Amnistía Internacional cuestiona una propuesta de reforma de la Constitución francesa que otorgaría a los servicios de seguridad carta blanca para clausurar organizaciones, practicar registros en domicilios sin orden judicial, cerrar mezquitas y restringir la libertad de circulación, porque dejaría a muchas personas aún más expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos.
En virtud de esta reforma, que podría ser aprobada como propuesta oficial del gobierno por el Consejo de Ministros francés, las autoridades podrán seguir utilizando seis meses más las medidas del Estado de excepción cuando éste acabe.
Bajo el actual Estado de excepción, las autoridades han efectuado 2700 registros domiciliarios sin orden judicial y han restringido la libertad de circulación de cientos de personas imponiéndoles la asignación de residencia desde los atentados del 13 de noviembre en París.
“Una cosa es declarar el Estado de excepción en situaciones de ‘amenaza para la vida de la nación’, como los atentados de París, y otra afianzar las medidas de excepción para contrarrestar amenazas no tan definidas», ha afirmado Gauri van Gulik, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Existe un riesgo muy real de que los derechos de la población en general queden atrapados en una red teóricamente destinada a identificar sólo a quienes de verdad representan una amenaza. Se está actuando contra muchas personas únicamente por sus prácticas religiosas o por sospechas imprecisas», sostiene Gauri van Kulik.
Según los términos del Estado de excepción impuesto durante tres meses, que finaliza el 26 de febrero de 2016, las autoridades francesas pueden llevar a cabo registros domiciliarios sin orden judicial, imponer la asignación de residencia, cerrar asociaciones y restringir otros derechos, entre ellos el de reunión pacífica.
Una ola de registros domiciliarios
Muchas personas han contado a Amnistía Internacional que habían quedado traumatizadas por los registros domiciliarios que habían sufrido. No han recibido una explicación oficial de los motivos por los que se consideraba necesario el registro, ni sobre lo que buscaban las autoridades.
“Mi padre estaba enfermo del corazón, acababa de salir del hospital. La policía forzó la puerta de entrada, no llamó a la puerta, irrumpió sin más en el piso, empezó a gritar y esposó a mi padre y a mi hermana». Nadia, cuyo padre tiene 80 años y vive con su hija discapacitada, contó así al equipo de investigación de Amnistía Internacional el registro que habían sufrido el 21 de noviembre.
“Mi padre empezó a sentirse mal y a los pocos minutos de desmayó. Tuvieron que llamar a una ambulancia […] Estaba muy asustado, los primeros días que fui a visitarle al hospital no paraba de llorar”.
Según información publicada por los medios de comunicación, los 2700 registros llevados a cabo el mes pasado sólo han dado lugar a dos investigaciones criminales por delitos relacionados con terrorismo; otras 488 investigaciones resultantes de estos registros tenían que ver con delitos no relacionados. Estos datos nos llevan a plantearnos si estos registros son una medida necesaria y proporcionada de protección de la seguridad pública.
Restricciones de la libertad de circulación
En el mismo periodo se ha impuesto la asignación de residencia a 360 personas; esto significa que están obligadas a vivir en una zona determinada y a presentarse tres veces al día en la comisaría local. Esta medida impone duras restricciones sobre su libertad de circulación y tiene consecuencias negativas para su vida privada y profesional.
Un consultor autónomo de la zona de París contó a Amnistía Internacional que nunca le habían asignado residencia hasta el 15 de noviembre, cuando la policía se presentó en su casa por su supuesta vinculación a musulmanes «radicales» y a personas que habían viajado a Siria.
Dijo que sólo conocía vagamente a una persona de la larga lista de supuestos socios suyos que presentaron las autoridades. Para este padre de tres hijos, tener residencia asignada y la obligación de presentarse en comisaría varias veces al día ha supuesto tener que cancelar todos sus compromisos de trabajo. Temía las negativas repercusiones que tendría la prolongación del Estado de excepción para su familia: “Tengo tanto miedo de que lo prorroguen. Significaría que las medidas contra mí van a durar más, que tal vez no pueda trabajar durante meses».
Lanzar una red discriminatoria
Existe el riesgo considerable de que, a la larga, las medidas de excepción se sigan utilizando contra asociaciones y grupos concretos, especialmente contra personas y agrupaciones musulmanas. Hasta la fecha, bajo el Estado de excepción se han llevado a cabo registros en más de 20 mezquitas y muchas asociaciones musulmanas, y se han cerrado unas 10 mezquitas.
“Tengo la impresión de que, si uno expresa su religión, si lleva barba, o una prenda o símbolo religioso, o reza en una mezquita determinada, es considerado ‘radical’ y se actúa en su contra», contó Amar, quien había sufrido un registro domiciliario, a Amnistía Internacional: “Si intentas no exhibir demasiado tu religión, entonces piensan que ocultas algo. No sabemos lo que quieren que seamos, ni cómo esperan que nos comportemos”.
A pesar de que el Consejo de Estado, máxima instancia judicial administrativa de Francia, aconseja no adoptar las medidas propuestas, la propuesta de reforma constitucional, de aprobarse mañana, pasaría al Parlamento para su votación en 2016.
“Las medidas de excepción son, como ya se está demostrando, desproporcionadas. Validarlas fuera del Estado de excepción es un paso muy peligroso”, ha afirmado Gauri van Gulik.
“Usar la amenaza terrorista para reformar la Constitución deja la puerta abierta a que medidas de excepción análogas pasen a ser la norma», concluye.
