Dos proposiciones de ley han sido presentadas en el Senado por la agrupación Unidos Podemos, en las que se solicita el reconocimiento del grado mínimo de discapacidad (33 %), a todas las personas a las que se les haya reconocido previamente una situación de dependencia.
En la propuesta, han añadido también, la exclusión del pago de peajes en carreteras para las personas con discapacidad física. Esto supondrá la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, de forma que se valoren conjuntamente tanto las situaciones de dependencia como de discapacidad. Esto compensaría de alguna forma el sobrecoste que tienen las familias a la hora de desplazarse en su vehículo particular cuando al menos uno de sus miembros padece una situación de movilidad reducida.
La condición de estas personas será que presentan un grado de discapacidad igual o superior al 33 % los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una gran invalidez o grado de incapacidad permanente, total o absoluta; las clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación por incapacidad permanente y las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en cualquiera de sus grados.
Hay que distinguir que una persona con discapacidad no tiene por qué ser una persona dependiente si ha logrado un grado de autonomía persona y de condiciones para llevar a cabo una vida plena.
Existen muchas personas en España que por razones de enfermedad, pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial; y en algunos casos, la mezcla de algunas de ellas, precisan atención de otra u otras personas además de ayudas para realizar las actividades básicas que le suponen no tener autonomía personal; aseo, comida, etc.
Unidos Podemos cree que es una decisión suficientemente motivada por razones de justicia social, técnicas, de oportunidad política y de neutralidad presupuestaria.
