Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) de España han pedido que se reduzca el límite de los pagos en efectivo a 1000 euros desde los 2500 euros actuales y que las facturas que se abonen por encima de esta cantidad, contraviniendo dicha limitación, no se puedan deducir en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, como se viene haciendo actualmente.
Pagos en efectivo con billetes de 500 eurosGestha sale así al paso de las medidas anunciadas este miércoles por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de impulsar la lucha contra el fraude fiscal. Los Técnicos recuerdan que ya solicitaron al Ministerio de Hacienda en 2004 que se procediera al control del efectivo y en 2012 pidieron que la limitación se fijara en 1000 euros. En este sentido, reconocen que la limitación de efectivo no es decisiva para eliminar el fraude cuando las dos partes que intervienen en una operación acuerdan sumergirla, especialmente cuando una de ellas es un consumidor final, aunque sí dificulta el fraude sobre todo en operaciones entre empresas.
Por otro lado, señalan que la medida relativa al endurecimiento de los requisitos para conseguir aplazamientos o fraccionamientos no es una medida de lucha contra el fraude, sino una manera de reducir el déficit por el simple efecto contable de anticipar cobros aunque se restrinja un derecho de los contribuyentes.
De hecho, para el colectivo esta es una nueva muestra de los vaivenes que viene siguiendo en los últimos años la política fiscal en España, pues en 2015 el Gobierno aprobó un aumento de la cuantía de los aplazamientos que no requieren ningún tipo de aval o garantía de los 18 000 euros hasta los 30 000 euros. Por lo tanto, el endurecimiento de los requisitos anunciado hoy por Montoro supone una nueva contradicción.
Por último, respecto a los controles de IVA propuestos por el ministro Montoro, Gestha señala que la recaudación por IVA es un problema histórico denunciado repetidamente, aunque precisa que no hay que poner todo el foco de atención en los profesionales que trabajan total o parcialmente en negro para el consumidor, sino que habría que fijarse especialmente en las operaciones sumergidas efectuadas entre las empresas, como en las promotoras, mayoristas, empresas industriales o de servicios que han protagonizado casos muy destacados de evasión.
Cabe recordar que España está en la cola de la UE en cuanto a recaudación por este tributo, siendo el tercer país que menos recauda, con un 6,2 % sobre el PIB, cuando, por ejemplo, en la vecina Portugal supone el 8,8 % del PIB.
Fraude fiscal: más medios y mejor organizados
Por otra parte, en opinión del colectivo, un plan de lucha contra el fraude realista y eficaz no puede estar basado en una serie de medidas circunstanciales ni olvidar la organización y los medios necesarios para ejecutarlo. Entre los puntos que son imprescindibles, los Técnicos destacan tres: la reorganización del Ministerio de Hacienda y de la Intervención del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT,), el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento, así como la dotación de más medios a la AEAT, ya que actualmente solo tiene un empleado por cada 1928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos (860).
En concreto, Gestha calcula que España necesita a medio plazo 26 718 nuevos funcionarios para combatir el fraude con plenas garantías, ya que actualmente el 80 % de los efectivos de la AEAT se dedican a investigar a autónomos, pymes y trabajadores, lo que deja muy poco margen de actuación para luchar contra el gran fraude. Mejoras que, del mismo modo, son necesarias en el área del control del Ministerio de Hacienda, para controlar más eficaz y eficientemente el gasto público y las subvenciones. Además, es necesario que haya una mayor coordinación y colaboración entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal y que se cree una base de datos única accesible para los efectivos de todas estas administraciones.
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