La isla de Lindholm, situada a un centenar de kilómetros al sur de Copenhague, Dinamarca, en el golfo de Stege, se va a convertir en 2021 en el hogar de los solicitantes de asilo ”indeseables”; o sea, los que han sido condenados a la expulsión por haber cometido algún delito, así como los extranjeros que tienen alguna causa pendiente en sus países, donde podrían torturarles e incluso condenarles a muerte.
Se trata de un proyecto aprobado en el Parlamento para el que se han puesto de acuerdo el gobierno liberal-conservador danés y la extrema derecha del país (Partido Popular, Dansk Folkeparti, anti-migración y anti-europeísta), que para la ONU « no tiene sentido » y que ha movilizado a varios cientos de miles de daneses en manifestaciones contra lo que consideran “una manera más de disuadir a los demandantes de asilo” y un nuevo obstáculo del gobierno para evitar la entrada y residencia de extranjeros.
Para el Instituto Europeo de Migraciones, la política migratoria danesa “es un caso único de dureza e intolerancia”, que ha conseguido que entre 2015 y 2017 las demandas de asilo se hayan reducido en un 75%.
El objetivo oficial de esa medida es responder al descontento de los residentes cerca del Centro de Kærshovedgard, en la península de Jutlandia, donde se encuentran los migrantes cuya solicitud de asilo ha sido denegada, que fueron trasladados desde Copenhague en 2016; los habitantes de la cercana Bording se quejan continuamente del aumento de la inseguridad desde su llegada.
El nuevo centro de la isla de Lindholm -un territorio de siete hectáreas donde desde 1926 solo existe el Instituto Veterinario de Investigación de virus, un centro que se ocupa de las enfermedades contagiosas de los animales- tendrá capacidad para 125 personas y estará permanentemente vigilado por la policía aunque, ha precisado el ministro de Finanzas Kritian Jensen, “no será una cárcel. Habrá un ferry para que puedan efectuar desplazamientos desde la isla, pero siempre deberán regresar antes de la noche”.
