Ileana Alamilla[1]
En Guatemala las municipalidades, particularmente los alcaldes, están bajo los reflectores con demasiada frecuencia, y no siempre por las acciones que les corresponden como la primera referencia que tienen los pobladores para acudir a demandar sus derechos, sino por señalamientos preocupantes, como los que a continuación refiero.
Desde el inicio del año se supo de alcaldes que recibieron contratos después de tomar posesión; desde marzo, 11 jefes ediles y un concejal se quedaron en el cargo a pesar de que su elección fue anulada; señalamientos de ediles propietarios de empresas proveedoras del Estado; acusaciones de transferir fondos a sus cuentas o las de sus familias; informes de auditoría que vinculan a algunos alcaldes con malos manejos de cuentas; alcaldes y sus consejos señalados por supuestos actos de corrupción en obras no ejecutadas, tales los casos de Escuintla, Zacualpa y Oratorio; exalcaldes de Santa Rosa sindicados de lavado de dinero y otros activos.
Un jefe edil de Dolores, Petén, fue señalado de estar vinculado al lavado de dinero y otros activos. En ese mismo departamento fue asesinado un exalcalde de La Libertad, quien estaba siendo investigado por sospechas de estar vinculado con grupos criminales.
En Almolonga, Quetzaltenango, fueron ligados a proceso siete exfuncionarios ediles sindicados de peculado e incumplimiento de deberes; y recientemente la Contraloría de Cuentas ha informado sobre las 20 comunas que de 2012 a 2015 reportan más reparos, entre las que sobresalen las de Quetzaltenango, Villa Nueva, Mixco y Antigua.
El procurador de Derechos Humanos señala en sus informes a las municipalidades de ser los entes obligados a dar información que más incumplen con la ley respectiva y los periodistas señalan en muchos casos a los alcaldes de agresiones en su contra.
Toda la información anteriormente referida nos debe llevar a reflexionar sobre una contradicción cuya existencia es innegable, entre una visión democrática y una realidad porfiadamente diferente. El centralismo es funcional al autoritarismo. La descentralización desarrolla la democracia. Fortalecer los poderes locales, considerar fundamental la dimensión territorial en el actuar del Estado, son elementos básicos de aceptación general, para quienes aspiramos a tener estados democráticos de Derecho.
Pero, sin menoscabo de aceptar que en medio de un raquitismo estatal es controversial pretender la descentralización de lo inexistente, las condiciones prevalecientes en los poderes locales deben llevarnos a considerar las limitaciones que predominan para que su fortalecimiento efectivamente signifique, automáticamente, un avance sustancial de la democracia.
Hay muchas cosas que deben tomarse en cuenta en relación a este tema, tales como el rol del crimen organizado a nivel territorial y local, principalmente en determinadas áreas que resultan necesarias para el tránsito de drogas y otros delitos; la corrupción que se expresa en muchos alcaldes y sus corporaciones; el caciquismo que avasalla a esas poblaciones; la prepotencia que desafortunadamente se manifiesta en la conducta de muchas autoridades locales; y otras más que sería prolijo enumerar.
Estas consideraciones no pretenden cuestionar, de manera alguna las virtudes democráticas de la descentralización como efectivo traspaso de poder político. Son solo llamadas de atención para que aquellos que defienden este axioma democrático también comprendan las batallas que deben darse para que, paralelamente a la reivindicación e impulso de la descentralización, se promueva con igual ahínco la lucha por sanear los poderes locales. No hacerlo sería contraproducente.
PD: mil gracias a la Cámara Guatemalteca de Periodismo por el pergamino que me entregaron, y a los Cronistas Deportivos Guatemaltecos por declararme la Periodista del Año 2016.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
