El 11 de abril, la práctica totalidad de de instalaciones de autoconsumo en España se pueden convertir en ilegales debido a que una normativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es la más restrictiva del mundo, y todo el que no se haya acogido a la misma será declarado ilegal y podrá sufrir multas de entre 6 millones y 60 millones de euros, además de pagar el impuesto al sol, informa Greenpeace.
Esta organización explica que el Ministerio de Industria, que fraguó el Real Decreto de Anti-autoconsumo y sus multas, ahora impide que esas instalaciones cumplan con las obligaciones que establecidas, poniendo de nuevo a los autoconsumidores en situación de indefensión, porque «quedan pocos días y aún no está detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas requeridas para modificar las instalaciones».
Greenpeace sostiene que «en el país del sol, no tiene ningún sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad, con una fuente que es renovable, abundante y barata y que además podría reducir la dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada y fomentar la economía ciudadana. Sin embargo, el ministro José Manuel Soria sigue empeñado en proteger los intereses de las grandes empresas eléctricas».
La oenege pide en consecuencia al Presidente en funciones de España que arregle el caos creado por el Ministerio de Industria y haga que el Consejo de Ministros acuerde una ampliación del plazo, por lo menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean sometidos a multas multimillonarias a causa de la inactividad del mismo ministerio de Industria.
Propuestas a Iberdrola
Hasta seis organizaciones sociales, dedicadas a ámbitos tan diversos como el consumo, la energía, el medio ambiente o la solidaridad, se han unido para reclamar el fin de «las malas prácticas que Iberdrola comete contra sus propios accionistas, los consumidores, la sociedad en general y el medio ambiente», informa Greenpeace.
Por ello, han elaborado un manifiesto conjunto con 12 propuestas de cambio y mejora que pasan por dejar de contribuir a la pobreza energética, con 265.175 cortes de luz por impago en 2015 y la nula promoción del bono social mientras su presidente cobra 26.027 € al día; dejar de producir energías nocivas para la salud y el medio ambiente, cerrando las centrales nucleares y de carbón y garantizando una generación 100% renovable antes de 2030; evaluar el impacto del cambio climático sobre sus activos fósiles y su efecto en sus accionistas, dando a estos voz y voto; desvinculación de la megapresa hidroeléctrica de Sao Luiz do Tapajós (Brasil) y otras que amenacen la selva y los pueblos indígenas de la Amazonia.
Asimismo, se pide a Iberdrola que renuncie a la defensa del impuesto al Sol, a su posición oligopólica -que perjudica al usuario y al mercado- y a las puertas giratorias en su Consejo, además de implementar medidas de ahorro y eficiencia energética y una cultura energética a través de campañas de formación e información junto con organizaciones independientes. Y, por último, que su comercializadora se adhiera al arbitraje de consumo (90 % de los arbitrajes presentados quedan fuera por ello).
La alianza está formada inicialmente por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), ANAE (Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética) y ARCE (Asociación Regional de Consumidores de Energía), Greenpeace España, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y SETEM MCM.
Las organizaciones, además de invitar a toda la ciudadanía y a otras organizaciones a apoyar el manifiesto, animan a sumarse a esta campaña y a denunciar en las redes sociales posibles abusos de esta empresa utilizando el ‘hashtag’ #IberdrolaNoMola.
Representantes de esta alianza han presentado el manifiesto este viernes en Bilbao, antes de intervenir en la Junta General de Accionistas de Iberdrola. Allí han calificado esta reunión como un ‘teatro’ donde las decisiones llegan aprobadas de antemano por el Consejo de Administración, que solo pretende disfrazar de democrática la imposición de unos abusos que comete en nombre de sus pequeños accionistas, que en la mayoría de los casos son consumidores ahorradores.
El último escándalo de Iberdrola, y que ha impulsado esta acción coordinada, justo ha sido la condena judicial por intentar “limitar injustificadamente la libertad de expresión” de sus pequeños accionistas y de ADICAEen la junta de 2015.
Se puede apoyar la petición de Greenpeace en:
