Los comicios llamados a recoser el tejido de la gobernabilidad en Honduras no cumplieron esa función y el país se aboca ahora a una Presidencia con 38,7 por ciento de apoyo electoral, con denuncias de fraude y un parlamento multicolor donde el partido gobernante estará en minoría, informa Thelma Mejía (IPS) desde Tegucigalpa.
«Ese Juan Orlando (Hernández) no la tiene fácil, se viene un gobierno complicado, tendrá que negociar», dijo a IPS el estudiante universitario Juan Sánchez, en referencia al candidato del gobernante y derechista Partido Nacional (PN), que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proclamó como ganador de los comicios del 24 de noviembre.
Sánchez observaba sin participar a miles de manifestantes que el domingo 1 recorrieron las calles de Tegucigalpa, para protestar por un alegado fraude, convocados por el izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), a cuya abanderada, Xiomara Castro, de 58 años, el TSE asignó 28,7 por ciento de los sufragios.
«No sé si hubo fraude, no estoy muy seguro de eso, pero sé que el PN tendrá un gobierno duro para la gente, y que es bueno que no va a tener mayoría en el Congreso, ojalá se equilibren las fuerzas», comentó Sánchez. El estudiante busca trabajo hace un año y sobrevive con la venta de productos cosméticos a comisión.
Como un precalentamiento del 27 de enero, cuando Hernández asuma su mandato, los simpatizantes de Castro y de su esposo y coordinador de Libre, Manuel Zelaya, el presidente derrocado en 2009, recorrieron parte de la capital, reclamando un recuento de los votos por la existencia de inconsistencias en algunas actas electorales.
Castro y Zelaya y sus seguidores marcharon hasta la instalación donde se cuentan los votos, acompañados de una camioneta sobre la que estaba colocado el féretro de José Antonio Ardón, el responsable de la flota de motociclistas que encabezan las caravanas de Libre, asesinado un día antes.
Los dirigentes de Libre aseveran que su muerte tuvo motivaciones políticas, pero no tienen pruebas, mientras las autoridades investigan el asesinato cometido en uno de los barrios más inseguros de Tegucigalpa, que soporta la criminalidad más elevada del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas.
«Nos montaron un fraude, nos dieron un golpe técnico y democrático, pero esta lucha no termina, yo soy la presidenta electa de Honduras y esta demostración de hoy es un claro mensaje para quienes se prestaron al fraude», dijo Castro en un encendido discurso.
El expresidente Zelaya habló de la presentación de impugnaciones. Pero también exclamó que «es en las calles donde se gestan procesos revolucionarios pacíficos, pronto los bajaremos y tomaremos el poder político de la nación».
Las autoridades del TSE indicaron que están anuentes a cualquier revisión de actas que solicite Libre, pero adelantaron que ello no incidirá en los resultados.
Waleska Zavala, otra estudiante universitaria y una de las manifestantes del domingo, sí cree que «hubo cosas chuecas (malas) en las elecciones, nos robaron la elección, pero lo hicieron con guantes de seda, difícil de probar».
A su juicio, «Libre debe prepararse ahora para hacer oposición, porque algo le puedo asegurar, este pueblo cambió y con él, nosotros los jóvenes», aseveró a IPS mientras amarraba en su frente un pañuelo de su partido.
Ese cambio, según el motorista de una empresa privada Aquiles Uclés, debe contemplar inclusión y proyección social. «Si el nuevo gobierno que aún no empieza quiere cambiar las cosas, debe cumplir lo que prometió, que es empleo y seguridad, debe gobernar para todos, no solo para los pudientes», dijo a IPS.
El analista político Miguel Cálix considera que la gobernabilidad para Hernández no serán tan complicada porque «ellos ya sabían lo que se venía y empezaron a ensayar las alianzas desde la presidencia del Congreso, donde Hernández tomó decisiones trascendentales con el consenso de las bancadas, pese a que ellos tenían mayoría parlamentaria».
Hernández, de 45 años, fue hasta junio presidente del unicameral Congreso legislativo, cuando pasó a dedicarse a la campaña. «Es un político astuto, hábil y, hasta donde sé, ya está en negociaciones para contar con mayoría en el Congreso», dijo Cálix a IPS. «En el Ejecutivo su mandato será sólido y habrá reformas y mucha proyección social», aventuró.
Una de las novedades de la jornada electoral es que Libre pasó a ser la segunda fuerza política, desbancando en su estreno en las urnas al Partido Liberal (PL), de derecha moderada, que junto con el PN ha gobernado Honduras en todos los mandatos surgidos de las urnas, la última ocasión con Zelaya (2006-2009).
Otro criterio tiene el experto en temas electorales Adán Palacios, para quien la búsqueda de alianzas deberá ser permanente.
«Estamos ante la coyuntura de impulsar reformas electorales que incluyan la figura de la segunda vuelta electoral, algo que no debe dilatarse más», ahora que Honduras pasó de su bipartidismo tradicional a un mapa político más multicolor, planteó a IPS.
Palacios dijo que cada vez más la figura del poder «parece inclinarse sobre el Congreso, no tanto en el Ejecutivo como era la tradición, y con este Congreso atípico de muchas fuerzas, donde el PN no será mayoría, habrá que experimentar otros escenarios de mayor gobernabilidad como una segunda vuelta electoral».
A juicio de la socióloga Mirna Flores una segunda vuelta es muy costosa para un país pobre como Honduras. «Teóricamente es viable, pero el problema de gobernabilidad aquí pasa por políticas de Estado más sostenibles, por respuestas reales a los problemas estructurales», como pobreza, salud, educación, desigualdad, empleo e inseguridad, acotó a IPS.
Los 3,3 millones de hondureños que concurrieron a las urnas, de un padrón electoral de 5,3 millones, decidieron que el Congreso de 128 escaños, que comenzará la legislatura el 25 de enero, contará con 48 diputados del PN, 39 de Libre, 25 del PL, 13 del centroderechista Partido Anticorrupción y tres más para iguales grupos minoritarios, según cifras provisionales.
Este escenario es muy diferente al que tuvo el saliente presidente Porfirio Lobo, quien contaba con 71 diputados, mayoría calificada suficiente para reformar la Constitución e introducir las figuras del referendo y el plebiscito, así como el juicio político para destituir a los poderes públicos.
Estas reformas buscaron responder a algunas demandas populares tras estallar la crisis institucional por el derrocamiento de Zelaya y también a requerimientos de la comunidad internacional para reconocer al gobierno de Lobo, tras su triunfo cuatro años atrás, dentro de un trabajoso proceso de estabilización que debía coronarse con estos comicios.
Hernández, desde la presidencial del Congreso, fue fundamental para lograr apoyos para las reformas que requerían 81 votos legislativos y también alcanzó amplios consensos para destituir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y renovar las cabezas de la fiscalía, la procuraduría y otras instancias que ahora el PN controla.
