El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseguró el lunes 8 de mayo de 2017 que Ecuador denunciará los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) que fueron firmados por gobiernos anteriores al de la Revolución Ciudadana.
Explicó que, sin embargo, no basta con denunciar los tratados, porque estarán vigentes por alrededor de 5, 8 o 10 años más, sino que se les va a proponer un modelo de contrato de protección de inversiones.
“Han sido tan entreguistas los gobiernos que nos antecedieron, el gobierno de Gustavo Noboa, el de Jamil Mahuad, porque hay que señalar a estas personas que han traicionado a la patria, con su mentalidad colonialista”, aseveró Mera.
Indicó que denunciar los tratados no implica darle la espalda a la inversión, porque el Código de la Producción da incentivos a las nuevas inversiones, con beneficios como la garantía de estabilidad tributaria.
Mera manifestó que ya se firmaron contratos de prestación de servicios petroleros con empresas chinas y españolas, que han aceptado que se hagan arbitrajes en México, Chile o Brasil que conocen más la realidad política de América.
Al respecto, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, indicó que la decisión de denunciar los tratados no fue de última hora, pues el tema está en discusión desde el 2006 y continuó entre 2007 y 2008 con la Asamblea Constituyente que elaboró una Carta Magna.
Long manifestó que además de ser humillantes, los tratados no lograron su propósito, que era mejorar los niveles de inversión extranjera: “Hemos sido víctimas de estas instancias de arbitraje internacional, de que esos arbitrajes bajo la modalidad de los TBI son una verdadera estafa, los países del sur que se someten a los arbitrajes, casi siempre pierden”, expresó Long.
Cecilia Olivet, presidenta de la Comisión, indicó que estos TBI lejos de aportar inversiones han causado pasivos ambientales, dejando derrames de crudo, afectaciones en el agua, y, además, muchas de esas empresas son evasoras de impuestos y en ocasiones declaraban pérdidas.
Olivet precisó que las inversiones hacia Ecuador provienen básicamente de Brasil, México y Panamá y con ninguno de esos países Ecuador tiene vigente un tratado de protección de inversiones, lo cual muestra que esos tratados no tienen relación directa con la inversión.
Los pagos que ya ha efectuado el país según el informe ascienden a 1498 millones de dólares, de los cuales, 1342 se pagaron a Occidental, Chevron, Duke Energy y Noble Energy, mientras 156 millones de dólares se pagaron a árbitros y a bufetes de abogados para defender al Estado ecuatoriano.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes del caso Chevron, afirmó que los TBI en este caso han intentado garantizar impunidad a las grandes corporaciones, y que este acuerdo establece normas por encima de la ley de cada Estado y luego lo somete al tratado, y si el Estado quiere imponer su ley interna lo llevan a un tribunal y lo obligan a pagar cuantiosas cifras económicas que perjudican a la país y violan la soberanía.
Fajardo comentó que se han producido abusos incluso invocando tratados inexistentes, pero que se han usado para demandar a los Estados.
“En este caso aplican un TBI inexistente o de forma retroactiva un convenio que no se firmó con Ecuador, es una cuestión perversa para el país, sino había un TBI cuando Chevron deja de invertir en el Ecuador, cómo es posible que pueda aplicar un TBI en un litigio posterior, a lo que acotó que «no se puede aplicar la norma retroactivamente en ninguna parte del mundo”, indicó Fajardo.
Organizaciones de la sociedad civil y de la economía popular y solidaria acudieron al auditorio de la plataforma financiera en donde se presentaba el informe de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección de Inversiones y rechazaron estos instrumentos, manifestaron que ese dinero bien podría servir para apoyar a los pequeños emprendimientos y no ser pagado a transnacionales que demandan injustamente a los Estados.
La Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) entregó este lunes al presidente Rafael Correa su informe final en el que concluyó que hubo ligereza en la firma de estos tratados y que no se tomó en cuenta la magnitud del riesgo que asumía el país.
El pasado miércoles, el Pleno de la Asamblea Nacional trató los informes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales referentes al pedido de denuncia de 12 TBI que Ecuador mantenía con igual número de países. Queda pendiente la publicación de Decretos Ejecutivos para cada TBI y una notificación formal por parte de Cancillería a cada uno de los países con los que existen estos tratados.
Según explicó en días pasados el ministro Coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, una vez que se dé la terminación de los TBI, empezará a correr un plazo de diez años en la mayoría de los tratados para tener un mejor texto.
