El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha elaborado un informe ante el próximo examen periódico universal (EPU) al que se someterá España en este año. Este evaluará la situación de los derechos humanos en el estado.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que funciona desde 2005. Fue establecido por la Asamblea General de la ONU con el fin de examinar la situación de las personas con discapacidad y comprobar las situaciones de desigualdad, discriminación, falta de inclusión y accesibilidad además de la violación de derechos humanos de las personas con discapacidad en los 193 estados miembros.
Solamente el Estado español ha cumplido el derecho al sufragio activo y pasivo de todas las personas con discapacidad gracias a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que se puso en marcha el pasado año.
Para ello, el CERMI fue nombrado como institución independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en España y es la que elaborará un informe para exponer la situación de las principales carencias que aún hoy, padecen las personas con discapacidad y sus familias. En dicho documento siguen observándose que muchos de los supuestos que la ONU exigía aún, no funcionan en España como es la protección contra discriminación por motivos de discapacidad; la revisión de las disposiciones legales que autoricen la privación de libertad por motivos de discapacidad y combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad que todavía no tienen asegurado el acceso a un sistema de respuesta integrado.
De igual forma es necesario que se erradiquen las esterilizaciones forzosas, cumplir en materia de accesibilidad universal y reemplazar los regímenes de sustitución en la toma de decisiones por un sistema basado en apoyos, que aún, sigue sin cumplirse. El CERMI apunta que deben derogarse todas las disposiciones jurídicas incluidas en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de prohibir la institucionalización forzosa y los tratamientos forzosos por motivos de discapacidad; esto es, garantizar las intervenciones por motivos de salud mental que siempre se basen en los derechos humanos y no solo en cuestiones de salud, y exigir acabar con la violencia a la que están sometidas las mujeres con discapacidad.
De igual firma es necesario garantizar la educación inclusiva a todo el alumnado con discapacidad; garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la atención sanitaria; apostar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad y luchar contra las tasas de pobreza y exclusión que redundan en una constante discriminación por tener una discapacidad.
