El hostigamiento y los ataques por homofobia en todo el África subsahariana son cada vez más visibles, lo que indica que se están alcanzando niveles peligrosos de homofobia; afirma Amnistía Internacional en un informe en el que documenta la discriminación sufrida por personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en todo el continente.
En Making Love a Crime: Criminalization of same-sex conduct in sub-Saharan Africa, la organización examina la progresiva penalización de los “actos homosexuales” en toda África, donde diversos gobiernos intentan que se dicten penas draconianas o ampliar el alcance de la legislación vigente, incluso con la introducción de la pena de muerte.
“Se tienen que parar estos ataques, que en ocasiones son mortales. No se puede matar o maltratar a alguien por causa de la persona por la que sienten atracción o con la que se relacionan íntimamente”, ha señalado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“En demasiados casos, políticos o dirigentes religiosos clave que deberían aprovechar su posición para combatir la discriminación y promover la igualdad han avivado estos ataques contra individuos o grupos”. La homosexualidad, que a menudo se define como “actos carnales contra natura” o “actos contrarios al orden natural”, es delito actualmente en 38 países del África subsahariana.
En los últimos cinco años, tanto Sudán del Sur como Burundi han aprobado legislación que castiga la relación sexual entre personas del mismo sexo. En Uganda, Liberia y Nigeria están pendientes ante el Parlamento sendos proyectos de ley dirigidos a aumentar las penas existentes.
En el informe se examina el estado actual de la legislación al respecto en todo el continente y cómo afecta negativamente a la vida de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en África. Personas entrevistadas por Amnistía Internacional hablaron de su lucha diaria para superar la discriminación y las amenazas. En el informe se abordan casos específicos de Uganda, Kenia, Sudáfrica y Camerún.
En Camerún se detiene por sistema a las personas que han sido denunciadas a las autoridades por ser gays o lesbianas, basándose en su aspecto o en suposiciones y no en pruebas. Algunas personas acusadas de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo han permanecido tres años en prisión sin cargos ni juicio.
Personas que habían estado detenidas en Camerún contaron a Amnistía Internacional que las habían golpeado y sometido a procedimientos invasivos –como exploraciones anales forzadas– bajo custodia. Hasta en países donde la legislación que penaliza a estas personas no se aplica, sólo el hecho de que exista posibilita que la policía o ciudadanos corrientes cometan chantaje, extorsión u otros abusos.
En Kenia, algunas personas contaron a Amnistía Internacional que la policía, con el fin de aceptar un soborno, las amenaza ocasionalmente con su detención en aplicación de las disposiciones del Código Penal sobre relaciones con personas del mismo sexo. Los extorsionadores se aprovechan además de que existe esta legislación para exigir dinero o bienes a cambio de no revelar datos privados –reales y hasta inventados– a los medios de comunicación, a la comunidad o a la policía.
“La existencia misma de una legislación que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, con independencia de que se haga cumplir o no, transmite el venenoso mensaje de que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales son delincuentes y no tienen derechos”, ha afirmado Widney Brown.
“Es preciso que se derogue esta nociva legislación y que se respeten y hagan respetar los derechos humanos de toda la población africana”.
La oposición política y religiosa a los derechos de la comunidad LGBTI se está haciendo más visible y notoria. En algunos países africanos, los dirigentes políticos centran su actividad en asuntos relacionados con la orientación sexual para desviar la atención de su historial general en materia de derechos humanos, que suele caracterizarse por la práctica desenfrenada de la discriminación y la violencia contra las mujeres, la corrupción y la falta de libertad de los medios de comunicación.
En Uganda, el proyecto de ley contra la homosexualidad tan publicitado sigue acechando a la comunidad LGBTI. Desde 2009 se ha presentado varias veces ante el Parlamento, casi siempre coincidiendo con periodos de malestar generalizado por la subida del combustible y los precios de los alimentos. El proyecto de ley persigue imponer la pena de muerte en los casos de homosexualidad “con agravantes” y penalizar a todo ciudadano que no denuncie la violación de las amplias disposiciones del proyecto.
Los mandatarios políticos y religiosos africanos suelen atribuir los “actos homosexuales” a la influencia occidental y los consideran ajenos a la cultura africana. Pero la mayoría de las leyes que penalizan la actividad sexual con personas del mismo sexo en África son herencia directa del colonialismo, y el derecho a la libertad de religión hace posible que en países occidentales como Estados Unidos se financie y promueva activamente la homofobia en África.
En muchos casos, los medios de comunicación también provocan y exacerban la hostilidad hacia las personas que no se ajustan a los cánones heterosexuales, poniendo en situación de riesgo a estas personas. En 2010 se publicó en Uganda una fotografía del activista de los derechos LGBTI David Kato en la portada de la revista Rolling Stone junto a un titular que decía: “Colgadlos”. Sólo un mes después, lo mataron en su casa.
En Sudáfrica, Amnistía Internacional ha documentado un número persistentemente elevado de violaciones y asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI, a pesar de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no están penalizadas y de que el país presume de tener una de las Constituciones más progresistas del mundo, que incluye la promoción de los derechos del colectivo LGBTI.
Entre junio y noviembre de 2012, al menos siete personas, entre ellas cinco lesbianas, fueron asesinadas en lo que pareció un ataque selectivo relacionado con su orientación sexual o su identidad de género.
“Ya es hora de que los Estados africanos dejen de demonizar a las personas por su orientación sexual y su identidad de género. Los derechos humanos tratan de la dignidad y la igualdad de todas las personas”, ha afirmado Widney Brown.
“Ante ese coro de voces en favor del reconocimiento que resuena cada vez con más fuerza, los Estados africanos deben dejar de negar que la homofobia es una cuestión de derechos humanos y reconocer que los derechos de la comunidad LGBTI son parte integrante de la lucha general por los derechos humanos. La responsabilidad de los Estados es proteger, no perseguir”.
