Greenpeace ha hecho pública una petición al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para que en un gesto con su homólogo António Costa se comprometa a cerrar la instalación atómica de Almaraz (Cáceres, la más cercana a Portugal), cuya seguridad preocupa a la población del país vecino, y no se autorice la construcción de un almacén de residuos nucleares en el río Tajo.
Una serie de documentos confidenciales del Gobierno portugués, que Greenpeace ha podido ver, demuestran que el ejecutivo de Costa es consciente de que la información remitida por España no evalúa los riesgos de un posible accidente y dejan claro que el objetivo del almacén es ampliar la licencia de explotación de la central.
Según Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, la central nuclear de Almaraz tiene de plazo hasta la semana que viene para solicitar la ampliación de su licencia, pero el Gobierno se ha prestado a modificar la normativa para que las empresas propietarias puedan posponer este trámite, lo que incumpliría los plazos mínimos establecidos para ello por el Consejo de Seguridad Nuclear.
“El presidente Rajoy no puede ignorar el derecho de la sociedad española y de la portuguesa ante la decisión de ampliar la vida de las nucleares, en lugar de obedecer a las empresas eléctricas, porque las consecuencias de un posible accidente los pagarían las personas” ha declarado Raquel Montón, ante el comienzo de la XXIX cumbre ibérica entre los Gobiernos de España y de Portugal,.
La central de Almaraz se encuentra a escasos cien kilómetros de la frontera y esta planta es vista como un peligro para la seguridad y el medio ambiente de la ciudadanía portuguesa. El nuevo almacén de residuos permitiría a Almaraz prolongar su actividad después de cumplir los 40 años de vida operativa en 2020, cuando caduque su actual licencia de explotación.
Greenpeace recuerda que el derecho internacional permite que el Estado portugués sea escuchado en este tema, ya que el Convenio de Espoo permite a otro Estado exigir una evaluación del impacto medioambiental de proyecto transfronterizo y la participación pública. En concreto, existen ya precedentes de casos similares respecto a plantas nucleares en otros países.
La organización ecologista pide a ambos mandatarios que aprovechen en este encuentro para avanzar conjuntamente hacia un modelo energético peninsular 100% renovable, que beneficiaría tanto a la sociedad portuguesa como la española y repercutiría en la creación de empleo en ambos lados de la frontera.
