La ley que despenalizó el aborto en Argentina el 30 de diciembre 2020 concluyó una larga batalla por el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el país sudamericano, y además dio esperanzas a que ese logro se propague por el resto de América Latina y el Caribe, una región que penaliza en forma muy restrictiva la materia, informa Kate Chappell (IPS) desde Kingston.
Para llegar a la legalización del aborto inducido hasta la semana catorce de embarazo, tuvieron que morir al menos tres mil mujeres en Argentina a consecuencia de abortos ilegales y fallidos desde 1983, recuerdan activistas del país.
El optimismo entre los movimientos de mujeres en la región también lo nutrió la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de anular el 28 de enero 2021 la llamada regla de mordaza global, con la que la administración de su predecesor, Donald Trump, prohibió toda asistencia financiera a organizaciones que operasen en cualquier parte del mundo si eran favorables al derecho a decidir de las mujeres o tan siquiera a la planificación familiar.
Según el Instituto Guttmacher, una organización internacional de investigación y políticas de salud sexual y reproductiva con sede en Nueva York, entre 2010 y 2014, se practicaron 6,5 millones de abortos inducidos cada año en América Latina y el Caribe.
En esta región, según datos del Instituto anteriores a la legalización en Argentina, 97 por ciento de las mujeres viven en países con una legislación restrictiva sobre el aborto, pero pese a ello 46 por ciento de los 14 millones de embarazos no deseados se estima que terminan cada año en aborto. Y de esas interrupciones del embarazo, 60 por ciento se practican en forma insegura o muy insegura.
Situación en el Caribe
Tonni Brodber, representante interina de ONU Mujeres para su Oficina Multinacional en el Caribe, con sede en Barbados, tiene esperanza en que el caso argentino tenga consecuencias alentadoras para los países del área.
«Eso espero. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia, la gente está luchando por recuperarse y tratando de gestionar el día a día en una pandemia, pero hay mucho apoyo a lo que ha sucedido dentro de los espacios de las organizaciones de mujeres» dijo la representante de ONU Mujeres para veintidós países y territorios caribeños de habla inglesa y holandesa, la mayoría insulares.
No obstante puntualizó que es una tema difícil, por lo que será debatido durante mucho tiempo.
A su juicio el debate debe poner el foco en los derechos humanos y, en particular, en los derechos de las humanas, y deben tener como base las lecciones aprendidas en otros países, así como la empatía por las personas afectadas.
Brodber recordó que Jamaica y todos los demás países de la Comunidad del Caribe (Caricom) son parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), conocida en el universo multilateral como la constitución de las mujeres.
Su artículo dieciséis garantiza a las mujeres en su apartado e) los derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
Además, en del artículo diez, dedicado a los derechos a la educación de las mujeres para garantizar su igualdad de derechos respecto a los hombres, se específica en el punto h) que debe garantizarse para ellas acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación.
En Jamaica el aborto está tipificado como delito con una pena que puede alcanzar la cadena perpetua con o sin trabajos forzados, excepto para dos supuestos: salvar la vida de la mujer embarazada o preservar su bienestar físico y mental, aunque con limitaciones.
Brodber consideró esperanzador que en entre los líderes del país, de ambos géneros, crezcan los que están proclives a abrir el debate sobre el asunto. Esto puede ser motivador para muchas personas que pueden sentir que estos temas no tienen prioridad, afirmó.
Los jamaiquinos han estado debatiendo este tema durante décadas sin resolución y, al igual que sucedía en Argentina, enfrentan una fuerte oposición a cualquier legislación menos restrictiva por parte de las confesiones religiosas.
Esto es similar a la mayoría del resto de países del Caricom.
Guyana es el único país donde el aborto inducido es legal en todos los supuestos posibles: si la vida de la madre peligra, si está en riesgo su salud física o mental, si el embarazo es producto de una violación o si hay malformación del feto o hay amenaza para su bienestar socioeconómico.
Lo siguen Barbados, Belice y Santa Vicente y las Granadinas, en los que se faculta la interrupción del embarazo en todos los supuestos anteriores, menos el de amenaza para el bienestar socioeconómico de la mujer.
El Instituto Guttmacher recuerda que en el Caribe latino y América Central se encuentran los países con mayor restricción del continente americano, aquellos donde se pena el aborto inducido en cualquier forma y supuesto: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
El único país del área donde la interrupción del embarazo es legal sin restricciones es Cuba, al que se suma el estado libre asociado de Puerto Rico. En el resto de América Latina, antes de Argentina, Uruguay se sumó a la lista de países sin restricciones al aborto, con una ley de plazos y no de supuestos en que se despenaliza.
