El pasado 16 de noviembre, las máximas autoridades francesas declararon oficialmente que Francia se encuentra en estado de guerra (ver texto del discurso de su Presidente ante ambas Cámaras del Legislativo reunidas en “Congreso”): en su alocución, se lee, entre otras cosas, que: «La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de vie«.
Desde la perspectiva política, esta declaración responde a la emoción suscitada en la sociedad francesa por la violencia de los ataques cometidos el 13 de noviembre pasado en París, su grado de coordinación, y por el impacto causado por la cobertura en cuanto a imágenes, testimonios, fotos, tanto en medios de prensa como en redes sociales: la sociedad francesa se encuentra profundamente conmocionada.
Ahora bien, desde la perspectiva estríctamente jurídica, los atentados del 13 de noviembre están dando lugar al uso de calificativos raramente usados en el pasado por parte de las autoridades francesas para referirse a actos de esta naturaleza, lo cual, merece ser señalado. El extender un mismo calificativo a situaciones distintas puede responder a un ejercicio que vaya mucho más allá de lo únicamente emotivo.
En primer lugar, asistimos a una peculiar interpretación del concepto tradicional de «guerra», la cual supone un enfrentamiento bélico entre dos Estados: un Estado se declara en guerra contra otro Estado (y no contra un ente no estatal).
Otro término, como el de «agresión» está igualmente dando lugar a un interesante interpretación, a nuestro juicio riesgosa, como lo veremos a continuación: considerar, por parte de un Estado, como acto de «agresión» un acto cometido por una entidad no estatal, tiene su significado en el ámbito jurídico. A diferencia del año 2001, en el que no existía definición alguna de este término debidamente consensuada por la comunidad internacional, hoy se cuenta con la definición de «agresión» adoptada en el 2010 en Kampala por parte de los Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI): su revisión minuciosa indica que quedan excluidos de ella actos cometidos por entidades no estatales. La definición acordada 9 años después del 11 de setiembre del 2001 se lee en francés en los siguientes términos, que nos permitimos reproducir en toda su extensión:
“Article 8 bis Crime d’agression
1. Aux fins du présent Statut, on entend par « crime d’agression » la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d’agression » l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :
a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ;
b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ;
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ;
d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État ;
e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;
f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ;
g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
No es casualidad que el único Estado que se haya apresurado en apoyar a Francia a la hora de calificar los atentados ocurridos en París el pasado 13 de noviembre como «acto de guerra» fue Estados Unidos (ver nota de prensa): en su momento, Estados Unidos también le declaró la «guerra» al terrorismo, con todas las implicaciones que ello conllevó para justificar posteriormente su actuar.
Cabe recordar que los primeros bombardeos en Siria por aviones militares de Francia se llevaron a cabo en la mañana del domingo 27 de setiembre (ver nota de Le Monde). El día siguiente, 28 de setiembre, en su alocución ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente de Francia abogaba por la necesidad de excluir a las actuales autoridades de Siria de las negociaciones sobre el futuro de Siria (ver artículo de Le Monde). En su discurso pronunciado en Nueva York (ver texto) se lee que: «Nous nous soutenons, la France, l’opposition syrienne, l’opposition démocratique. Nous la considérons comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Et là-dessus, nous ne transigeons pas et nous ne faisons aucun compromis parce qu’il y aurait menace. Le régime de Bachar Al-Assad mérite tout autant d’être condamné car il est complice de ce qui s’est produit en Syrie depuis trois ans, 200 000 morts et combien de personnes déplacées«.
Por su parte, Rusia condenó, a través de su portavoz, estas acciones militares francesas indicando que este ataque contra Dáesh – o Estado Islámico (EI) -, sin la autorización de las autoridades sirias ni la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, constituían «el exterminio del derecho internacional ante los ojos» del mundo. Como bien se sabe, el uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro Estado es prohibido en derecho internacional, y esta prohibición ha sido jurídicamente consagrada en la misma Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945. La única excepción a esta regla la constituye la acción militar en el marco de la legítima defensa, o bien en el marco de una acción militar debidamente autorizada por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se considera que una acción militar que cuente con el consentimiento previo e informado del Estado cuyo territorio es objeto de operaciones militares es de igual forma válido, desde la perspectiva jurídica.
El jefe de la diplomacia francesa justificó aquellas acciones aéreas haciendo referencia al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (que prevé la figura de la legítima defensa), y lo hizo en los siguientes términos: «Nous avons frappé, il y a quelques jours et nous continuerons à le faire dans le cadre de la légitime défense de l’article 51 de la Charte des Nations unies. Il faut mener ces actions militaires et je dirai que de ce point de vue là un bilan lucide de ce que nous avons fait les uns les autres depuis maintenant plusieurs mois amène sans doute à des améliorations» (ver texto del discurso pronunciado el 29/09/2015 durante una cumbre sobre el terrorismo).
Estos bombardeos franceses, que se justificaron con base en una interpretación bastante peculiar de la noción jurídica de legítima defensa, fueron antecedidos por los ejecutados por aviones de Australia, el 15 de septiembre (ver nota de The Guardian) y el primer bombardeo por parte del Reino Unido desde un dron, el 7 de septiembre (ver nota del NYTimes): las autoridades británicas confirmaron que de los tres fallecidos, dos eran nacionales del Reino Unido sospechosos de combatir en la filas de ISIS (ver nota de prensa). La eliminación física de sospechosos de nacionalidad británica en Siria -no se registra, salvo error de nuestra parte, eliminación física de sospechosos de pertenecer a ISIS en suelo británico- fue justificada por sus autoridades con base en otra (muy peculiar) interpretación de la noción de legítima defensa de un Estado: se lee en la nota precitada que «It was necessary and proportionate for the individual self-defence of the UK«.
En una carta enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el mismo 7 de septiembre del 2015 relacionada a un ataque similar en territorio de Siria del mes de agosto (ver texto), Reino Unido justifica su accionar con razones similares: «On 21 August 2015 armed forces of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland carried out a precision airstrike against an ISIL vehicle in which a target known to be actively engaged in planning and directing imminent armed attacks against the United Kingdom was travelling. This airstrike was a necessary and proportionate exercise of the individual right of self-defence of the United Kingdom«: la «iminencia» de un ataque armado («imminent armed attacks«) por parte de un grupo terrorista, justifica, según el Reino Unido recurrir a la noción de legítima defensa, recordando la noción de «legítima defensa preventiva» defendida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a partir del 2001 para justificar sus acciones militares «anticipadas» en su denominada «guerra contra el terrorismo».
Más allá de estas interpretaciones un tanto antojadizas de principios básicos del derecho internacional de los últimos meses (al que recurren varios Estados), y del sutil “glissement sémantique” al que han procedido en días recientes las autoridades de Francia, la dudosa legalidad de estos bombardeos aéreos llevaron a las nuevas autoridades electas de Canadá a poner un término a estas operaciones en Irak y en Siria (ver nota de The Guardian), el pasado 21 de octubre del 2015. En el mes de setiembre del 2014, un connotado especialista belga ya señalaba en un artículo (cuya lectura recomendamos), la similitud de los argumentos esgrimidos por Estados Unidos en el 2001 y en el 2014 con relación a intervenir militarmente en el territorio de otros Estados, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo. Su artículo se titula precisamente «De la doctrine Bush à la doctrine Obama: le retour des guerres préventives«. Como bien se sabe, en materia de seguridad, Estados Unidos y algunos de sus aliados como Israel, tienen una lectura muy peculiar de algunas reglas básicas del derecho internacional: la primera operación militar registrada aduciendo oficialmente actuar en «legítima defensa preventiva» fue el bombardeo por parte de Israel de una central nuclear en Irak en 1981 (la central de Osirak, construida por Francia). En el 2008, otro aliado de Estados Unidos, Colombia se refirió a este mismo argumento para intentar justificar su operación militar en Ecuador en marzo del 2008 (Operación Fénix).
En lo que respeta a Francia, permanece la duda de saber si sus autoridades evaluaron de manera rigurosa los riesgos de bombardear posiciones de Dáesh en Siria; y si al hacerlo, aumentaron significativamente la vigilancia y la seguridad en su propio territorio ante las posibles (y previsibles) represalias que se tomarían en su contra. Tres días después de estos primeros bombardeos del 27 de setiembre del 2015, un juez especialista en la lucha antiterrorista advertía en una entrevista en Paris Match (ver cita hecha en este artículo de Le Monde) que: ««J’ai acquis la conviction que les hommes de Daech [Etat islamique] ont l’ambition et les moyens de nous atteindre beaucoup plus durement en organisant des actions d’ampleur, incomparables à celles menées jusqu’ici. Je le dis en tant que technicien : les jours les plus sombres sont devant nous. La vraie guerre que l’EI entend porter sur notre sol n’a pas encore commencé.»
El grado de coordinación de los atentados del 13 de noviembre indica que, pese a algunas medidas tomadas por las autoridades, tomó desprevenidas a varias unidades adscritas a la lucha antiterrorista y a los servicios secretos franceses. A modo de represalia, el pasado 15 de noviembre, Francia promedio a nuevos bombardeos en Siria contra Dáesh en respuesta a los atentados ocurridos en París. El 17 de noviembre una segunda oleada de bombardeos aéreos de Francia tuvo lugar en Siria (ver nota de Le Figaro). Al parecer, la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra los autores del 11/S cuenta con entusiastas adeptos en el seno de las actuales autoridades en Francia.
Algunas voces han, no obstante, señalado que las acciones militares en sí no resolverán mayormente la situación: se lee en un artículo de Le Monde que «pour gagner la guerre en France, il faut gagner la paix au Moyen-Orient », remarque le sociologue Edgar Morin, qui rappelle que les forces occidentales sèment également la désolation sur le théâtre des opérations avec leurs drones, bombardements et leurs cohortes de dommages collatéraux«.
