La cumbre mundial sobre vivienda sostenible y los foros alternativos realizados por las organizaciones sociales cerraron sus sesiones en la capital de Ecuador con visiones contrapuestas sobre el devenir de las urbes y el cumplimiento de derechos en esos espacios, informa Emilio Godoy (IPS) desde Quito.
Representantes de 195 Estados presentes en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) adoptaron el jueves 20 la «Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos sostenibles para todos», tras cuatro días de deliberaciones.
La base de la declaración, conocida también como la Nueva Agenda Urbana, es la promoción del desarrollo urbano sostenible, prosperidad inclusiva, planeación y gestión del desarrollo espacial.
En ese documento de 23 páginas, las partes se comprometen a combatir la pobreza, la desigualdad y la discriminación; mejorar la planificación urbana; y construir metrópolis resilientes al cambio climático.
Por otra parte, académicos y movimientos sociales plasmaron sus concepciones sobre el desarrollo social y los entornos urbano y rural en dos foros alternativos que también se desarrollaron entre el lunes 17 y el jueves 20, con críticas al modelo de construcción de Hábitat III y cuestionamientos sobre su aplicabilidad.
«Si uno ve la Nueva Agenda Urbana como la construcción de la cooperación internacional, acordada por los países y ejecutada por los municipios, que no han participado en su elaboración, va a caminar a una crisis, porque va a haber un desencuentro», analizó para IPS el ecuatoriano Fernando Carrión, coordinador general del foro «Hacia un Hábitat 3 Alternativo» .
En ese foro alternativo, celebrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), unos 140 expositores de 32 naciones y 40 organizaciones de la región discutieron sobre el derecho a la ciudad, conjunto de derechos en el ámbito urbano; diálogo con gobiernos locales y movimientos sociales; vivienda y justicia espacial, término similar al derecho a la ciudad.
Hábitat III, la cumbre urbana organizada por ONU Hábitat cada década, y a la que asistieron unos 35 000 delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, universidades y empresas, desembocó en la guía para la actuación política en materia de asentamientos los próximos veinte años.
Fuera de Estados Unidos y Europa, América Latina y el Caribe es la zona más urbanizada del planeta, pues 80 por ciento de su población total de 641 millones de personas habita en urbes.
Al menos 104 millones de latinoamericanos residen en asentamientos informales, mientras gen el mundo unos 2.500 millones moran en esas condiciones, según datos de ONU Hábitat.
Ese fenómeno supone un desafío en regularización de títulos de propiedad y dotación de servicios básicos, y se suma al menú de problemas como contaminación, tráfico creciente, crecimiento desordenado y desigualdad que azota a las metrópolis.
«Necesitamos repensar cómo reorganizar la ciudad. Tenemos que organizarnos y movilizarnos. Vamos a evaluar el cumplimiento de gobiernos nacionales y locales. Estos son vitales, porque de ellos dependerá el cumplimiento de muchas cosas», dijo a IPS la académica Allison Brown, de la británica Universidad de Cardiff.
La Declaración de Quito concitó críticas por algunos de sus contenidos y una de las inquietudes centrales surgidas en los debates es el definido como «post-Quito», el destino de los compromisos asumidos por los Estados y por organizaciones sociales.
Los acuerdos de Hábitat III «no pueden producir la reforma urbana que necesitamos, como el acceso integral al suelo con servicios. Eso se logra con lucha. La participación política local es la que produce espacios para presionar por la reforma urbana», sostuvo a IPS la brasileña Isabella Goncalves, de las Brigadas Populares.
La activista asistió al foro social «Resistencia a Hábitat III», que movilizó entre los días 14 y 20 del mes a delegados de 100 organizaciones sociales de 35 naciones para abordar asuntos como el rechazo a los desalojos, promover la vivienda social y defender el derecho a la ciudad.
En su declaración final, el foro social llamó a fortalecer los movimientos que defienden la tierra y el territorio, demandó el derecho universal a la vivienda y cuestionó Hábitat III por impulsar la urbanización, en detrimento de las áreas rurales y sus pobladores.
Por su parte, la no gubernamental Coalición Internacional para el Hábitat criticó «la visión estrecha» de la Nueva Agenda Urbana, lamentó que Hábitat III olvidara la protección y remediación de los desalojos forzados, combatir la carencia de vivienda y alcanzar el derecho a esta última.
Además, pidió a los Estados «regular las transacciones financieras globales, acabar o limitar los instrumentos financieros especulativos opacos, combatir la especulación inmobiliaria, regular las rentas, mejorar la tenencia social, producción y, financiamientos de vivienda y el hábitat y prevenir la privatización del espacio público».
Los académicos y movimientos sociales no quieren repetir lo sucedido en el post-Hábitat II, realizada en Estambul en 1996, cuya aplicación careció de monitoreo y evaluación.
Por ello, los convocantes de «Hacia un Hábitat 3 Alternativo» pactaron la creación de un observatorio para monitorear las decisiones tomadas, reuniones bianuales y la difusión de los resultados de la investigación y el seguimiento de la marcha de las urbes.
La Declaración de Quito menciona revisiones periódicas y llama al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas a incluir una evaluación sobre los avances y desafíos en su reporte cuatrienal en 2026.
El periodo transcurrido entre la cumbre de Estambul y la que acaba de clausurarse en Quito sirve de muestra de lo que puede ocurrir con la Nueva Agenda Urbana.
El Índice de Cumplimiento de Hábitat, producto del Proyecto Global de Futuros Urbanos, presentado en Hábitat III, indica el poco avance suscitado desde 1996.
Entre 1976, cuando se realizó Hábitat I en Vancouver y la celebración de Hábitat II, el promedio global de cumplimiento fue de 68,68, indica el proyecto, un esfuerzo conjunto de universidades y organismos no gubernamentales radicado en la New School University en Nueva York y que se basa en indicadores de capacidad institucional, género, infraestructura residencial, pobreza, empleo y sostenibilidad.
Pero desde la cumbre de 1996 en Estambul hasta la de Quito, el cumplimiento solo avanzó 1,49 puntos. América Latina y el Sudeste Asiático elevaron sus puntuaciones. Mientras África subsahariana y del norte experimentaron cifras extremas de adelanto y estancamiento y China e India no mejoraron su posición.
En cuanto a los temas, en aspectos como equidad de género se registró un fuerte avance, infraestructura, pobreza y sostenibilidad progresaron moderadamente.
«No se logró incluir un monitoreo ciudadano ni un comité asesor de la Nueva Agenda Urbana. Por eso, vamos a crear un mecanismo de seguimiento. Son necesarios compromisos concretos» dentro de la agenda, planteó a IPS el salvadoreño Luis Bonilla, director operativo de TECHO Internacional.
Para Carrión, catedrático de Flacso y coordinador de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, «se ha concitado la atención de muchas organizaciones y ahora vemos qué se puede hacer a futuro». Quito fue entonces, para los movimientos sociales, el comienzo del camino.
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicado inicialmente en IPS Noticias
