Es imprescindible proteger a los periodistas en América Latina

América Latina ha sido el continente con más periodistas asesinados a causa de su profesión en 2020, y otro dato, el ochenta por ciento de los asesinatos durante la última década se han cometido en Brasil, Colombia, México y Honduras: 139 periodistas y colaboradores de medios entre 2011 y 2020.

En el marco del proyecto «Bajo riesgo- Análisis de los programas de protección de periodistas en América Latina», que cuenta con el apoyo de la Unesco, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha analizado los principales puntos en común en las ejecuciones de periodistas.

Para este estudio, cuyo objetivo es entender mejor los desafíos que afrontan los programas de protección para la profesión, RSF se ha basado en la información de su «barómetro», que registra las principales agresiones cometidas contra los periodistas en todo el mundo.

De ahí que haya constatado que América Latina ha sido el continente con más periodistas asesinados a causa de su profesión en 2020, y el 80 por ciento de los asesinatos de los comunicadores cometidos en esta parte del mundo durante la última década se concentran en Brasil, Colombia, México y Honduras. Según los datos recopilados por RSF, solo en esos cuatro países fueron asesinados 139 periodistas y colaboradores de medios entre 2011 y 2020.

La mitad de los periodistas asesinados trabajaba como reportero, fotoperiodista o camarógrafo y colaboraba con al menos un medio de comunicación. El análisis de los datos también revela que el 39 por ciento de ellos cubría asuntos relacionados con la política. Los demás temas más habituales para los periodistas asesinados son el crimen y la corrupción. Los principales objetivos son los periodistas sobre el terreno que denuncian y critican la malversación de fondos y los actos ilegales en su región.

Ejecuciones programadas

El término «objetivo» se utiliza con total fundamento en este estudio, ya que en el 92 por ciento de los casos, las circunstancias del crimen revelan que los agresores atacaron a un periodista que estaba en su mira. Del total de muertes registradas entre 2011 y 2020, solo el 7,2 por ciento (10 de los 139 casos) se produjo durante una coberturas de riesgo, en las que el periodista recibió un disparo sin que necesariamente fuera dirigido en su contra.

Aunque algunos de los periodistas fueron asaltados en su lugar de trabajo, mientras se encontraban en sus redacciones o frente a la sede de sus medios, la mayoría de ellos (el 58 por ciento) fueron atacados cerca de sus oficinas, en sus casas o en el trayecto entre sus domicilios y el lugar de trabajo. Las circunstancias en las que se cometieron muchos de estos crímenes también suelen ser las mismas: los agresores seguían a los comunicadores y resulta evidente que su ejecución había sido planeada por asesinos profesionales.

En cuanto al modus operandi, a uno de cada cuatro –sobre todo en México–, lo secuestraron antes de ejecutarlo. En estos casos concretos, la mayoría de los cadáveres encontrados después presentaba señales de tortura. A algunos, incluso los mutilaron.

Varones y residentes en pueblos pequeños

La mayoría de las víctimas (el 93 por ciento) fueron hombres. Sin embargo, esta proporción no permite afirmar que las mujeres periodistas estén mejor protegidas. En el conjunto de la región, donde el 41 por ciento de quienes se dedican al reporterismo son mujeres, también a ellas se las silencia con violentas campañas de amenazas y acoso, generalmente en internet, lanzadas contra ellas y sus familias, a veces incluso directamente por las autoridades de su zona.

El estudio de RSF también muestra que los riesgos son mayores para los que trabajan en ciudades pequeñas. El 56 por ciento de los asesinados vivía en municipios de menos de cien mil habitantes. Al menos el 54 por ciento de los asesinados en municipios de entre cien mil y quinientos mil habitantes -que podrían considerarse ciudades medianas en Brasil, México y Colombia- ya habían recibido amenazas antes de su ejecución.

Estas cifras no coinciden necesariamente con el tópico popular del periodista de investigación que trabaja para un gran periódico con sede en una capital y al que asesinan por revelar información de relevancia nacional. Al contrario: en su mayoría, a quienes quitaron la vida de manera deliberada en Brasil, México, Colombia y Honduras entre 2011 y 2020 vivían lejos de los grandes centros urbanos, a menudo trabajaban en situaciones precarias, para varios medios, y cubrían temas que afectaban muy de cerca a autoridades y poblaciones locales.

Urgen programas de protección más eficaces

Otra lección del estudio de RSF es que muchos asesinatos se podrían haber evitado. Al menos el 45 por ciento de las víctimas informaron de que habían recibido amenazas y lo hicieron de forma pública, tanto en los medios para los que trabajaban, como desde sus cuentas en las redes sociales o, incluso, directamente ante las fuerzas de seguridad de las ciudades donde residían.

Sin embargo, solo diez de los 139 –entre los que no se contaba ninguna mujer–, se beneficiaron de las medidas de protección del Estado. Dicha cifra representa el 7,2 por ciento del total de las víctimas y casi el 16 por ciento de quienes recibieron amenazas. Estos datos llevan a RSF a preguntarse y a querer comprender por qué solo se habían proporcionado medidas de protección a una minoría de ellos y por qué los diez que se beneficiaron de dichas medidas de seguridad perdieron la vida durante este período.

Aunque Brasil, México, Colombia y Honduras no son países oficialmente en guerra, estas cifras son especialmente preocupantes. A finales de 2020, el balance anual de RSF reveló que México era el país más peligroso del mundo para la profesión, con al menos ocho casos de periodistas ejecutados, a veces de forma salvaje, por investigar los vínculos entre el crimen organizado y la clase política.

Violencia estructural

Considerada la forma más extrema de censura, el asesinato de periodistas es solo la parte más visible de la violencia contra la prensa. Esta práctica se enmarca en un escenario más amplio de amenazas continuas y de violencia estructural en la región, que afecta sistemáticamente a los defensores de los derechos humanos y a todos aquellos que denuncian públicamente a quienes ejercen el poder, ya sean políticos u organizaciones criminales.

Cuando un país es escenario de una situación estructural de violencia contra la prensa, no solo está en juego la libertad de expresión individual de los periodistas, sino también el derecho colectivo a la información de toda la sociedad. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento».

Estos periodistas fueron silenciados porque el contexto político y de seguridad pública de su región no garantizaba las condiciones para ejercer su profesión con total seguridad. Además, la mayoría de los medios para los que trabajaban eran demasiado precarios o frágiles para asegurar su protección y el diez por ciento de ellos eran profesionales independientes o colaboraban con radios comunitarias.

Uno de los desafíos del proyecto «Bajo Riesgo», que cuenta con el respaldo de la Unesco, es comprender cómo las políticas públicas nacionales para proteger a los periodistas pueden ayudar a cambiar esta triste realidad. El estudio tiene como objetivo evaluar la implementación y la eficiencia de los mecanismos de protección para los periodistas en estos cuatro países. 

Considerando que es deber de los Estados garantizar las condiciones que permitan el ejercicio libre y seguro del periodismo, al final del proyecto RSF presentará a las autoridades públicas un informe detallado que incluirá recomendaciones estratégicas capaces de contribuir a la consolidación de estas iniciativas.