El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas emitió un informe el 7 de septiembre de 2017 en el que daba un plazo a España de 90 días para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo.
Las preocupaciones de este Grupo de Trabajo coinciden con las insistentes reclamaciones de Amnistía Internacional, quien lleva más de una década exigiendo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra civil y el franquismo. De los más de 114 000 crímenes de derecho internacional cometidos entonces, y ya denunciados ante la Justicia española, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
“En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar a otros estados los crímenes cometidos en este período», señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
En 2010, algunas víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciando una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hasta ahora, España ha rehusado colaborar con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini de Cubría interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.
“De esta manera, el Estado español ni investiga ni deja que otros lo hagan, mostrando así su desdén con las miles de víctimas de desapariciones forzadas en nuestro país”, asegura Beltrán.
En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República de México inició una investigación impulsada por Amnistía Internacional por el caso de Ligia Ceballos Franco, que unos años antes había descubierto que había sido entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en España. Sobre este caso, que Amnistía Internacional enmarca como una desaparición forzada, se refirió el Grupo de Trabajo expresando que la apertura de dicha investigación en México representa otra oportunidad para que España preste colaboración y fortalezca el auxilio judicial.
Asimismo, el Grupo de Trabajo insistió en que las labores de localización e identificación de personas no puede depender exclusivamente de los familiares, sino que debe ser asumida como una obligación del Estado abarcando la totalidad del territorio nacional. A este respecto, en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de los organismos internacionales, entre otras cuestiones, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada. “Esta iniciativa suponía una buena noticia, pero necesita mayor continuidad tanto en el poder Ejecutivo como Judicial”, concluye Beltrán.
