La muerte del joven Steve Maia Caniço tras la represión policial en la fiesta de la música en Nantes, el pasado 21 de junio, es como la gota que desborda el vaso repleto de la violencia policial, preconizada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron “para mantener el orden público”, desde que empezó hace seis meses la histórica protesta social de los “gilets jaunes” en Francia.
Política represiva policial y judicial, que empezó ya siendo Manuel Valls primer ministro para impedir las manifestaciones sindicales contra la “loi travail”, y que se ha proseguido y acentuado de forma escandalosa con la llegada de Macron al poder.
El jefe del Estado, Emmanuel Macron, como su primer ministro, Edouard Philippe y su ministro del interior, Christophe Castaner, han asumido y justificado la ola de desproporcionada violencia policial, que ha provocado ya dos muertos y cientos de heridos graves y mutilados.
La presencia de la prensa en las manifestaciones es cada vez más objeto de la indiscriminada violencia policial, aun cuando los periodistas señalan su presencia con un brazalete y su carné de prensa. Muchos colegas han sido heridos o molestados cuando intentaban cubrir o informar de esas manifestaciones.
Un informe de RSF reporteros sin fronteras publicado en abril 2019, muestra cómo los periodistas son un blanco privilegiado en esa represión y tentativa de intimidación.
Dando carta blanca al “restablecimiento del orden público” con el uso y abuso de gases lacrimógenos, granadas de mano explosivas (GLI F4) y tiros de LBD 40 (lanzador de balas de defensa), el actual gobierno no hace sino profundizar la fractura social, la espiral de la violencia, y la desconfianza de la población hacia las fuerzas del orden. Recordemos que ya en febrero del presente año el parlamento europeo y la ONU condenaron el uso de estas armas por la policía francesa.
Violencias policiales constatadas, denunciadas y verificadas por el excelente trabajo del reportero y escritor David Dufresne, que siguen siendo minimizadas o negadas de forma categórica por el ministro del interior, por el gobierno y por la presidencia de la República. Una situación sin precedentes en la historia reciente de la democracia en Francia, que provoca una ola de indignación ante la impunidad policial.
Las conclusiones de la investigación del IGPN, inspección general de la policía nacional, que disculpa a la policía antidisturbios y a la BAC (brigada anticriminalidad) de toda responsabilidad en la muerte del joven Steve, han provocado nuevas manifestaciones este fin de semana en Nantes y en otras ciudades de Francia para condenar la desproporcionada violencia policial.
En una carta abierta a las fuerzas del orden, y publicada por Mediapart, Genevieve Legay, militante de Attac, quien fue agredida por la policía en una manifestación, se expresa con respeto en estos términos: “Si me dirijo a ustedes, no es para darles una lección, sino para decirles hasta qué punto la política policial actual va en contra de sus propios intereses. Para que cese el sufrimiento y la violencia engendrada por una política inhumana de casta, me dirijo a su sentido del honor. No permitan que un oficio honorable llegue a ser miserable. ¿Como aceptar que este poder nos enfrente unos contra otros? ¿Ustedes frente al pueblo?”
La oposición de izquierdas reclama en el Parlamento la dimisión del ministro del Interior y advierte de los riesgos de una deriva autoritaria que pone en tela de juicio las reglas del Estado de derecho. Por su parte el gobierno y el jefe del Estado hacen oídos sordos al clamor popular, y en pleno verano la opinión francesa en vacaciones observa un compás de espera, antes de “la rentrée”, cuando la vuelta al trabajo en septiembre vuelva a poner sobre el tapete los graves problemas sociales que han provocado la actual y evidente fractura entre la población y la élite en el poder.
Alza de precios de la electricidad, de los carburantes, de los alquileres, carestía de la vida, situación dramática en los servicios de urgencias en los hospitales, descontento de los estudiantes con la reforma universitaria, aumento de la precariedad laboral, incremento de la desigualdad social y empobrecimiento de la población como resultado de una política fiscal que le ha valido a Macron el merecido apodo de “presidente de los ultra ricos”, son solo algunas de las asignaturas pendientes del gobierno para septiembre, a lo que se añade la anunciada “reforma” del sistema de pensiones propuesta por Macron, que busca desmantelar todas las conquistas sociales obtenidas en Francia desde 1945.
Sin diálogo social con las organizaciones sindicales y con la represión policial y jurídica como única respuesta contra toda manifestación de protesta, la política de Macron y de su élite mundialista se estrellará directamente contra la pared, aunque difícil resulta prever cuál será el momento y las consecuencias de su ceguera.
Si no se produce un estallido social, y si la movilización popular y la izquierda no logran estructurar una alternativa, el régimen Macron podría preparar la peligrosa llegada al poder de la ultraderecha en las próximas citas electorales, en el marco del actual y desgastado sistema electoral mayoritario y presidencialista.
