En la realidad económica, política, social y cultural de Guatemala hay frases que se van convirtiendo en una especie de retórica reiterativa para referir determinados temas. Una muy socorrida es la de la institucionalidad del Estado, la que ha venido de menos a menos, aunque todos reclaman su fortalecimiento, al mismo tiempo suelen tacharlo.
Hay cada vez más posturas que hablan de la refundación del Estado que hoy se considera con muy pocas posibilidades de resolver derechos ciudadanos fundamentales, como alcanzar el bien común, condiciones aceptables de convivencia y garantizar una vida digna a las persona a través de la satisfacción de sus necesidades básicas. Es casi generalizado que nadie acepta a este Estado, ni siquiera aquellos a quienes siempre ha beneficiado.
Muchos de los que reivindican ese necesario fortalecimiento del Estado tienen sobradas razones para reclamarlo, pues de muy poco ha servido a las mayorías el objetivo que lo inspira de hacer valer la primacía de la persona humana como sujeto y fin del ordenamiento social, ya que ese ente, responsable de la promoción de bien común y de la prevalencia del régimen de legalidad, de la justicia social, de la libertad y paz, poco ha servido para garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral a los ciudadanos (as), según establece la Constitución.
El reconocimiento que hace la Carta Magna de la conformación del Estado por diversos grupos étnicos, entre ellos los indígenas y la obligación de respetar, reconocer, promover sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena, idiomas y dialectos, tampoco se traduce en la vida cotidiana de esas poblaciones. Hay 31 dependencias públicas destinadas específicamente a atender sus demandas, las que están diseminadas en los tres organismos del Estado; el Organismo Legislativo, “el más democrático y representativo”, apenas tiene una, el Judicial otra, hay 19 en el Ejecutivo y 10 autónomas, descentralizadas o desconcentradas, según un reciente estudio de Asíes.
La investigación evidencia la ausencia de atención que el Estado ha dado a esa población, ubicada en los estratos más bajos de la estructura social, afectada por lacras como la discriminación y el racismo. La mayoría de dichas entidades ha sido creada como producto de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y su intervención ha sido demandada por organizaciones sociales, con acompañamiento de la cooperación internacional.
Además de su escaso número, sus capacidades, sus mandatos, sus posibilidades de incidencia y, sobre todo, el limitado presupuesto de que disponen, hacen obvio que el Estado no tiene verdadero interés y compromiso. El estudio reporta que de las 31 estudiadas, solo una, la Subdirección de Derechos de los Pueblos Indígenas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, considera que tiene recursos suficientes para desarrollar sus actividades y solo cuatro cuentan con el respaldo jurídico de un decreto legislativo. Evidentemente, fortalecer la institucionalidad pública implica realizar cambios profundos.
