Activistas de Greenpeace han amordazado este 27 de febrero los leones que presiden la fachada del Congreso de los Diputados, en Madrid, como acto de protesta pacífica contra el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Asimismo, la organización ecologista ha presentado hoy en rueda de prensa el documento «No a la Ley Antiprotesta. Un análisis del anteproyecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana», donde expone los graves riesgos que conlleva este proyecto de ley para los derechos de libre expresión y de reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española.
Greenpeace demanda al Gobierno que desestime este anteproyecto y que siga las recomendaciones recibidas por parte de varios organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que le piden explícitamente que proteja el derecho de reunión y manifestación y de la libertad de expresión. La organización recuerda que, en democracia, los derechos fundamentales de libre expresión y reunión y manifestación, e incluso la desobediencia civil, son vías políticas legítimas para promover cambios y reformas sociales y ambientales.
1 de marzo: mordazas en la calle
Tras la actividad de esta mañana, Greenpeace anima a la ciudadanía a que individualmente y siempre de forma pacífica muestre su rechazo a la Ley Antiprotesta colocando mordazas, este sábado 1 de marzo, para exponer de forma simbólica el descontento de la sociedad. Voluntarios de Greenpeace se unirán a la iniciativa en más de veinte ciudades.
Para dar a conocer el contenido de las intenciones del Gobierno de forma lúdica y sencilla, Greenpeace puso en marcha un sitio web en la que cada persona pudo elegir dónde y cómo protestar y qué mensaje poner en su pancarta; y así conocer qué sanción tendría.
«El Gobierno, incapaz de resolver los problemas sociales y el creciente descontento de la ciudadanía, opta por la represión», ha señalado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. «Pretenden acabar con la presunción de inocencia evitando el control judicial previo, reduciendo así las garantías ciudadanas, para ahogar las voces discrepantes mediante cuantiosas multas».
Según el análisis realizado por Greenpeace, las reformas que los Ministerios de Justicia e Interior están llevando a cabo, que incluyen la ya aprobada Ley de Tasas y la reforma del Código Penal que se está discutiendo en el Congreso, son una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis del sistema actual.
De manera especial, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana está plagado de referencias a nuevas formas de expresión del descontento ciudadano (escraches, oposición a desahucios, grabación de la acción policial, acampadas…) incorpora infracciones que describen el tipo de actividades que Greenpeace suele utilizar en sus acciones pacíficas: escalamiento de edificios públicos (infracción grave), bautizada como «cláusula Greenpeace», o las manifestaciones no comunicadas «en infraestructuras críticas o en sus inmediaciones», como centrales nucleares (infracción grave).
Entre las conclusiones, Greenpeace ha resaltado las graves deficiencias del anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana:
- La vulneración de los derechos de libre expresión y reunión.
- El aumento de la indefensión debido a la ausencia de tutela judicial.
- La arbitrariedad de la ley.
- La inseguridad jurídica debido a la vaguedad e imprecisión del texto.
- La equiparación de la autoría de un delito con su convocatoria.
- El aumento de las sanciones y la desproporcionalidad del régimen sancionador.
- El regreso al listado de vagos y maleantes, con un Registro de Infractores.
«Con esta reforma legal, el Gobierno intenta infundir miedo en la ciudadanía para evitar más protestas. El Gobierno quiere una mayoría silenciosa», ha añadido Soto.
Enlace al vídeo rodado por Greenpeace en el Congreso
