Robert F. Kennedy Human Rights condena la decisión de las autoridades mexicanas de cerrar la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Guerrero, e insta a la Procuraduría General de la República a reabrir la investigación y enjuiciar y castigar a los responsables.
“El gobierno ha fallado en investigar exhaustivamente estos crímenes horrendos, y está fallando en proteger a quienes acompañan a las víctimas”, declaró Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights: “Es un insulto a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta—tales como el posible papel de los militares en las desapariciones o el homicidio relacionado del compañero de estudios Julio César Mondragón—además de no aclarar las inconsistencias probatorias. Mientras tanto, los que trabajan a nombre de las familias de los estudiantes lo hacen en un entorno cada vez más peligroso.”
La Procuraduría General de la República (PGR) ha afirmado que todas las líneas de investigación se han seguido y agotado. La teoría operativa de la PGR es que el exalcalde de Iguala y su esposa ordenaron a la policía municipal entregar los estudiantes a una banda criminal, que a su vez incineró los cuerpos de los estudiantes en un depósito de basura cerca de Cocula.
Sin embargo, esta teoría se basa en pruebas forenses limitadas y una dependencia excesiva en unos cuantos testimonios, que en algunos casos se contradicen. Aún no se ha esclarecido el papel de varios sospechosos claves, por ejemplo los agentes de la policía Felipe Florez Velázquez y Francisco Salgado Valladres, así como el líder de la banda criminal, Ángel Casarrubias Salgado y 11 de las 15 personas que al parecer estaban en Cocula en el momento de los hechos. Además, el Gobierno no ha aclarado el estatus de la investigación sobre el rol que desempeñó la base del 27 Batallón de Infantería en Iguala con respecto a los hechos de este caso, a pesar de su proximidad al lugar del crimen y registros de teléfonos celulares que indican que un estudiante había estado en la base en el momento en cuestión. También queda sin responderse si el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, desempeñó algún papel, a pesar de los llamamientos reiterados de las familias de los estudiantes.
Estas y otras deficiencias en la investigación son particularmente preocupantes dado que la PGR ha decidido cerrar el caso. De acuerdo con la PGR, se han interrogado a 380 personas, incluyendo 36 militares, y se ha detenido a 99 personas. Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la participación del Estado en la comisión de los delitos, ningún funcionario estatal, ni el alcalde y su esposa, ni las autoridades policiales u otros detenidos, han sido acusados del delito de desaparición forzada; en su lugar, sólo han sido acusados de secuestro y crimen organizado.
Omitir el cargo de desaparición forzada contribuye a desconocer el crimen como parte de un contexto más amplio de uso sistemático de la desaparición forzada en el país – contexto en el que se estima que más de 23 mil personas han sido desaparecidas durante los últimos ocho años – y aísla el crimen a una tragedia local.“El gobierno mexicano tiene la obligación jurídica de investigar todas las pistas posibles, incluyendo si la policía federal o las fuerzas militares participaron o no en estos crímenes”, expresó Santiago A. Canton, director ejecutivo de Robert F. Kennedy Partners for Human Rights: “México está obligado por el derecho internacional de derechos humanos a tomar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, además de realizar una investigación efectiva para ubicar el paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente y establecer la verdad sobre lo sucedido”.
Reiterando que es responsabilidad del Estado dar con el paradero de los estudiantes, así como investigar y sancionar a los responsables de este horrendo crimen, Robert F. Kennedy Derechos Humanos ha valorado el establecimiento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de un panel de expertos para investigar este caso. El panel fue designado a petición del Gobierno Mexicano y de los grupos de la sociedad civil que representan a las familias de los estudiantes y proporcionarán asistencia técnica en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, la investigación y las acciones adoptadas para sancionar a los responsables, así como la asistencia a las familias de los estudiantes.
Robert F. Kennedy Human Rights insta al despliegue rápido del grupo de expertos y subraya la necesidad de que la consulta sea transparente y que se lleve a cabo en coordinación con las víctimas, sus representantes y la sociedad civil. El grupo también deberá tener acceso absoluto a los archivos y los sitios de la investigación, así como el permiso para reunirse con todas las autoridades pertinentes.
En un comunicado, Robert F. Kennedy Human Rights reitera su «profunda preocupación por la situación de seguridad de alto riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas de estos terribles acontecimientos», especialmente aquellos basados en Guerrero, como es el caso de los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan y llama a que el estado mexicano garantice las condiciones de seguridad
para llevar a cabo su labor.
