Erwin Sperisen fue jefe máximo de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala entre 2004 y 2007, cuando dejó el país y se estableció en Suiza. En agosto de 2010, las autoridades guatemaltecas emitieron una orden de arresto internacional acusándolo, entre otras cosas, de ejecuciones extrajudiciales en las cárceles de Pavón e Infiernito, informa Isolda Agazzi desde Ginebra.
Las autoridades del cantón suizo de Ginebra lo detuvieron el 31 de agosto de 2012, pero su extradición a Guatemala no fue posible porque también tiene pasaporte suizo. Ahora está sometido a juicio en Suiza con una posible condena a cadena perpetua. El proceso comenzó el día 15 de mayo y se prevé que concluya el 6 de junio.
Sperisen, con ciudadanía suiza y guatemalteca, está sometido a juicio en Ginebra por el asesinato de diez prisioneros en 2005 y 2006, cuando era director general de la PNC. Los testimonios en su contra los aportó TRIAL (Track Impunity Always), una organización no gubernamental (ONG) suiza que busca justicia para los crímenes internacionales vinculados a los derechos humanos.
El director de TRIAL, Philip Grant, dialogó con IPS sobre la trascendencia del caso.
IPS: ¿Qué está en juego en este juicio?
Philip Grant: La capacidad del sistema judicial suizo para juzgar hechos o delitos cometidos a miles de kilómetros de distancia, en un contexto y cultura completamente diferentes. Suiza no celebraba un juicio penal de este tipo desde 2000, cuando un alcalde de Ruanda fue condenado a 14 años de prisión por su participación en el genocidio y crímenes contra la humanidad.
En términos más generales, existe una tendencia más amplia que empuja a los estados a asumir los casos donde los delitos se cometen en el extranjero y los vínculos con el país son muy débiles o posiblemente no existen, salvo que el sospechoso sea sorprendido en el territorio.
La base jurídica es la jurisdicción universal. El derecho internacional, en particular los convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura, exige a la comunidad internacional que investigue y juzgue estos crímenes.
IPS: ¿Esta es una nueva tendencia?
PG: No, pero crece con rapidez. Hubo decenas de casos a partir del proceso de guerra nazi alemán Adolf Eichmann en Israel en 1961. Después, en 1998, el del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y ahora son cada vez más. En Gran Bretaña, el Ministerio del Interior indica que cientos de sospechosos ingresaron al país desde Sri Lanka, Afganistán, los Balcanes, Sierra Leona y otros lugares.
Ningún otro país reúne cifras similares, pero Holanda señaló que decenas de presuntos genocidas ruandeses están presentes en su suelo, y tan solo en Francia, las ONG presentaron más de 25 denuncias penales contra sospechosos ruandeses.
Varios países instituyeron unidades de crímenes de guerra, como Holanda, que cuenta con 35 investigadores que realizan detenciones periódicas. La unidad francesa se creó en 2012 y este año su primer juicio terminó con la condena de un hombre de Ruanda a 25 años de prisión.
IPS: ¿Esto se limita a los países occidentales?
PG: No. Actualmente se investigan casos en Senegal, contra Hissène Habré, un ciudadano de Chad, y en Sudáfrica, contra sospechosos de Zimbabwe. Argentina intenta indagar casos vinculados a los crímenes del dictador Francisco Franco (1939-1975), en España.
Muchos países quizá no estén preparados para investigar, pero la mayoría tiene un código penal que les da la capacidad para investigar y juzgar los crímenes internacionales.
Otra tendencia es que las autoridades fiscales del Norte comienzan a juzgar también a sus propios nacionales y no sólo a personas del Sur en desarrollo.
IPS: ¿Eso se refiere también a los delitos económicos?
PG: Tímidamente. En Suiza el fiscal general abrió una investigación penal sobre la compañía suiza Argor, una de las refinadoras de oro más importantes del mundo, por su presunta complicidad en el saqueo de oro en República Democrática del Congo.
En Francia la fiscalía investiga a una empresa que le vendió material de vigilancia a Libia y que le permitió al régimen anterior libio ubicar y torturar a opositores.
La idea es juzgar no sólo a los autores de los crímenes, sino también a quienes lucran con ellos. Holanda investigó a la empresa holandesa Riwal, que ayudó a erigir el muro de separación entre Israel y Palestina, en una clara violación del derecho internacional humanitario. La policía holandesa allanó sus oficinas.
El caso fue detenido posteriormente, pero la firma había cesado sus negocios relacionados con el muro.
Cuando se publicó la decisión, otra empresa que trabaja en los territorios ocupados cesó su colaboración con Israel, por temor a violar el derecho internacional.
IPS: ¿Sperisen podría haber sido juzgado en Suiza, incluso si no hubiera sido ciudadano suizo?
PG: Si no se tiene un vínculo estrecho con un país, como lo es la nacionalidad, el umbral para arriesgar el procesamiento es el nivel de crímenes cometidos. Por robar un coche, no hay jurisdicción universal.
Usted puede convertirse en un objeto de la jurisdicción universal si comete violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales – como el genocidio, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El sistema no se utilizó mucho en el pasado, pero ahora cada vez más ONG trabajan en este tema. En Suiza, TRIAL es la única que investiga estos casos en el terreno y presenta denuncias.
IPS: ¿Cuáles son las principales dificultades en este tipo de procedimiento?
PG: La protección de los testigos y las víctimas. Diecinueve personas fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales en relación con Sperisen. Un abogado fue asesinado, por lo menos uno de los testigos fue asesinado y la madre de una de las víctimas podría estar en peligro. Ella es la única demandante en este caso.
Aunque se trata de diez casos de ejecuciones extrajudiciales y hay diez familias que podrían haber presentado denuncias, algunos tenían miedo y otros viven en el extranjero. El poder judicial en Suiza se enfrenta a dificultades para ordenar medidas de protección que se aplicarían en Guatemala.
IPS: ¿Cómo se trabaja con las organizaciones en Guatemala?
PG: Mediante el trabajo con las ONG y los defensores de derechos humanos del país, o con la Procuraduría de los Derechos Humanos, pudimos reunir pruebas contra Sperisen.
La Organización de las Naciones Unidas instauró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad ilegales porque los propios investigadores nacionales eran considerados demasiado corruptos y poco confiables. También hablamos con la Comisión, aunque no podía compartir los resultados de sus investigaciones con nosotros.
Aunque presentamos la denuncia inicial con otras ONG, no somos una de las partes interesadas en el caso. Lo que hicimos, por ejemplo, fue contribuir con la información a las autoridades y las pusimos en contacto con los testigos. Durante el juicio, solo la demandante está representada en el tribunal. Si Sperisen recibe una condena, ella puede pedir una reparación.
TRIAL presentó muchos casos más, y algunos todavía se están investigando. Otros están cerrados. Cuando George Bush anunció que vendría a Ginebra en 2011, empezamos a trabajar en una denuncia por tortura. En cierto momento se hizo público y de repente decidió no venir.
Actualmente también estamos investigando a un pequeño número de casos de ciudadanos de los países occidentales.
IPS: El veredicto se conocerá el 6 de junio. ¿Cuáles serán las consecuencias de este asunto?
PG: El superior directo de Sperisen, el exministro del Interior Carlos Vielmann, está siendo investigado en España. Si Sperisen es condenado se activará una fuerte presión para que Vielmann también sea juzgado allí.
Me imagino que las consecuencias también se harán sentir en Guatemala. Supongo que el actual jefe de policía guatemalteco debe estar siguiendo el juicio. Si Sperisen es condenado, apuesto a que habrá cambios en la forma en que opera la policía guatemalteca.
Pero cualquiera sea el veredicto, será un paso más en la lucha contra la impunidad en todos los ámbitos.
