Ileana Alamilla[1]
Parece que en muchas partes del mundo hay una plaga que impone censura y autocensura a la sociedad, especialmente a los y las periodistas. En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Unesco escogió como lema “Hablar sin riesgo: por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios”, pero hace un énfasis especial en la seguridad de los periodistas y en el combate de la impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión.
Cifras de la Unesco reportan que de los 600 asesinatos contra periodistas registrados en los últimos 10 años a nivel mundial, el 69% ocurrió en Medio Oriente y Asia Pacífico, mientras que un 19%, en América Latina, la segunda región más violenta para la prensa. En Guatemala, del 2007 a la fecha, 14 periodistas han sido asesinados; solo en un caso hay sentencia. Este año, dos profesionales de la información perdieron la vida de manera violenta en el departamento de Jutiapa.
A pesar de que el crimen organizado y la narcoactividad son los agentes más peligrosos para el ejercicio periodístico y se han erigido como los nuevos censores de la libertad de expresión, las agresiones contra la prensa provienen mayoritariamente de funcionarios de gobierno, autoridades y ciudadanos(as). Una de las razones es que, desde lo local, los temas riesgosos son poco abordados, debido al alto grado de peligrosidad que implica hablar de quienes se encuentran cercanos.
Durante el 2012, el Observatorio de los Periodistas de Cerigua reportó 36 agresiones en contra de la libertad de expresión y de prensa, la mayoría sucedió en la capital. En ese período no se reportó ningún asesinato, mientras que en lo que va del año se han registrado 10 casos de violencia en contra de la prensa, dos colegas fueron asesinados.
De acuerdo con la clasificación mundial 2013 de Reporteros sin Fronteras, que mide la libertad de expresión, Guatemala ocupa el puesto 95 de 179 países examinados. La Relatoría para la Libertad de Expresión, en su informe anual, recomendó adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras, y medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran en riesgo por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 47 miembros, aprobó por primera vez, el 21 de septiembre de 2012, una resolución sobre la importancia de la seguridad de los periodistas, elemento fundamental de la libertad de expresión. En mayo de ese año, y después de un cabildeo realizado por Cerigua con el acompañamiento de Unesco, el Gobierno de Guatemala anunció que adoptaría un Programa de Protección a Periodistas, ofrecimiento que fue reiterado durante el Examen Periódico Universal en Ginebra por medio del licenciado Antonio Arenales Forno, quien presidió la delegación oficial, sin que a la fecha se haya materializado en ningún avance, a pesar de que el Presidente tiene en su despacho un documento propuesta con algunos puntos mínimos para honrar su compromiso y convertir a Guatemala en el tercer país de contar con ese mecanismo.
La Federación Departamental de Periodistas, en formación, integrada por ocho entidades de prensa, ha demandado públicamente al presidente Otto Pérez honrar su palabra y dar inicio a ese mecanismo preventivo que saldría al paso a hechos de violencia de carácter irreversible contra la prensa, iniciativa que está dentro de la propuesta del Plan de Acción de la ONU sobre seguridad de periodistas.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
