Félix Muriel*
En un sondeo de Metroscopia de diciembre de 2013, el 62 % de los encuestados consideraban que la Constitución Española (CE) había tenido cosas buenas y malas (58 % de entre los militantes del PP y 56 % de los del PSOE y, en cuanto a edades, el 59 % entre los mayores de 65 años, el 68 % entre los de 16-34 y el 61 % entre los de 35-54). Y ante la pregunta de si la Constitución necesitaba reformas profundas o solo retoques, el 53 % creía que reformas profundas, frente a solo el 29 % que lo creía en el anterior sondeo de 2008 y el 42 % pensaba que solo retoques frente al 59 % que lo pensaba en 2008.
Como dato significativo, el 75 % de los encuestados de Cataluña estimaba que la CE necesitaba reformas profundas, frente al 49 % del resto de encuestados en las demás comunidades y el 23 % de los preguntados en Cataluña consideraba que solo necesita retoques frente al 45 % restante. Más contundente era la respuesta ante la pregunta de si se debía reformar el actual estado de las autonomías: el 82 % de sí frente al 13 % de no.
Es decir, que la opinión pública española parece inclinarse mayoritariamente por la reforma de la Constitución y se observa un in crescendo en el porcentaje de quienes consideran que la reforma debería ser en profundidad desde el 2008 al 2013 y una abrumadora mayoría que considera que debería reformarse o cambiarse el modelo de las autonomías.
Y lo que es más significativo: el 81 % de los políticos son partidarios de la reforma constitucional, según el Estudio sobre Élites políticas en España 2009-2011, del Centro de Investigaciones Sociológicas, porcentaje que no se había dado hasta entonces en los treinta y tres años de vigencia de la Constitución en la fecha en que se realizó el estudio.
A principios de diciembre último, el profesor Blanco Valdés publicaba un artículo con el significativo título: “El fantasma de la reforma constitucional recorre España”, en que aludía a ese fenómeno un tanto extraño que supone la generalización del ruido en torno a una posible reforma de la Constitución en medio de un “debate que marcha con una notable oscuridad”. No le falta razón al profesor gallego.
Desde el inicio del octenio negro de la crisis, la precipitada reforma de la Constitución de agosto del 2011, la aparición del movimiento de los indignados y de su encuadramiento político organizativo posterior, la agravada crisis catalana y demás eventos políticos de los últimos tiempos, incluso ya desde el nacimiento de la primera hija de los entonces Príncipes de Asturias, se ha instalado en España el tema de la reforma, rompiendo el tabú del que gozaba hasta entonces.
Y lo ha hecho, muy a nuestro estilo, de manera difusa, profusa y confusa, con generalizada división de opiniones para utilizar un término taurino. Ha ido surgiendo, primero, con ocasión de temas puntuales (la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Corona; el blindaje de los contenidos y logros del estado de bienestar; la supresión o modificación del Senado; el sistema electoral; la definición y estructuración del nuevo modelo territorial; la urgente necesidad de regeneración democrática…), como contribuciones científicas de expertos constitucionalistas, como ambiguas propuestas partidarias, como documentos de estudio de fundaciones de todo pelaje, como revisiones mínimas, como reformas profundas (o al revés para utilizar correctamente la terminología de la propia Constitución en los artículos 167 y 168) o, finalmente, como apertura clara de un período constituyente que acabe con el “régimen del 78”… Con posicionamientos diversos, unos a favor, otros en contra y otros mediopensionistas… y todo ello con el rumble de fondo del tertulianismo, verdadero deporte nacional después o ex aequo con el futbol.
Ello me lleva a intentar plantearme algunas interrogantes sobre el tema de la reforma con el ánimo, no tanto de poner luz definitiva en la oscuridad –que sería pretencioso por mi parte- como de colocar algunos gálibos y balizas que nos permitan, al menos, movernos con cierta comodidad y seguridad en tan agitado tema.
¿Quién quiere reformar la Constitución?
Como vemos, parece que ha tomado carta de naturaleza en la opinión pública la “necesidad” de reformar la Constitución. Es un primer paso importante en el camino hacia la reforma, aunque no es unánime la postura ni en los partidos ni en los estudios que han visto la luz hasta estos momentos, que no han sido pocos desde luego.
En principio, las posiciones de los partidos las podemos agrupar en tres: las de aquellos que están por algún tipo de reforma o revisión del texto, los que quieren la reforma constitucional; las de aquellos que se oponen a la reforma por no considerarla oportuna o necesaria, o ambas cosas: y, finalmente, la de aquellos que juegan a otro partido y no les interesa el tema.
Entre los partidos políticos que defienden una reforma más o menos urgente de la Constitución se sitúan PSOE, IU, UPyD y Podemos. Algunos han recogido sus propuestas, o parte de sus propuestas, reformadoras en acuerdos adoptados por sus órganos internos en los últimos meses; otras las exponen de palabra, con la cautela inicial de que todas están aún sujetas a deliberación.
El Partido Socialista viene hablando desde hace tiempo de la necesidad de reforma del texto constitucional. Baste recordar que fue el último gobierno socialista el que sometió a examen del Consejo de Estado la cuestión de la reforma y que motivó el sólido Dictamen de 2006, bien que circunscrito a los cuatro temas que le había planteado el Gobierno. Pero en el Congreso de Sevilla de febrero de 2012 ya se trató el asunto, que fue objeto con posterioridad de la Declaración de Granada de julio de 2013 sobre el modelo territorial del Estado federal, asunto éste que fuera nuevamente debatido en la Conferencia Política de finales de ese mismo año. Desde la elección de la nueva dirección se han multiplicado las manifestaciones en favor de la reforma constitucional añadiendo a la principal apuesta por la federalización del Estado otras propuestas encaminadas al blindaje de determinados aspectos relacionados con el estado de bienestar junto a otras de menor calado.
UPyD, prácticamente desde su constitución como partido político, colocó la reforma en el frontispicio de su programa. Su apuesta por la reforma ha sido objeto de tratamiento en su Manifiesto Fundacional, en las “12 propuestas para sacar a España de la crisis” y en las resoluciones de los dos Congresos efectuados hasta la fecha por la organización. Tanto es así que el partido condicionaría su apoyo al Gobierno que salga de las urnas en 2015 a la reforma constitucional. Las propuestas básicas se refieren a la modificación del sistema electoral y al modelo de Estado federal –donde sus posiciones divergen de las de los socialistas, porque apuntan a una cierta reordenación restrictiva de las autonomías y una clara recentralización de competencias-, así como otras de menor alcance.
Izquierda Unida celebró una Conferencia federal sobre modelo de Estado en febrero de 2014 para definir el “Estado federal, republicano, plurinacional y solidario” por el que apuesta la formación, con reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos del Estado e incorporación de nuevos derechos al elenco de los que figuran en el texto de la CE.
Aunque Podemos no ha elaborado propuesta alguna de programa, más allá del presentado a vuela pluma con ocasión de las elecciones europeas del año pasado, se pueden establecer, a partir de lo manifestado por sus líderes, que estarían por la fórmula de un estado federal, que permitiera el libre ejercicio del derecho a decidir, expresado a través de la celebración de referenda no vinculantes; desaparición del Senado; el reconocimiento de la iniciativa legislativa popular incluso para plantear la reforma constitucional, entre otras proposiciones
PP y Ciutadans son los partidos que no proponen reforma constitucional alguna en sus programas. El Partido Popular, no está por la reforma constitucional. Por si hubiera dudas al respecto, el 13 de diciembre de 2014 ha organizado un acto especialmente simbólico en La Granja, en el que todos los barones autonómicos del PP han leído una Declaración de reivindicación de la Constitución que supone, práctica y políticamente, el cierre de puertas definitivo a la reforma que reclama la oposición y que algunos en el PP veían como algo a estudiar. El Presidente nacional del partido ha defendido en un tono de encendido patriotismo que la Constitución no precisa de modificación alguna porque es garantía de la estabilidad política del país frente a las “quimeras” y “ensoñaciones” de los nacionalismos. «En el PP no somos dogmáticos fundamentalistas, apoyaríamos una reforma si fuera necesaria en el futuro, pero para el PP no es negociable la soberanía nacional. Los españoles no necesitan propuestas para articular regiones que llevan siglos articuladas. Sobre la exaltación de las diferencias jamás se levanta nada útil», ha dicho.
El líder de Ciutadans, con ocasión del día de la Constitución el pasado seis de diciembre, ha defendido la «vigencia» de una Constitución que hay que «cumplir», y ha denunciado que el presidente catalán y el líder de ERC quieran convertir la Carta Magna en «papel mojado» proclamando la independencia «desde un balcón», cuando la Constitución «no es la culpable de nuestros males, sino garante de derechos y libertades», afirmando que si PSOE y PSC propugnan una reforma federal de la Constitución es para «solucionar» sus problemas internos en el debate soberanista.
Finalmente, el grupo de quienes parecen jugar otro partido y, por lo tanto, no están interesados en cambiar las reglas del que juegan el resto de fuerzas políticas, lo forman los partidos nacionalistas.
El nacionalismo catalán, representado por Convergència i Unió, jugó un papel destacado durante el proceso de Transición y la elaboración del texto constitucional apoyándolo masivamente en el subsecuente referendo, pero desde entonces acá ha efectuado una curiosa travesía del desierto desde el victimismo extractivo hasta el soberanismo disruptivo que lo ha colocado en una posición de ruptura sin retorno por lo que no está para nada interesado no ya en el cambio o modificación de la CE sino ni siquiera en la CE misma, aunque si la “oferta” resultara oportuna para sus intereses podría retornar a su tradicional nacionalismo fenicio.
ERC, por el contrario votó contra la CE de 1978 y, aunque ha atravesado por períodos de mayor colaboracionismo que otros, en estos momentos está más interesada en la independencia y en la futura Constitución del Estat Catalá.
El PNV, que ya había pedido la abstención en el referéndum de 1978, apoyaría una reforma de la Constitución si reconociera a Euskadi como nación y a los vascos su derecho a decidir su futuro. Según declaraciones de sus portavoces parlamentarios en las Cortes, consideran que tras las elecciones generales previstas para este año, que, previsiblemente, será cuando se acabe la mayoría absoluta unipartidista y se abra un escenario que permita abordar una reforma constitucional con garantías de salida que ahora no se dan, aunque en opinión del Presidente del partido, la reforma sería “más útil para organizar el Estado español que para resolver los problemas vasco y catalán; pero sería útil para esto último si superara el café para todos de la Transición”.
Y, por último, para el conglomerado de fuerzas de la llamada izquierda abertzale, EH Bildu y demás fuerzas, creen que la reforma constitucional viene “tarde y mal” y, por tanto, están en la misma posición de no “jugar” el match.
No será descabellado, pues que a la próxima campaña, a esta campaña electoral, la de 2015, todos los partidos, salvo el PP, concurrirán previsiblemente con propuestas para reformar la Constitución de 1978.
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