El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de 5000 preguntas escritas «para desmontar las mentiras» del ministro de Educación, José Ignacio Wert, sobre la bajada de las becas y la reducción del número de profesores en España.
«En la pasada sesión de control, el ministro Wert volvió a negar dos evidencias: la bajada de becas y el despido de más de 24.000 maestros y profesores de secundaria y otros 6.000 docentes universitarios», ha explicado el portavoz socialista de Educación, Mario Bedera.
Por ello, el Grupo Socialista va hacer alrededor de 5000 preguntas, para recabar estos datos provincia por provincia, comunidad autónoma por comunidad autónoma y universidad por universidad.
«Queremos saber cuántos profesores se han despedido, cuantas becas y de qué tipo se han ido eliminando en cada una de las provincias y territorios de España, y también vamos a preguntar por todos aquellos programas de cooperación territorial que en la época socialista se venían cerrando y acordando con las CCAA -como eran el educa 3, el plan PROA, o el escuela 2.0, etc…- y tener así datos fehacientes que demuestren que el ministro Wert sigue mintiendo en cada comparecencia y en cada ocasión que tenemos la oportunidad de preguntarle, sobre temas fundamentales para los españoles: becas, profesorado y todos los programas de cooperación que hacían que fuéramos bajando el abandono escolar»
Las preguntas indagan en el número y la cuantía de las becas y de las ayudas para libros de texto y material escolar, residencia, comedor, transporte, idiomas, becas Erasmus, etc…, desde la educación infantil hasta la universidad, distribuidas por provincias, comunidades autónomas y universidades.
Otro paquete de preguntas está dedicado al profesorado. El PSOE quiere saber cuál es el número de efectivos del personal docente y no docente contabilizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, en los distintos niveles de enseñanza, desde enero de 2011 hasta junio de 2014.
Finalmente, los diputados socialistas se interesan también por los programas de cooperación territorial suscritos por el Ministerio de Educación con las distintas administraciones, y la cuantía de los mismos, desde el curso 2011-2012 hasta ahora. Igualmente respecto a los convenios de colaboración sobre bibliotecas escolares, programas de refuerzo, orientación y apoyo educativo, sobre el uso de Internet y las nuevas tecnologías, el impulso del aprendizaje de lenguas extranjeras, educación ambiental, sobre la creación de plazas escolares de 0 a 3 años, y la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil (3- 6 años), financiación de los libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza, reducción del abandono escolar, o el reconocimiento de competencias profesionales y la formación permanente del profesorado, entre otras cuestiones.
Moción sobre el incremento de la desigualdad
Por otro lado, el Grupo Socialista ha presentado una moción que será debatida y votada en el próximo Pleno del Congreso, consecuencia de la interpelación al ministro de Educación formulada por Mario Bedera, denunciado las «consecuencias en el incremento de la desigualdad que está produciendo su nefasta política educativa».
En ella, el PSOE propone elevar las inversiones en educación hasta alcanzar, en ocho años, el 7 % del PIB; derogar los requisitos restrictivos establecidos por el Gobierno en los reales decretos de becas y ayudas al estudio, que eliminan la beca como un derecho; y eliminar los actuales límites de la tasa de reposición del profesorado.
También se reclama recuperar el pacto constitucional y defender la educación como un servicio público de calidad; fortalecer la cooperación institucional entre las administraciones públicas, para facilitar el compromiso de con la mejora continua del sistema educativo; adquirir un compromiso fuerte y claro con la educación pública en todas y cada una de las etapas y niveles educativos, destinando los recursos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades para todos; y establecer un modelo de financiación que garantice un suelo común para todas las administraciones públicas, que evite le repago de las familias y que compense las diferencias con los países europeos.
