El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha elaborado una propuesta para que se introduzcan medidas de protección reforzada para la infancia con discapacidad en la futura ley integral contra la violencia de niños y niñas que el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad está actualmente valorando.
En el documento realizado bajo el amparo de la convención de los derechos del niño y la convención de los derechos de las personas con discapacidad se obliga a los estados parte a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la infancia con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los niños.
La futura ley contra la violencia de menores debería ser de carácter orgánico y deberá incluir una dimensión transversal y específica referida a estos niños que no solo lo son, sino que además nacen o padecen una discapacidad. Esto les sugiere que están expuestos a distintas formas de violencia por su situación objetiva y son más vulnerables, si cabe, que el resto. Para ello, exigen aprobar una estrategia estatal de lucha contra la violencia hacia los niños con discapacidad que cubra todas las formas posibles de violencia. Asimismo, insta a dar mayor visibilidad a los abusos y violencia contra los niños con discapacidad en todas sus formas.
En otro sentido, consideran importante la formación de profesionales en materia de violencia y abuso infantil y tanto en los ámbitos educativos, servicios sociales, sanitarios, policial y judicial, que todos esos profesionales sepan distinguir los casos, detectar cada situación e intervenir adecuadamente cuando hablamos de infancia con discapacidad. De esta forma, se podrían crear unidades específicas sobre la violencia contra los menores con discapacidad en la inspección educativa así como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Por otro lado, consideran que en el documento deben garantizar la plena accesibilidad universal en los procesos judiciales que proporcionen los apoyos necesarios para que todos los menores puedan tener acceso a la información y la posibilidad de expresarse en igualdad de condiciones.
Se plantea elaborar el estaturo de la víctima del delito que fije objetivos y evalúe los resultados con una dotación de medios necesarios que refuerce estos grupos vulnerables. De ahí que emplace a la ministra a reformar el código penal para agravar las penas derivadas de cualquier tipo de delitos cuando las conductas delictivas estén inspiradas por el odio hacia la infancia con discapacidad. Los datos están ahí y la necesidad de adoptar una protección efectiva para la infancia es necesaria. Los niños y niñas con discapacidad son víctimas de la violencia con una frecuencia 3.7 veces mayor que los que no tienen discapacidad; física, 3, 6 veces mayor y sexual, 2,9 veces mayor.
Por otro lado, el CERMI asegura que no hay otra forma sino hacer campañas de sensibilización, prevención, detección, intervención y por supuesto, reparación en torno a la violencia en la infancia así como establecer protocolos de actuación adecuados conformes a los principios de accesibilidad universal; incluyendo la cognitiva, para saber cómo se debe abordar cada caso. En la detección de las situaciones de abuso y violencia también pueden realizarse en el entorno familiar y privado y de esa forma, es más complicado resolverlo.
