencia de logros a celebrar en este día, centre su mensaje en la aceptación de la grave crisis de desapariciones que enfrenta México y anuncie medidas (como las reseñadas anteriormente) que complementen y fortalezcan las insuficientes iniciativas presentadas en su decálogo.
Finalmente exigen al Ejecutivo que, en los foros cuya organización ha solicitado al CIDE, se visibilice la problemática de la desaparición, a fin de que se diseñen y convoquen eventos públicos que se avoquen,específicamente, a discutir esta realidad, incorporando las voces de las víctimas, sus representantes y los más connotados expertos internacionales.
- Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P.
Centro de Derechos Humanos Fray Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Servicios y Asesoría para la Paz, SERAPAZ
