Expertas de la ONU: legalización del aborto en Argentina modelo para América Latina

La nueva ley que autoriza el aborto en Argentina hasta las catorce semanas es «revolucionaria» y un «paso crucial» para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas, porque la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo discriminaba a las mujeres y niñas más pobres y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro.

Aborto legal en Argentina, manifestación reivindicativa
Aborto legal en Argentina, manifestación reivindicativa

Expertas de la ONU en derechos humanos1 han elogiado la legalización del aborto en Argentina como un «paso histórico» que, esperan, convertirá al país sudamericano «en un modelo» para toda América Latina «y más allá».

«La penalización del aborto no contribuía significativamente a disminuir las interrupciones de embarazos, sino que simplemente llevaba a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros, y muchas mujeres murieron como resultado de ello», dicen las relatoras en un comunicado en el que califican la nueva ley como «revolucionaria» y «un paso crucial para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas».

Hasta ahora, Argentina permitía el aborto sólo en casos de violación sexual o cuando la salud de la mujer estaba en peligro, aunque en la práctica no estaba disponible ni siquiera por estos motivos.

La nueva ley, aprobada en el Senado el 30 de diciembre legaliza los abortos hasta la semana catorce de embarazo y es el fruto de años de activismo en favor de los derechos de la mujer. «Aplaudimos la extraordinaria movilización de las y los activistas del país que contribuyeron a la aprobación de esta ley», dijeron las expertas.

La Oficina de Derechos Humanos en América del Sur, calificó la nueva ley como «un avance significativo para los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región». Mientras que la alta comisionada, Michelle Bachelet, recordó en un tuit que «casi todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en países que lo criminalizan o restringen severamente, forzando a las mujeres a recurrir a procedimientos inseguros».

La ley vigente también discriminaba a las mujeres y niñas que viven en la pobreza y que no pueden permitirse viajar al extranjero o pagar un procedimiento seguro, como podían hacer las mujeres con más recursos económicos, dice el comunicado de las relatoras. Contribuyó a la continuación forzada de embarazos, incluso en casos en que el embarazo era consecuencia de una violación.

Las expertas además citan las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que muestran que los países en los que las mujeres obtuvieron el derecho a interrumpir sus embarazos en los años setenta y ochenta -y también tienen acceso a la información y a todos los métodos anticonceptivos- tienen tasas más bajas de interrupciones del embarazo.

Mucho por hacer

Las expertas, no obstante, recuerdan que «queda mucho por hacer para asegurar los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad y al más alto nivel de salud sexual y reproductiva».

«Ahora es importante que la ley se aplique en todo el país y no sea usurpada por una agenda política o un dogma religioso», dicen las expertas que señalan como preocupante una cláusula de objeción de conciencia que permite que los profesionales de la salud no practiquen abortos por sus creencias personales.

«Esta cláusula no debe convertirse en una nueva barrera que impida a las mujeres y las niñas acceder a los servicios de aborto en el momento oportuno», dijeron, porque «en estos casos, el tiempo es esencial».

1 Las expertas: Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane; Tlaleng Mofokeng, forman parte del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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