Ileana Alamilla[1]
Una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevó a cabo una visita a Guatemala, para conocer in situ los avances de los acuerdos suscritos con anterioridad, y de acuerdo con sindicalistas, no cumplidos por el Gobierno. Al finalizar la misión solicitó al Estado implementar un cronograma y una hoja de ruta para el cumplimiento de acciones que garanticen los derechos laborales, que incluyen el cumplimiento de las sentencias por delitos cometidos contra sindicalistas, agilizar la aprobación de leyes que permitan la libertad sindical y negociación colectiva y brindar mecanismos de seguridad para los trabajadores sindicalizados.
Este cronograma debe ser presentado durante la reunión del Consejo de Administración de la OIT, por celebrarse del 15 al 31 de octubre, en Suiza. De ese informe dependerá si la OIT considera activar una Comisión de Encuesta, otorgar una prórroga o buscar una solución ante las denuncias de violaciones laborales.
La Comisión de Encuesta es un proceso de investigación de alto nivel de la OIT, al que se recurre cuando un país es denunciado ante ese organismo por cometer violaciones graves y persistentes contra las libertades sindicales y laborales. Es un procedimiento drástico y extraordinario que pone en entredicho las capacidades de un Estado para garantizar derechos laborales.
Durante la visita, el sector patronal aseguró que hay avances, mientras que los sindicatos dicen que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos incluidos en el Memorándum de Entendimiento firmado en marzo pasado y piden que se instale la Comisión de Encuesta, que para algunos es el equivalente de la Cicig en materia laboral.
Por el momento estamos a prueba, ya que la Misión dejó recomendaciones para que, de forma tripartita, se mejoren aspectos de seguridad, de inspección y jurídicos. Guatemala se comprometió a elaborar una hoja de ruta para cumplir, que deberá incluir el acatamiento de los convenios de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva, la seguridad de los dirigentes sindicales, el combate de la impunidad en los delitos contra sindicalistas y agilizar la emisión de sentencias en materia laboral.
El ministro de Trabajo, rector en la materia, la tiene difícil, pues las tareas lo rebasan, ya que incumben no solo al Ejecutivo, a través de la Inspección General de Trabajo y Ministerio de Gobernación, sino que incluyen al Ministerio Público, al Organismo Judicial y hasta al Congreso.
Ni trabajadores ni empleadores quedaron muy conformes, los primeros confían en que se instalará la Comisión de Encuesta, mientras que a los segundos les preocupa tal situación, al grado de que el Cacif publicó un campo pagado en el que “reiteró su compromiso por fortalecer las capacidades de propuesta y participación tripartita, dentro de los mecanismos representativos y efectivos de diálogo social”, y también pidió esclarecer el origen de crímenes contra sindicalistas y emitir las condenas respectivas a los responsables.
Como país estamos en ascuas, gracias a la inveterada intransigencia de quienes irrespetan y violan derechos laborales.
Guatemala, 9 de octubre de 2013.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
