Brasil tuvo hasta ahora dos economistas en la Presidencia del país y los dos son los únicos alejados del poder por procesos de inhabilitación, cuyo trasfondo, paradójicamente, fueron sus fracasos económicos, analiza Mario Osava desde Río de Janeiro.
Dilma Rousseff, en el poder desde enero de 2011, fue suspendida de sus funciones de presidenta después de que el Senado decidió la mañana de este jueves 12 de mayo de 2016, por 55 votos contra 22, someterla a un juicio político que podrá prolongarse por hasta 180 días, durante una interminable sesión de casi 21 horas.
Durante ese periodo su mandato lo ejercerá el vicepresidente Michel Temer, quien asumirá definitivamente la jefatura del gobierno hasta el primer día de 2019 si Rousseff resulta destituida al final del proceso, para lo que se requerirá una mayoría de dos tercios de los 81 senadores, convertidos ahora en jueces, es decir, 54 votos.
Los analistas coinciden en que es muy improbable que la suspendida mandataria del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) recupere el poder, después de sufrir derrotas abrumadoras en los trámites de aprobación del juicio por la Cámara de Diputados, donde 71,5 por ciento votó en su contra, y por el Senado.
Probablemente se repita el caso anterior, de Fernando Collor de Mello, elegido presidente en 1989, con 40 años, e inhabilitado en 1992, tras un proceso de solo cuatro meses, basado en denuncias de corrupción.
Pero hay muchas diferencias entre estos dos casos de «impeachment» (impedimento), el término del derecho anglosajón utilizado en la legislación brasileña para definir el proceso de destitución contra altos cargos públicos elegidos popularmente.
Rousseff no es acusada de corrupción sino de fraudes fiscales para ocultar en los presupuestos la gravedad del déficit público en los últimos años y cuenta con un apoyo minoritario pero aguerrido, de algunos partidos de izquierda y movimientos sociales capaces de movilizar protestas multitudinarias.
Collor cayó totalmente aislado, con pocos votos de diputados y senadores, apoyado por un micropartido creado para formalizar su candidatura. Su impeachment resultó prácticamente de un consenso.
Pero hay también coincidencias. Ambos economistas perdieron su piso político por la gestión temeraria de la economía.
Collor inauguró su gobierno con una brutal medida para contener la superinflación, bloqueó todas las cuentas bancarias e inversiones, liberando pequeñas sumas para gastos familiares esenciales.
El producto interno bruto (PIB) de 1990 cayó 4,3 por ciento y se multiplicaron el desempleo y la quiebra de empresas. El más joven presidente elegido en Brasil perdió de golpe casi toda la popularidad. Así se cimentaron las condiciones para su inhabilitación al estallar un escándalo de corrupción dos años después.
Con Rousseff el deterioro económico llevó más tiempo. Se evidenció al final de su primer mandato (2011-2014) y se transformó en depresión con la caída de 3,8 por ciento del PIB en 2015, que se repetiría en 2016, antes de una aún incierta recuperación.
Subsidios al consumo, reducción de impuestos para «estimular» ciertos sectores, contención artificial de precios de combustibles y de la electricidad están entre las medidas antiinflacionarias o pro crecimiento que condujeron al desastre, especialmente en el área fiscal.
Collor y Rousseff también incubaron sus posteriores defenestraciones desde los comicios, donde cometieron el llamado «estelionato electoral», el fraude en las ofertas durante la campaña.
El primero se eligió en 1989 acusando a su oponente, el líder obrero Luiz Inácio Lula da Silva, que solo llegaría al poder en 2003 de la mano del PT, de preparar el bloqueo de los depósitos bancarios, justamente la medida fatal que él, Collor, adoptó en su primer día como presidente.
Rousseff descalificó a sus contrincantes, durante la campaña de su reelección en 2014, como promotores de un ajuste fiscal que luego ella misma trató de impulsar al iniciar su segundo mandato. Ocultó dificultades de su gobierno y anunció la ampliación de programas sociales inviables por la falta de recursos.
Fue un error que ayudó a engendrar el proceso de inhabilitación, admitió el mismo alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, dirigente del PT, en una entrevista el 6 de mayo.
La crisis económica ganó dimensiones de tragedia al sumarse el escándalo de corrupción en los negocios petroleros del grupo estatal Petrobras, que ya involucra más de 200 empresarios y políticos, incluyendo al expresidente Lula y otros dirigentes del PT, contaminando así la imagen del gobierno, aunque la presidenta esté exenta.
Ese cuadro hace más eficaz la acusación de que Rousseff violó leyes de responsabilidad fiscal y del presupuesto, al firmar decretos ampliando gastos gubernamentales sin autorización y al obtener créditos de bancos estatales, vedados al gobierno central.
Las dos medidas constituirían «delitos de responsabilidad» que justifican la inhabilitación, según la Constitución, y habrían agravado el déficit fiscal, el factor clave de la crisis económica.
El defensor de la presidenta, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, y parlamentarios oficialistas rechazaron las acusaciones, arguyendo que los decretos solo redistribuyen recursos por otros rubros y el gobierno solo atrasó pagos a los bancos estatales, no configurando las operaciones de crédito legalmente prohibidas.
Decenas de alcaldes y gobernadores, además de presidentes anteriores, adoptaron medidas idénticas durante sus gestiones y no sufrieron ningún proceso de inhabilitación, acotó el senador Otto Alencar, del Partido Socialdemócrata, cuya mayoría votó en contra de Rousseff.
De todas maneras, el juicio es político, la presidenta será destituida e inhabilitada si dos tercios de los senadores juzgan que existen motivos para ese fallo, con independencia de argumentos estrictamente jurídicos.
La batalla por la «admisión» del juicio, primer paso del proceso en el Senado, obligó a los 78 senadores presentes a trasnochar, escuchando a 73 oradores que pudieron hablar por hasta 15 minutos, antes de la votación. Solo tres senadores estuvieron ausentes.
El resultado, que ya se sabía desfavorable a Rousseff, contempla una indicación crucial para los opositores. Alcanzar más de 54 votos afianzó la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a la presidenta.
Pero no es seguro que los senadores que aprobaron el proceso mantengan sus votos en el desenlace. Por lo menos tres senadores matizaron sus votos, aclarando que solo estaban aprobando que se lleve a cabo el juicio, para que se profundicen las investigaciones y las discusiones sobre las responsabilidades presidenciales, antes de decidir su voto sobre la destitución.
Entre esos senadores están el exfutbolista Romario Faria, senador por Río de Janeiro, y Cristovam Buarque, exgobernador de Brasilia, ambos de partidos socialistas diferentes.
«Habrá lucha» y movilizaciones para impedir la «injusta» inhabilitación, afirmaron tanto senadores del PT como la misma Rousseff, quien ha reiterado su disposición de resistir «hasta el último día», lo que califica como un golpe institucional a la democracia.
Con el ascenso del vicepresidente, habrá fuerte concentración de poder en manos del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que tiene la mayor cantidad de alcaldes, muchos gobernadores estaduales y ahora la Presidencia, por ahora interina, además de la jefatura del Senado.
Un grupo de seis senadores de varios partidos defendieron una alternativa a la «traumática» inhabilitación, la convocatoria de elecciones extraordinarias para que «el pueblo elija sus gobernantes».
Muchos senadores, como Tasso Jereissati, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y Collor, el primer inhabilitado, defendieron una reforma política, ya que el «presidencialismo de coalición» actual demostró ser fuente de crisis e inestabilidad.
El juicio de Rousseff es también una oportunidad para debatir reformas en el sistema político.
- Editado por Estrella Gutiérrez
Hubo un tercer economista y no renunció: Fernando Henrique Cardoso.