El Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizó el 5 de marzo de 2020 la apertura de una investigación sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos, a partir del 1 de mayo de 2003, durante el conflicto armado en Afganistán, por todas las partes que tomaron parte en aquella guerra, informa Amnistía Internacional Francia (AI).
«Esta decisión –dice la organización humanitaria- llega en un momento histórico», de especialidad debilidad del TPI desde que en abril de 2019 su Cámara Preliminar se negara a ponerse de parte de las víctimas de los crímenes contra la humanidad, cometidos por todos los que tomaron parte en el conflicto; víctimas «ignoradas durante años, incluso en el reciente acuerdo de paz que no las menciona en ningún momento».
La administración del ultraconservador y xenófobo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la decisión del TPI, que va en el sentido de luchar contra la impunidad, porque lo considera «ilegítimo» para investigar a sus ciudadanos. Por el contrario, para AI, merece la «reafirmación de un apoyo fuerte e inequívoco».
El examen preliminar de lo ocurrido en la República Islámica de Afganistán comenzó en 2007. Diez años después, en octubre de 2017, la Fiscalía informaba de su intención de pedir autorización para abrir una investigación sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por todas las partes en el marco de la guerra de Afganistán, lo que incluye los atribuidos a los talibanes y sus aliados, así como los de las fuerzas gubernamentales afganas y las fuerzas internacionales, lideradas por el ejército de Estados Unidos.
Mediante una decisión del 12 de abril de 2019, la Cámara Preliminar desestimó la demanda, considerando que la apertura de una investigación «no serviría a los intereses de la justicia», porque no iba a conseguir la cooperación de los estados en causa, insistiendo en que el tribunal debía dedicar sus recursos a otras investigaciones que tuvieran más posibilidades de éxito.
AI, junto a otras organizaciones no gubernamentales, criticaron en su día la decisión de la Cámara Preliminar y presentaron un amicus curiae (expresión latina que se refiere a una persona o entidad que, sin haber sido solicitada por ninguna de las partes, ofrece informaciones al tribunal para ayudarle) pidiendo al TPI que tuviera en cuenta el punto de vista y las preocupaciones de las víctimas.
