En Filipinas, la policía mata y paga a personas para que maten a miles de presuntos traficantes de droga, denuncia Amnistía Internacional (AI) en un comunicado en el que califica este hecho como «un posible crimen contra la humanidad».
«Nuestro informe titulado ‘Si eres pobre estás muerto. Extrajudicial. Ejecuciones en Filipinas’ prueba que la policía tiene sistemáticamente como objetivos a personas en general pobres y sin defensas, y fabrica pruebas, recluta asesinos a sueldo, desvalija a las víctimas y escribe falsos informes de incidentes», sostiene AI.
La lucha contra la droga, un pretexto para matar a los pobres
No es una lucha contra la droga sino una guerra contra los pobres. Con frecuencia, y sobre la base de pruebas frágiles, en una economías del asesinato se mata por dinero a las personas acusadas de consumir o dedicarse al tráfico de estupefacientes. En el régimen del presidente Rodrigo Duterte, la policía nacional de Filipinas viola las leyes que debería hacer respetar, y saca provecho del asesinato de personas empobrecidas a las que el gobierno debería ayudar: «Las calles que Duterte ha jurado que iba a limpiar de criminales están hoy cubiertas de cadáveres de ciudadanos, a los que su propia policía ha matado ilegalmente».
Animada por la retórica del presidente Duterte, la policía ha matado a más de mil personas al mes, amparada en una campaña nacional de erradicación del tráfico de droga. Desde que Duterte asumió el cargo, hace siete meses, han resultado muertas más de 7000 personas en el marco de esa campaña, y la policía es responsable directa de al menos 2500 homicidios de presuntos traficantes.
Informes policiales maquillados
La policía, que trabaja a partir de listas no verificadas de presuntos consumidores o traficantes de estupefacientes, ha irrumpido en viviendas y abatido a personas desarmadas, muchas de las cuales iban a entregarse. En los falsos informes de incidentes que redactan a continuación, con frecuencia los policías afirman haber disparado en legítima defensa porque el difunto disparó primero. En contra de esas afirmaciones, se han recogido testimonios de personas que declaran que la policía efectúa redadas nocturnas, en los que no pretende efectuar detenciones, y dispara sobre personas desarmadas. Según esos testigos, en algunos casos la policía ha colocado armas y drogas en el interior de las viviendas, y luego las ha hecho pasar por pruebas.
Asesinatos rentables
En su informe, AI afirma que los homicidios imputables a la policía se ven favorecidos por las presiones que llegan de la cumbre del Estado, y entre ellas la orden de «neutralizar» a los presuntos traficantes, y las ventajas económicas que han llegado a crear toda «una economía informal de la muerte». Un titulado universitario, que entró en la policía hace diez años y trabaja en la unidad de lucha contra el narcotráfico en la Gran Manila, ha explicado a AI que a los policías les pagan por cada «confrontación», eufemismo utilizado para que las ejecuciones extrajudiciales pasen por operaciones legítimas: «La cantidad varía entre 8000 pesos (unos 150 euros) y 15 000 pesos (unos 250 euros), se entiende que por cabeza. Por tanto, si se mata a cuatro personas se cobran unos 600 euros como mínimo… El Cuartel General nos paga en líquido y en secreto. No hay primas para las detenciones».
Lo que significa que «es más ventajoso matar que detener… no hay ningún caso en que se dispare y la víctima no muera». Este mismo policía ha explicado que algunos de sus colegas han creado un sistema de chantaje a las empresas funerarias, que les pagan por cada cadáver que les envían. Según otros testimonios, los policías también sacan beneficio robando en las casa de sus víctimas, «incluso objetos que solo tengan valor sentimental».
En los últimos seis meses, en Filipinas se han registrado más de 4100 homicidios relacionados con el tráfico de droga y cometidos por personas armadas «no identificadas». El fenómeno se conoce coloquialmente como «excursión en tándem»: dos personas llegan en una moto, abaten a sus víctimas y desaparecen a toda velocidad. La policía se comporta exactamente igual que el hampa que debería combatir, lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales disfrazándose de asesinos anónimos y «subcontratando a homicidas».
Crímenes contra la humanidad
Filipinas forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI). En octubre de 2016, la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, hizo una declaración en la que manifestaba su preocupación ante los homicidios, e indicaba que su oficina podría llevar a cabo un examen previo de los eventuales crímenes: «Deseamos que las autoridades filipinas resuelvan por sí mismas esta crisis de derechos humanos. Sinembargo, si no adoptan rápidamente medidas decisivas, la comunidad internacional debería pedir al TPI un examen preliminar sobre la implicación de altos representantes del Estado».
