Ileana Alamilla[1]
Estar vivo y sano en un país como el nuestro es un privilegio que a veces no se aprecia, pero los que deben deambular de un dispensario a un centro de Salud o a un hospital saben bien que es así. A quienes les han arrebatado la vida de un ser amado también lo comprenden.
Aquí vivimos en varios países al mismo tiempo, dése una vuelta por La Cañada y otra por las áreas marginales y tendrá una ligera idea. Si quiere más pruebas, vaya a las aldeas y caseríos, si es que no desiste en el intento, cuando vea que hay que caminar “un poquito a pie y otro caminando”.
Pero hay otras desigualdades que afectan a seres humanos que están presos, la mayoría de veces no por el delito cometido, sino por ser pobres. Este sistema le debe a la gente mucha justicia, de esa que dicen que ha avanzado tanto.
En agosto del año pasado se reportó que había un 55 % de detenidos sin condena firme. En la mayoría de los casos sus procesos siguen en investigación o esperan un nuevo debate. Esas personas son inocentes, por lo menos así dice la Constitución Política de la República; sin embargo, están viviendo en condiciones deplorables, hacinados, compartiendo con toda calaña de delincuentes ya condenados, o sea que ya fueron juzgados y se les encontró culpables de algún delito.
En ese mes, según registros del Sistema Penitenciario, había 16.336 reclusos, de los que 8226 estaban en prisión preventiva y 8129 condenados, cifras que son rebatidas por otras autoridades, según publicación de este medio. Se conoció también un severo incremento del hacinamiento de reos, juntos “inocentes y culpables”.
De rehabilitación, ni hablar. ¿Y de justicia? Tampoco, sobre todo si en muchas ocasiones pasan más tiempo detenidos que el que les correspondería purgar por el delito cometido. Hay casos que deben esperar entre 8 y 12 meses para que se produzca un nuevo debate si la sentencia fue anulada o el juicio debe repetirse. Y la cuenta empieza una y otra vez, y eso que tienen el auxilio de los defensores públicos, quienes gozan de buena reputación, pero seguramente no se dan abasto con tanto proceso. Los jueces tampoco.
En enero de este año otro trabajo periodístico informó que de 16948 detenidos, 1518 son mujeres, 615 cumpliendo la pena y 903 en detención preventiva. Hay 15 mujeres embarazadas y 90 niños de 0 a 4 años que viven con sus madres, tras las rejas.
Estos pequeños, además de que no es el lugar para desarrollarse, no tienen acceso a educación, ni a salud y algunos ni siquiera existen, porque no han sido inscritos en el Registro Nacional de las Personas (Renap), según informó el Colectivo Artesana, que trabaja con las mujeres privadas de libertad. Otros niños cuyas madres están detenidas viven con sus abuelas maternas.
Según el estudio presentado, tres de cada 10 niños en esta situación reciben tratos discriminatorios en las escuelas, en las calles o en los lugares donde viven. Se imaginan el sentimiento de esos pequeños que, además de la ausencia de la madre, tienen un enorme caudal de angustia por hechos que ni siquiera entienden.
Es una cadena de violaciones a derechos humanos lo que se produce en el sistema de justicia y el sistema carcelario. Los guardias también son víctimas del mismo. No son debidamente remunerados, están siempre expuestos y son personas que no han tenido oportunidades.
¿Dónde radica la verdadera responsabilidad por todas estas perversidades que en la mayoría de los casos no es de los reos, de las privadas de libertad, ni de los custodios? Los sacrificados son los niños(as).
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
